En una tensa sesión plenaria en Estrasburgo, el Parlamento Europeo aprobó una ley que impone nuevas obligaciones para la restauración de la biodiversidad. Según los términos de la nueva ley, el 20% de las zonas terrestres y marinas de Europa deberán ser restauradas para 2030, con el objetivo de expandirse a todas las áreas necesarias para 2050. A pesar de un fuerte rechazo por parte del Partido Popular Europeo, ha recibido el la aprobación de la cámara con 336 votos a favor, 300 en contra y 13 abstenciones.

La votación de este miércoles representó un fracaso para el conservadurismo en su intento de derribar la Ley de Restauración de la Naturaleza. En realidad, solo se votaba la posición de la Eurocámara para negociar con el Consejo de la UE la redacción de esta norma propuesta por la Comisión Europea.

Tras una votación larga y difícil de seguir, que recibió interrupción repentina de aplausos y murmullos en varios momentos, el informe del ponente, el socialista español César Luena, se aprobó con 336 votos a favor, 300 en contra y 13 abstenciones.

Ley de la naturaleza

La nueva «ley de la naturaleza» busca establecer metas vinculantes para la restauración de áreas terrestres y marinas dañadas por la contaminación o la explotación intensiva. No obstante, se han incorporado flexibilidades y excepciones, incluyendo la posibilidad de aplazar los objetivos en circunstancias excepcionales.

El foco de la ley es detener el declive de la biodiversidad. Según Bruselas, más del 80% de los hábitats naturales de la UE se encuentran en una situación «mala o mediocre». Como resultado, se pide a los 27 miembros de la Unión que introduzcan medidas de restauración en el 20% de las zonas terrestres y marinas en un plazo de siete años, y posteriormente, hasta 2050, en todas las áreas donde sea necesario.

Aunque los ecologistas sostienen que la versión final de la ley se ha desvirtuado por los cambios y se ha diluido en comparación con la propuesta inicial de la Comisión Europea, se ha celebrado como una victoria para el planeta. En Italia, Elly Schlein, secretaria del Partido Democrático italiano, considera que la ley debería servir para respaldar la transición ecológica.