El primer ministro belga Bart de Wever ha anunciado este jueves la mayor transformación de la política energética de Bélgica en más de dos décadas: la reversión del apagón nuclear aprobado en 2003 y el inicio de negociaciones para la nacionalización de los siete reactores nucleares del país. La decisión llega en plena crisis energética agravada por el conflicto con Irán y el cierre del Estrecho de Ormuz, que ha disparado los precios de los carburantes en Europa.
«Este Gobierno opta por una energía segura, asequible y sostenible. Con menos dependencia de las importaciones fósiles y más control sobre nuestro propio suministro», ha declarado De Wever, quien lidera el Gobierno de coalición Arizona, formado por cinco partidos cuyos colores evocan la bandera del estado estadounidense homónimo.
Negociaciones exclusivas con Engie para comprar el parque nuclear
El Ejecutivo belga ha abierto negociaciones con el gigante energético francés Engie para adquirir la totalidad de sus activos nucleares en el país, a través de su filial local Electrabel. Las tres partes han firmado una carta de intenciones para iniciar «negociaciones exclusivas» y el objetivo es alcanzar un protocolo de acuerdo antes del 1 de octubre, aunque ninguna de ellas ha desvelado el importe de la operación.
El ministro de Energía, Mathieu Bihet, ha sido taxativo: «Todas las operaciones de desmantelamiento quedan suspendidas». Solo dos de los siete reactores belgas siguen operativos en la actualidad; el resto ya habían sido desconectados en aplicación de la ley de cierre progresivo. Como primer paso, el Gobierno realizará una auditoría técnica completa del estado de las instalaciones.
El giro de Bruselas chocaba con la estrategia de Engie, que llevaba años apostando por las energías renovables y las soluciones de flexibilidad, como baterías y centrales de gas. La carta de intenciones firmada esta semana abre una vía de salida a ese desacuerdo.
Europa dividida mientras Sánchez ignora las recomendaciones de Bruselas
El movimiento belga se produce en sintonía con las recomendaciones de la Comisión Europea. Ursula von der Leyen ha admitido que «fue un error estratégico que Europa diera la espalda a una fuente fiable y asequible de energía con bajas emisiones» tras la catástrofe de Fukushima, y su ejecutivo comunitario ha vuelto a instar a los Estados miembros a revertir sus calendarios de apagón nuclear. Bruselas respalda además el desarrollo de Reactores Modulares Pequeños con una garantía europea de 200 millones de euros.
Sin embargo, los Veintisiete siguen profundamente divididos. La Alianza Nuclear, liderada por Francia e integrada también por Bélgica, Polonia, Hungría o República Checa, se enfrenta a los Amigos de las Renovables, el bloque en el que militan España, Alemania, Austria o Dinamarca.
El Gobierno de Pedro Sánchez ha optado por ignorar las señales que llegan de Bruselas y mantiene sin alteraciones su hoja de ruta para cerrar las centrales nucleares españolas antes de 2035, comenzando por la de Almaraz. Una postura que resulta cada vez más difícil de sostener ante la crisis energética en curso y el giro inequívoco que están tomando sus socios europeos.
