El contrato, gestionado por el Ministerio del Interior bajo la dirección de Fernando Grande-Marlaska, había generado una fuerte polémica interna y pública. Marlaska defendió la continuidad del acuerdo por razones económicas, alegando que su anulación supondría pagar el importe íntegro sin recibir el material necesario para la Guardia Civil. Sin embargo, Sánchez priorizó el coste político y reputacional, dada la postura del Gobierno español en defensa de la causa palestina y su reciente participación en una denuncia contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, en el Tribunal de La Haya.

La presión de Yolanda Díaz fue constante desde que la noticia, adelantada por la Cadena SER, reveló que el contrato se había tramitado durante la Semana Santa, sin el conocimiento de Sumar ni de la cúpula de La Moncloa. Díaz calificó el acuerdo como una «vulneración flagrante» de los compromisos del Gobierno y de la legalidad internacional, exigiendo su inmediata anulación. IU, socio de Sumar, había advertido de la posibilidad de romper la coalición si no se rectificaba.

Presiones internas en Sumar

Finalmente, La Moncloa zanjó la crisis con una declaración contundente: «Tras agotar todas las vías negociadoras, se ha decidido rescindir unilateralmente el contrato», asegurando además que no se autorizará ninguna importación de material militar de doble uso procedente de Israel mientras persista el conflicto en Gaza. Esta decisión se alinea con el compromiso del Ejecutivo de no comerciar armamento con Israel desde el 7 de octubre de 2023.

La crisis dejó políticamente debilitado a Grande-Marlaska, mientras que la izquierda del PSOE sigue mostrando descontento. Podemos, por su parte, mantiene la presión sobre Sumar, denunciando otros contratos militares vigentes con Israel y criticando el aumento del gasto en defensa aprobado recientemente por el Consejo de Ministros. La eurodiputada Irene Montero ha reiterado el rechazo de su partido al incremento del gasto militar hasta el 2% del PIB, acusando al Gobierno de comprometer el bienestar de la ciudadanía.

Aunque la rescisión del contrato de munición ha aliviado la tensión en la coalición, persisten las discrepancias sobre la política de defensa. La mesa de partidos de Sumar ha acordado establecer mecanismos para evitar decisiones unilaterales en el Ejecutivo, buscando fortalecer la coordinación interna en un contexto político especialmente delicado.

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El resultado de las elecciones europeas ha abierto una crisis en Sumar, evidenciando que el proyecto político se desinflaba y que el liderazgo de Yolanda Díaz se resquebrajaba. El socio minoritario del Gobierno de coalición ha retrocedido del 12,3% en las elecciones generales al 4,6% en el 9-J, mientras que Podemos se ha acercado con un 3,2%. Así, el espacio de la izquierda alternativa no llega ni siquiera al 8%.

Sumar obtuvo una victoria pírrica frente a la candidatura de Irene Montero, empatando en votos y escaños con el partido antisistema de Alvise, lo que ha debilitado la posición del proyecto y de Díaz en el Gobierno como vicepresidenta segunda. Díaz pedía «más fuerza» en la campaña, pero ha salido debilitada, asumiendo «responsabilidades» con la drástica decisión de renunciar a su cargo orgánico como «coordinadora de Sumar». «La ciudadanía ha hablado y yo voy a hacerme cargo», justificó Díaz.

La Ejecutiva de Sumar celebró una larga reunión este lunes, tras la apertura de un tiempo para «reflexionar» de manera «sosegada» sobre la construcción del partido y su papel dentro del Gobierno. La primera consecuencia es la marcha de Díaz, pero no será la última, ya que los partidos que forman parte de la alianza están muy enfadados y exigen cambios drásticos en el funcionamiento y una mayor participación en la toma de decisiones, respetando sus zonas de influencia y «arraigo territorial».

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La estrategia de Junts, según un comunicado oficial, se basó en un compromiso del PSOE para transferir competencias en inmigración a Cataluña, la publicación inmediata de las balanzas fiscales, y la eliminación de un artículo que, según ellos, ponía en peligro la ley de amnistía. A cambio, Junts obtuvo concesiones significativas, incluyendo el IVA del aceite al 0%, una reforma de la ley de sociedades de capital, y un aumento considerable en el presupuesto para la digitalización de la justicia.

En contraste, Podemos consumó un golpe político al votar en contra del aumento del subsidio de desempleo propuesto por Yolanda Díaz. Esta decisión reflejó la tensión existente entre Sumar y Podemos desde la no asignación de ministerios a los de Belarra. Díaz calificó la acción de Podemos como «una gravísima irresponsabilidad» y acusó al partido de votar con la derecha y la extrema derecha.

Jornada de incertidumbre

La jornada estuvo llena de giros inesperados, incluyendo un empate en una de las votaciones debido a un error de un diputado de Sumar, pero finalmente, con el voto de Junts, se logró la aprobación de dos de los tres decretos gubernamentales de Sánchez. A pesar de los desafíos, Sánchez se mostró satisfecho y criticó al PP por votar en contra de medidas que beneficiaban a los pensionistas.

Sin embargo, la jornada dejó heridas en la mayoría parlamentaria, especialmente entre Sumar y Podemos, y generó desconfianza entre el PSOE y Junts. Algunos miembros del Gobierno consideran que este día puede marcar un antes y un después en la legislatura, instando a repensar estrategias para evitar un constante enfrentamiento en cada votación. La complejidad política del momento parece haber resquebrajado la aparente estabilidad de la mayoría progresista.

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El propio Sánchez ha descrito su gabinete como «un Gobierno de marcado perfil político para una legislatura de marcado perfil político». Esta decisión refleja una estrategia de enfocarse internamente en el partido, en un esfuerzo por consolidar el Ejecutivo ante desafíos significativos como la ley de amnistía y el pacto con los independentistas catalanes.

Perfiles políticos y continuistas

Destacan en este nuevo gobierno figuras como Félix Bolaños, quien asciende a un papel central como superministro de Presidencia y Justicia, y María Jesús Montero, que no solo mantiene su posición en Hacienda sino que también se eleva a vicepresidenta cuarta. Pilar Alegría también se fortalece, sumando Deportes a su cartera de Educación y asumiendo el rol de portavoz del Gobierno.

Este gabinete continuista mantiene a 13 de los ministros de la anterior legislatura, seis de los cuales han estado desde el primer gobierno de Sánchez en 2018. Entre ellos, nombres como Nadia Calviño (Economía) y Teresa Ribera (Transición Ecológica) mantienen su posición. Una incorporación notable es Ana Redondo como ministra de Igualdad, marcando un cambio en esta cartera tras la gestión de Irene Montero.

El enfoque territorial también se hace presente con la inclusión de Ángel Víctor Torres, ex-presidente de Canarias, como ministro de Política Territorial y Memoria Democrática. Además, la confianza en perfiles políticos se refleja en la elección de Elma Saiz como ministra de Seguridad Social, Inclusión y Políticas Migratorias, y Óscar Puente, exalcalde de Valladolid, como ministro de Transportes.

Ministros de Sumar

Por otro lado, los cinco ministros de Sumar, aunque alejados de Podemos, muestran un enfoque ideológico y mediático similar, preparados para enfrentarse dialécticamente a la oposición. Entre ellos, figuras como Mónica García y Ernest Urtasun traen nuevos perfiles al gabinete.

La salida de Nadia Calviño, en caso de ser elegida presidenta del Banco Europeo de Inversiones, podría marcar una reconfiguración importante en el área económica del gobierno. Este movimiento, junto con la exclusión de Podemos, podría significar una dinámica más tranquila dentro de la coalición gubernamental, aunque las tensiones internas permanecen como un desafío latente.

Con cuatro vicepresidencias y 22 ministerios, el nuevo gobierno de Pedro Sánchez se presenta como una apuesta por la continuidad y la fortaleza política del PSOE, preparándose para enfrentar una legislatura que promete ser tanto compleja como decisiva para el futuro político de España.

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El aspecto más destacado del acuerdo entre Sánchez y la líder de Sumar, Yolanda Díaz, es la reducción de la jornada laboral de 40 a 37,5 horas semanales, sin una disminución salarial. Ambos partidos llevaron a cabo una ardua negociación para desarrollar esta iniciativa, con el propósito de mejorar la calidad de vida de más de 12 millones de empleados tanto en el sector privado como en el sector público. Además de este cambio revolucionario, el acuerdo también incluye una serie de medidas sociales y económicas de gran alcance.

Reformas fiscales

Entre las cláusulas acordadas se encuentran reformas fiscales que implican impuestos específicos para la banca y las grandes empresas energéticas, así como la ampliación del parque público de viviendas. Además, se prevé una reforma en los permisos retribuidos por nacimiento, con la gradual ampliación de estas licencias a lo largo de la legislatura hasta alcanzar las 20 semanas.

El compromiso ambiental también ocupa un lugar destacado en el acuerdo, con la promesa de revisar los objetivos de la Ley de Cambio Climático para hacer que España reduzca un 55% de sus emisiones en 2030 y alcance un 48% de energía renovable en el uso final de la energía para ese mismo año. Otras medidas ambientales incluyen la reducción de los vuelos peninsulares que cuenten con una alternativa ferroviaria de menos de dos horas y media, sujeto a excepciones específicas.

El pacto aborda además una serie de iniciativas en el ámbito social, como la implementación de un plan de choque contra el desempleo juvenil, la universalización de la educación de 0 a 3 años y la derogación de la controvertida «Ley Mordaza», que ha sido una demanda clave de los sectores progresistas en España.

Aplauso de sindicatos y rechazo de la patronal

Los sindicatos UGT y CC OO han recibido la firma del acuerdo entre PSOE y Sumar con aplausos y elogios. Sin embargo, la patronal ha expresado su desacuerdo con ciertos aspectos del pacto, especialmente con la reducción de la jornada laboral. Mientras tanto, el partido Podemos, que no estuvo presente en la presentación del acuerdo, aún no ha expresado su posición sobre este pacto.

El proceso de investidura de Pedro Sánchez se espera en las próximas semanas, sujeto a la aprobación de todos los aliados de la mayoría, incluidos PNV, EH Bildu y posiblemente Coalición Canaria. No obstante, la atención se centra en las complejas negociaciones con ERC y Junts, en torno a la delicada cuestión de la amnistía para los encausados del procés. Se espera que el comité federal del PSOE apruebe la consulta a las bases sobre el pacto de coalición, un paso crucial hacia la formación de un gobierno sólido y estable en el país.

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En la comunicación conjunta, Díaz y Puigdemont subrayaron su convicción de que «los problemas políticos deben volver a los cauces políticos» y enfatizaron la necesidad de encontrar soluciones basadas en el diálogo. Este encuentro se produce a tan solo 24 horas de que Puigdemont anuncie en Bruselas las condiciones para abrir negociaciones sobre la investidura del líder socialista, Pedro Sánchez.

El encuentro ha sido considerado «fructífero» por ambas partes, que expresaron su deseo de establecer una relación normalizada y estable entre sus formaciones políticas. No obstante, la Moncloa se desmarcó del evento y aclaró que Yolanda Díaz asistió en nombre de Sumar y no del PSOE.

Carles Puigdemont comentó en redes sociales que dialogar y mantener relaciones políticas entre formaciones de diferentes ideologías no debería ser sorprendente ni excepcional. Este encuentro representa el primero de carácter público entre un miembro del gobierno español y el líder de Junts desde que Puigdemont se trasladó a Bélgica en 2017 tras la declaración de independencia.

Las condiciones de Junts para la investidura

El expresidente independentista tiene previsto plantear sus condiciones para abrir negociaciones en un acto en la Eurocámara, donde su partido, Junts, reclama como primer paso una amnistía sobre las causas vinculadas al proceso independentista.

El Partido Popular (PP) ha cargado contra la reunión, con la número dos del partido, Cuca Gamarra, censurando el evento y cuestionando el compromiso de Yolanda Díaz. Por su parte, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, calificó el encuentro de «indigno». Santiago Abascal, líder de Vox, lo consideró «extremadamente grave», argumentando que el gobierno español estaba sentado con un prófugo de la justicia.

En Cataluña, las reacciones al encuentro fueron mixtas. Desde En Comú Podem, integrados en la formación de Yolanda Díaz, se justificó la reunión como un paso necesario para lograr un Gobierno progresista y plurinacional en España. Sin embargo, el PSC marcó distancias y aseguró que la reunión «no compromete para nada al PSC ni a los socialistas».

El encuentro entre Yolanda Díaz y Carles Puigdemont plantea nuevas incógnitas sobre el futuro político en España y la búsqueda de soluciones al conflicto en Cataluña. Mientras tanto, desde algunos medios ya deslizan que el PSOE podría seguir el mismo camino para llevar a cabo una interlocución Puigdemont en Bruselas.

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Tras el enfrentamiento previo entre Sánchez y Feijóo, así como el sucesivo debate a siete con los portavoces parlamentarios celebrados la semana pasada, la noche del debate final en RTVE estuvo cargada de momento de dureza verbal, especialmente en los intercambios entre Díaz y Abascal. Sin embargo, estas tensiones se verbalizaron de una manera mucho más sosegada y con menos interrupciones que el cara a cara de la semana pasada.

Sánchez, actual presidente, y su vicepresidenta Díaz, proyectaron su propósito de continuar su alianza política de izquierdas, centrando sus críticas en el ausente Feijóo y en Abascal, quien se erigió como portavoz de la derecha. Abascal fue el encargado de abrir el debate, iniciándolo con acusaciones de mentiras y manipulaciones hacia sus contrincantes. Pero estos ataques no se tradujeron en un tono elevado de confrontación.

Violencia machista, punto de fricción

En cambio, fue Díaz quien tomó una actitud más combativa y desafiante frente a Abascal. La violencia contra las mujeres fue uno de los temas que produjo los momentos más controvertidos del debate. Abascal criticó enérgicamente la ley del solo sí es sí y la ley trans. Díaz, por su parte, no tardó en contraatacar con acusaciones y demandas de disculpas al líder de Vox.

El atril ausente de Feijóo

Sánchez y Díaz no perdieron oportunidad para señalar la silla vacía de Feijóo. El presidente enfatizó que el líder del PP se ausentó por temor a hacerse responsable de sus afirmaciones anteriores y por vergüenza de compartir escenario con Abascal. Díaz prometió que sería «la última vez que un candidato se ausente de un debate» y afirmó que promoverá una reforma para hacer la asistencia obligatoria a estas citas televisivas.

Diferencias entre Sánchez y Díaz

Pese a que los cruces entre la dupla Sánchez-Díaz y Abascal destacaron notablemente en el transcurso del debate final de RTVE, los dos candidatos progresistas también escenificaron algunas diferencias. La rivalidad entre la izquierda y la extrema derecha estuvo latente durante toda la noche, pero las discrepancias se mantuvieron dentro de un tono amable.

Asimismo, Sánchez y Díaz destacaron la intención de repetir su acuerdo y cooperación, incluso a pesar de las diferencias en temas como la vivienda o la edad de jubilación, puntualizadas en algunos momentos por la candidata de Sumar. Pese a ello, las diferencias se diluyeron de forma amable con los continuos tuteos y gestos que los dos candidatos progresistas no dudaron en mostrar a la audiencia.

La asertividad de la coalición progresista frente a las dudas del pacto conservador.

Al cierre del debate, Feijóo fue tanto el ausente como el presente. Aunque no participó físicamente, su presencia simbólica fue un tema recurrente en las intervenciones de los líderes de la izquierda, mientras que Abascal apenas se refirió al PP. La coalición entre PSOE y Sumar está garantizada si los números dan para reeditar el gobierno de coalición. Sin embargo, el pacto entre PP y Vox todavía suscita algunas dudas. Pese a haber consumo múltiples acuerdos a nivel autonómico, todavía no queda claro qué ocurrirá en el caso de que el resultado de las elecciones generales 23-J facilitaran una coalición conservadora.

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Santos, quien anteriormente sirvió como jefe de gabinete del ministro de Exteriores Miguel Ángel Moratinos (2008-2011), y como asesor del Gabinete Diplomático del Gobierno de Felipe González (1992-1995), se unirá a Díaz en un puesto que tradicionalmente se reserva para perfiles considerados independientes.

Puesto tradicionalmente reservado para perfiles independientes

El anuncio de la inclusión de Santos Maraver en la lista de Madrid llega tras dos semanas de intensas negociaciones entre los 15 partidos que forman la coalición de Sumar. Díaz ha destacado que el reclutamiento de Santos es una «muy buena noticia», ya que refuerza el compromiso de la coalición con «la defensa del multilateralismo, de los derechos humanos y la lucha global contra el cambio climático».

Experiencia en Derechos Humanos y Multilateralismo

Santos, nacido en Los Ángeles en 1955, cuenta con una amplia carrera en el servicio exterior de España. Licenciado en Filosofía y Letras y en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid, ha servido en las embajadas de España en Pekín, La Habana, Washington, Canberra y Bruselas y se incorporó a la carrera diplomática en 1982.

Asimismo, ha desempeñado una serie de roles de alto perfil, entre ellos haber desempeñado como jefe de Gabinete del ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, jefe de Gabinete del Presidente de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y Embajador Representante Permanente de España ante la Oficina de Naciones Unidas, el Consejo de Derechos Humanos y las Organizaciones Internacionales en Ginebra entre 2011 y 2013.

Política internacional en campaña

La inclusión de Santos Maraver parece ser un guiño a los votantes progresistas más cercanos al PSOE, en un momento en que el Partido Socialista busca aglutinar todo el voto bajo sus siglas. Además, representa una apuesta de Díaz por un perfil de prestigio fuera del mundo partidista y busca colocar el plano internacional en sus perspectivas políticas domésticas.

No obstante, el camino hacia las elecciones para Díaz y Sumar no está exento de desafíos, especialmente en relación con las críticas internas y la presión ejercida por Podemos. Aunque Sumar cerró recientemente la puerta a las demandas de Podemos para incluir a Irene Montero en sus listas, se espera que Podemos continúe presionando hasta la fecha límite para registrar más listas el 19 de junio.

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«Pareciera un dato frío, pero no lo es. Es una variable que permite cambiar la vida de la gente«, ha señalado la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en la rueda de prensa posterior al Consejo. “Permite que una madre trabajadora pueda facilitar que su hijo o su hija coma pescado o fruta de temporada. Permite que un joven tenga un poco más de esperanza de vida, o un poco menos de problemas de salud mental”, ha apuntado.

La subida del SMI a los 1.080 euros mensuales culmina el objetivo del Gobierno de España de situarlo en el 60% del salario medio en 2023, en disposición de cumplir con lo establecido por el Comité Europeo de Derechos Sociales y el compromiso de legislatura del Ejecutivo nacional.

Tal y como publica RTVE, el salario mínimo ha subido en España un 47% desde que llegaron al Gobierno, pasando de 735 euros brutos al mes en 2018 a los 900 euros en 2019, los 950 euros en 2020 y hasta los 1.000 euros en 2021; lo que le convierte en el segundo país de la OCDE que más lo ha revalorizado.

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Intervención del ministro italiano

El Ministro Orlando intervino en la mesa redonda sobre «La Economía Social en la agenda de las instituciones de la UE y en otros Estados miembros», junto a la Ministra Díaz, la Ministra de Trabajo de Portugal, Ana Mendes Godinho, la Subsecretaria de Economía Social y Solidaria de Francia, Olivia Grégoire y el Comisario de Empleo y Derechos Sociales de la UE, Nicolas Schmit.

Posteriormente, en la sede del Ministerio de Trabajo, se celebró una reunión trilateral entre los Ministros de Trabajo de España, Italia y Portugal, a la que siguió una rueda de prensa conjunta.

Una plataforma para difundir los objetivos

El evento también representó la oportunidad para ilustrar las prioridades para 2022 de la Presidencia italiana del Comité de Seguimiento de la Declaración de Luxemburgo sobre Economía Social y reflexionar sobre las transiciones ecológica y digital que conducen a un replanteamiento del sistema de bienestar y del trabajo.

*Nota de prensa remitida por la Embajada de Italia en Madrid el día 17 de marzo de 2022. Foro Diplomático es ajeno al contenido editorial.

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