La Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo ha sido aprobada por 185 votos a favor, 154 en contra y tres abstenciones alcanzando así la mayoría absoluta en una votación final de conjunto,  necesaria dado su carácter orgánico. El Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado todas las modificaciones procedentes del Senado, salvo la relativa al artículo 19 de la Ley Orgánica.

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha sostenido en la tribuna que la votación de hoy no supone el punto final. “Soy consciente de que el camino no acaba aquí”, ha manifestado sobre la ley trans. Han sido las dificultades para llevar a cabo la reforma lo que ha llevado a la ministra de Igualdad a reconocer este jueves en el Congreso que la ley ha logrado salir adelante «contra todo pronóstico». «Hemos dado un paso de gigante tan grande como hemos podido, pero muy poca gente confió en que esto fuera posible», ha señalado

«Hemos dado un paso de gigante tan grande como hemos podido».

La Ley considera, en su exposición de motivos, que es «necesaria la revisión y adaptación» de la Ley Orgánica 2/2010 para «garantizar la vigencia efectiva de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres» y mejorar «el tratamiento de aquellas situaciones patológicas que se proyectan en la salud durante la menstruación».

Modificación de la norma

En segundo lugar, el Pleno ha incorporado las dos enmiendas que aprobó el Senado a la Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI. El punto principal del texto es la eliminación de la hormonación obligatoria y las evaluaciones psicológicas y médicas como requisitos para aquellas personas que soliciten el cambio de sexo en el Registro Civil, que ahora podrá autorizarse solo con la voluntad libremente expresada del solicitante si tiene más de 16 años.

La Ley tiene como objetivo «desarrollar y garantizar los derechos de las personas lesbianas, gais, bisexuales, trans e intersexuales» y erradicar «las situaciones de discriminación» para «asegurar que en España se pueda vivir la orientación sexual, la identidad sexual, la expresión de género, las características sexuales y la diversidad familiar con plena libertad». Además, regula «el procedimiento y requisitos para la rectificación registral relativa al sexo» y prevé «medidas específicas derivadas de dicha rectificación en los ámbitos público y privado».