El Parlamento escocés aprobó este martes por 72 votos frente a 55 la moción presentada por el Gobierno de John Swinney para reclamar a Westminster las competencias necesarias para celebrar un nuevo referéndum de independencia. El respaldo conjunto del SNP y Los Verdes escoceses permitió al Ejecutivo autonómico escenificar una mayoría estable en Holyrood, aunque el resultado tiene un valor fundamentalmente político: el primer ministro británico Keir Starmer mantiene su rechazo frontal a autorizar otra consulta soberanista durante la presente legislatura.
Swinney defendió durante el debate que la independencia representa una «oportunidad de oro» para Escocia y acusó a Westminster de frenar el potencial económico del país. «El pueblo de Escocia tiene derecho a decidir si quiere seguir formando parte del Reino Unido», afirmó el ministro principal ante la Cámara. El líder nacionalista vinculó además la causa independentista con compromisos sociales concretos: reducir la pobreza infantil, bajar el coste de vida y reforzar servicios públicos como la sanidad y el transporte.
Desde Los Verdes, Ross Greer sostuvo que «la democracia no es un acontecimiento único» y defendió que negar una nueva consulta equivale a ignorar la voluntad expresada por la mayoría soberanista en las últimas elecciones autonómicas.
La oposición unionista aprovecha el escándalo Murrell
La oposición unionista cargó con dureza contra el debate. El líder conservador escocés, Russell Findlay, acusó al SNP de mantener a Escocia atrapada en una «parálisis constitucional» y reprochó al Ejecutivo dedicar energías a la independencia en lugar de afrontar los problemas reales de sanidad, educación o economía. En términos similares se expresó el laborista escocés Anas Sarwar, quien sostuvo que los nacionalistas intentan desviar la atención de su crisis interna.
El debate estuvo marcado por la confesión de Peter Murrell, ex director ejecutivo del SNP y exmarido de Nicola Sturgeon, quien se declaró culpable de malversación relacionada con más de 400.000 libras de fondos del partido. Conservadores y laboristas utilizaron el escándalo para cuestionar la credibilidad del SNP y la capacidad de Swinney para liderar un eventual proceso de secesión.
El bloqueo constitucional persiste
Pese a la aprobación parlamentaria, Downing Street recordó que Starmer «no apoya la independencia ni otra consulta», dejando al movimiento soberanista ante un bloqueo político y constitucional prácticamente idéntico al que siguió al referéndum de 2014. La votación no obliga al Gobierno británico a transferir competencias ni a iniciar negociación alguna.
Lo que sí logra Swinney es consolidar el argumento de que existe una mayoría parlamentaria estable favorable a volver a preguntar a los escoceses sobre su futuro dentro del Reino Unido, un capital político que el SNP necesita especialmente en un momento en que el escándalo de corrupción interna amenaza con erosionar su imagen de partido de gobierno.
