Dos bajas en el gabinete y un recado a la coalición

Trinidad Steinert, titular de Seguridad Pública, y Mara Sedini, portavoz gubernamental, dejan sus carteras. Martín Arrau, hasta ahora ministro de Obras Públicas, reemplazará a la primera, mientras que Claudio Alvarado, ministro del Interior, asumirá además las funciones de portavoz. Las dos cesadas acumulaban críticas no solo desde la oposición de izquierdas, sino también desde dentro de la propia coalición que sostiene a Kast en el Parlamento, formada por la derecha tradicional socialcristiana y los libertarios.

El propio presidente reconoció en una ceremonia en el palacio de La Moneda que no tenía previsto realizar sustituciones tan pronto. «Hemos tenido que tomar medidas impopulares y eso golpea a cualquier gobierno, pero las tomamos con convicción», afirmó, y anunció un cambio «en la forma y en el fondo» de comunicar la gestión del ejecutivo.

Recortes, migración y el fantasma del desgaste

El desgaste acumulado responde a varios frentes. La aplicación de recortes de gasto drásticos —una suerte de motosierra que, sin el estruendo mediático de la del argentino Javier Milei, ha podado buena parte de la administración— ha generado un amplio malestar social. La subida de precios de los carburantes, en parte derivada de las tensiones en la región del golfo Pérsico, también ha contribuido al descontento.

En materia migratoria, los resultados tampoco acompañan. Kast ganó las elecciones presidenciales en segunda vuelta con un discurso centrado en la seguridad y la firmeza contra la migración irregular. Sin embargo, su gestión se tachó de tibia incluso por sus propios aliados. El nombramiento de Alberto Soto como ‘zar de la frontera’ no ha dado los frutos esperados, y la promesa de expulsar a los 330.000 migrantes en situación irregular acabó siendo calificada por el propio presidente como «una hipérbole». El Escudo Fronterizo, la barrera de zanjas en la frontera con Perú, sigue siendo uno de sus proyectos emblema, pero aún no ha producido resultados visibles.

En las próximas semanas, el líder del Partido Republicano deberá presentar su primer balance de gestión ante el Parlamento y defender una de las medidas estrella de su mandato: la rebaja de impuestos a las empresas. La remodelación busca recuperar la iniciativa, pero el tiempo político en Chile se ha acelerado de una forma que muy pocos anticipaban.

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El Ejecutivo asume una iniciativa que nació como Iniciativa Legislativa Popular, pero opta por una vía que reduce el margen de control parlamentario. La decisión de Pedro Sánchez de recurrir al Real Decreto responde, según el propio Gobierno, a una “urgencia social”, aunque también permite sortear una oposición frontal del Partido Popular, que ya ha cuestionado el fondo y la oportunidad política de la regularización. El uso de este instrumento refuerza una tendencia habitual del actual Ejecutivo: priorizar la rapidez y el control del calendario político frente a un debate legislativo más amplio.

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, dirigido por Elma Saiz, ha diseñado el proceso con criterios amplios. Podrán acogerse los extranjeros que acrediten una residencia continuada en España de al menos cinco meses antes del 31 de diciembre de 2025, así como solicitantes de protección internacional que hubieran iniciado su petición antes de esa fecha. Para demostrar la permanencia bastará con documentación diversa, pública o privada, siempre que no existan antecedentes penales ni riesgos para el orden público.

Permiso de residencia y trabajo

La regularización otorgará un permiso de residencia y trabajo válido para todo el territorio nacional y cualquier sector, con una vigencia inicial de un año. El Gobierno confía en que esta autorización funcione como puente hacia los mecanismos ordinarios del Reglamento de Extranjería. Los menores ya presentes en España quedarán también cubiertos, con permisos de hasta cinco años, una decisión que consolida la vocación estructural de la medida y no solo su carácter excepcional.

El calendario apunta a la apertura del plazo de solicitudes a principios de abril y su cierre el 30 de junio. La mera admisión a trámite permitirá trabajar en un plazo máximo de 15 días, lo que introduce presión sobre una administración que la propia ministra reconoce que aún debe “ajustar el engranaje”. La falta de concreción sobre los canales de solicitud refuerza las dudas sobre la capacidad operativa del Estado para absorber el volumen previsto.

Aunque el Gobierno insiste en que no se trata de una anomalía, sino de una práctica conocida en España y en la UE, la decisión de Pedro Sánchez llega en un contexto político especialmente sensible. La oposición denuncia que el Ejecutivo utiliza la regularización como cortina de humo frente a otros frentes abiertos y como concesión a sus socios parlamentarios. Más allá del debate inmediato, la medida consolida una estrategia migratoria que prioriza soluciones extraordinarias y reactiva una discusión pendiente: si España está construyendo una política migratoria sostenible o simplemente parchea sus déficits estructurales a golpe de decreto.

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El anuncio de esta alianza tuvo lugar en Beirut, con la visita de Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, y Nikos Christodoulides, presidente de Chipre, país que se ha visto particularmente afectado por el aumento de llegadas desde Líbano en los últimos meses. La cercanía geográfica entre ambas costas, apenas unos 160 kilómetros, ha facilitado este incremento en las cifras de migración. Desde principios de año, cerca de 4.000 migrantes y refugiados han llegado a las costas de Chipre desde Líbano, en comparación con los 78 del mismo período del año anterior, según datos de ACNUR.

Falta de recursos

Las autoridades chipriotas han expresado su preocupación ante esta situación, calificándola de «abrumadora» debido a la falta de recursos para gestionar todas las llegadas en un territorio tan pequeño. La suspensión de las solicitudes de asilo por parte de ciudadanos sirios, anunciada recientemente, refleja la creciente inquietud frente a la situación. El conflicto en Gaza y las tensiones regionales han aumentado el temor de que más población refugiada busque llegar a la UE a través de esta ruta.

El acuerdo entre la Unión Europea y Líbano busca abordar estos desafíos mediante el fortalecimiento del control fronterizo y el apoyo a las comunidades de acogida y a los refugiados sirios en Líbano. La crisis económica que enfrenta el país, con una devaluación de su moneda del 90% respecto al dólar, ha exacerbado la situación y ha generado un aumento en la emigración, tanto de sirios como de libaneses, hacia otros países por vía marítima.

Sin embargo, estos acuerdos de la UE han sido objeto de críticas por parte de grupos de derechos humanos, que señalan la falta de transparencia y el posible riesgo de violaciones de derechos de los migrantes en los países receptores de la ayuda financiera.

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El presidente español, Pedro Sánchez, ha destacado la importancia de ayudar a Mauritania, señalando su papel crucial como estabilizador en la región del Sahel. La creciente inestabilidad política y los conflictos en la zona han generado una presión migratoria permanente hacia Canarias, con la mayoría de los migrantes procedentes de Mauritania. Para abordar esta crisis, Sánchez y Von der Leyen viajaron a Nuakchot, la capital mauritana, ofreciendo una gran cantidad de fondos para inversiones y ayudas destinadas a mejorar la situación del país y contener el flujo migratorio.

La UE destinará 210 millones de euros directamente a Mauritania para proyectos de desarrollo y control de fronteras, incluyendo inversiones en energía e infraestructuras. Además, se asignarán 40 millones de euros para reforzar la seguridad en la frontera con Malí. Por su parte, España compromete más de 300 millones de euros en proyectos de ayuda, inversión y préstamos, con un enfoque particular en el desarrollo de la capacidad de Mauritania en hidrógeno verde.

Plan europeo para frenar la migración ilegal

La estrategia europea se basa en ayudar a los países limítrofes a contener la migración antes de que llegue a las fronteras europeas, al tiempo que se mejora la situación económica para disuadir a los nacionales de emigrar. Este enfoque ha sido utilizado previamente en acuerdos con países como Turquía, Libia y Túnez. Sánchez anunció un nuevo acuerdo con Mauritania que incluye fondos para proyectos de desarrollo y cooperación financiera, así como un aumento en la ayuda humanitaria.

La visita de Sánchez y Von der Leyen, acompañados por empresarios españoles interesados en proyectos de hidrógeno verde, busca no solo desarrollar Mauritania, sino también frenar la peligrosa travesía de los migrantes hacia Canarias. Con una inyección masiva de fondos y proyectos de colaboración, la UE y España esperan hacer frente a esta crisis migratoria y promover el desarrollo sostenible en la región.

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El nuevo responsable del Interior, James Cleverly, reveló en el Parlamento de Westminster que las medidas esperan reducir la inmigración por rutas oficiales en unas 300.000 personas. Cleverly enfatizó la necesidad de estas medidas recordando que la migración alcanzó su punto máximo en diciembre de 2022 con 745.000 migrantes, una cifra muy superior a los 240.000 estimados antes de la salida de la Unión Europea.

Desde el Brexit, el Reino Unido adoptó un sistema de puntos para la política migratoria, adaptado a las necesidades del mercado laboral en diversos sectores. Este cambio resultó en una disminución de las entradas desde la UE y un aumento de las llegadas del resto del mundo.

Nuevas restricciones

Las nuevas restricciones del Gobierno de Sunak contra la inmigración ilegal incluyen un plan de cinco puntos que limita las opciones y derechos de empresas, trabajadores y estudiantes extranjeros, así como de sus familiares dependientes. Además del aumento en el salario mínimo para profesionales cualificados, que se implementará en la primavera de 2024, se exigirá un nivel de sueldo similar para los residentes extranjeros que deseen traer dependientes al país.

El Ejecutivo británico también busca reducir el número de familiares permitidos en un visado de trabajo, en línea con la promesa del Brexit de «recuperar el control de las fronteras». Esta medida tiene como objetivo frenar la llegada legal de extranjeros y terminar con las peligrosas travesías en bote a través del Canal de la Mancha.

Se espera que el Ministerio del Interior anuncie próximamente una nueva estrategia para relanzar el plan de deportación de solicitantes de asilo a Ruanda, tras ser bloqueado por el Tribunal Supremo. El plan migratorio, según Cleverly, debe ser «justo, consistente, legal y sostenible». Sectores como la sanidad y la asistencia social, que enfrentan escasez de mano de obra, estarán exentos del alto nivel salarial, pero se limitará el número de familiares que pueden acompañar a los nuevos contratados.

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Esta decisión sigue a un flujo inusualmente alto de solicitantes de asilo desde Rusia, con unos 900 individuos de países como Kenia, Marruecos, Pakistán, Somalia, Siria y Yemen ingresando a Finlandia solo en noviembre. Esta cifra es treinta veces superior a la norma habitual. En respuesta, solo se permitirá el tránsito de trenes de carga entre ambos países.

El primer ministro finlandés, Petteri Orpo, ha denunciado la situación como un «ataque híbrido» de Moscú, concebido para desestabilizar a Finlandia tras su reciente adhesión a la OTAN en abril. La inteligencia finlandesa informa que las autoridades rusas han asistido a los solicitantes de asilo en su camino a la frontera, lo que se ve reflejado en la llegada de migrantes en bicicleta a la frontera ártica.

Respuesta de Rusia

Rusia, por su parte, ha tachado la medida de «irracional». El viceministro de Exteriores ruso, Alexandr Grushkó, expresó su desacuerdo con la decisión, y el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, ha rechazado las acusaciones, denunciando una «postura puramente rusófoba» de Finlandia.

Además, el Defensor del Pueblo finlandés ha expresado preocupación sobre cómo el cierre de la frontera puede comprometer el derecho a solicitar asilo. La ministra de Interior, Rantanen, insiste en que el cierre es una cuestión de seguridad nacional y no está relacionado con la política de asilo.

Mientras tanto, el Secretario General de la OTAN, Jens Stoltenberg, sigue respaldando a Finlandia en su proceso de integración en la alianza, un movimiento que ha sido visto con recelo por Rusia desde su anuncio.

Estonia se prepara para absorber el flujo migratorio

Mientras Finlandia cierra su frontera con Rusia, surgen preocupaciones sobre el posible impacto en países vecinos. Estonia, también fronteriza con el territorio ruso, ha expresado su preparación para un posible «desbordamiento» migratorio resultante del cierre finlandés. Las autoridades estonias, aunque no han experimentado una presión migratoria similar hasta ahora, consideran probable un aumento en su frontera, especialmente en la «frontera verde» del sureste, zonas naturales sin pasos fronterizos formales​​.

El ministro del Interior de Estonia, Lauri Läänemets, ha declarado que el país está preparado para este escenario, enfocándose en mantener la máxima preparación en lugar de cerrar preventivamente su frontera con Rusia. Aunque se han planteado voces a favor de un cierre preventivo, Läänemets enfatiza la importancia de conservar recursos para responder de manera efectiva a cualquier situación que pueda surgir​.​

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«El problema es insostenible», proclamó la secretaria de Interior, Suella Braverman, que defendió la así llamada Ley de Inmigración Ilegal, recordando las muertes en el Canal de la Mancha y el coste de unos 3.300 millones de euros al año en el alojamiento de inmigrantes en hoteles, según publica El Mundo.

«La necesidad de una reforma de este sistema es urgente».

Tal y como recoge El Mundo, «hasta 100 millones de personas podrían venir al Reino Unido si las rutas legales y seguras fueran ilimitadas», declaró Braverman. «La gran mayoría de gente que ha llegado aquí son hombres mayores de 40 años que han estado viajando por países seguros. La necesidad de una reforma de este sistema es urgente».

Crisis migratoria

El Reino Unido se enfrenta a la misma problemática que vive la Unión Europea con sus fronteras. La crisis migratoria creciente que vive la isla podría convertirse en la piedra de toque que arruine las expectativas electorales del Partido Conservador, ante una realidad que no hace más que crecer como la migración irregular.

El año pasado cruzaron el canal casi 46.000 inmigrantes; en 2021, fueron 28.500; en 2020, 8.466; en 2019, 1.843; en 2018, el primer año en que el Gobierno comenzó a contar los inmigrantes interceptados, 299. La iniciativa legislativa de Sunak para interceptar la migración irregular por el Canal de La Mancha llevará a nuevas reuniones con el Ejecutivo de Emmanuel Macron para abordar la crisis.

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Los agentes hallaron a estas personas ocultas en un compartimento falso bajo una carga de madera. Los muertos perecieron por asfixia, reportaron las autoridades. La prensa búlgara asegura que otros doce inmigrantes se encontraron con vida fuera del camión abandonado en Bulgaria. Todos fueron trasladados a centros médicos, donde catorce personas ingresaron en estado crítico.

«No han recibido comida durante varios días, sufren de deshidratación y tienen heridas por todo el cuerpo».

De acuerdo a las declaraciones de algunos de los supervivientes, los traficantes abandonaron el camión por razones desconocidas y escaparon. Se ha activado un dispositivo de búsqueda para tratar de localizarlos. «No han recibido comida durante varios días, sufren de deshidratación y tienen heridas por todo el cuerpo, no puedo decir qué las ha provocado», dijo el ministro búlgaro de Sanidad, Asen Medzhidiev, tras visitar a algunos de los heridos.

La Policía informó que todos los inmigrantes son hombres de entre 15 y 25 años, y se cree que son afganos. Según declaraciones de algunos de los supervivientes, los traficantes de personas simplemente abandonaron al camión y escaparon. Vecinos llamaron a las fuerzas de seguridad por considerar sospechosa la presencia del vehículo pesado estacionado en Lokorsko, en las afueras de la capital.

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Esto les hace invisibles, vulnerables e infravalorados por su contribución a la sociedad.

La vulnerabilidad de los trabajadores migrantes a diversas formas de discriminación se agrava cuando se añade a otros motivos como la raza, la etnia y el género. Los migrantes no sólo desaparecen en viajes desesperados y de alto riesgo.

Muchos trabajadores domésticos, agrícolas y de otros sectores están aislados y fuera del alcance de quienes podrían protegerlos. Los migrantes indocumentados son especialmente vulnerables a los abusos.

La Organización Internacional del Trabajo apoya a gobiernos, empleadores y trabajadores para hacer realidad una migración laboral justa.

Migración laboral justa

Como todos los trabajadores, los trabajadores migrantes tienen derecho a la protección de los derechos humanos y las normas laborales internacionales, incluida la libertad de asociación y la negociación colectiva, la no discriminación y entornos de trabajo seguros y saludables.

Los trabajadores migrantes también deben poder ejercer sus derechos a la protección social, el desarrollo y el reconocimiento.

Para hacer realidad estos derechos, debemos reconocer la importancia clave de la contratación justa, incluida la necesidad de eliminar las comisiones de contratación y los costes cobrados a los trabajadores migrantes, a fin de erradicar la trata de seres humanos y el trabajo forzoso.

El acceso a un trabajo digno es una estrategia clave para desarrollar el potencial de los migrantes y su contribución a la sociedad.

Debemos reconocer que las injusticias que sufren los trabajadores migrantes son injusticias para todos nosotros.

Debemos hacerlo mejor.

*Declaración institucional de la Organización Internacional del Trabajo remitida el día 18 de diciembre de 2022. Foro Diplomático es ajeno al contenido editorial.

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Francia anunció el pasado jueves que se haría cargo del barco cargado de migrantes que ha protagonizado portadas en todo el mundo. Lo hace tras el rechazo de las autoridades italianas de acogerlo pese a que se encontraba más cerca de sus costas. El gobierno francés ha reprochado al italiano su actuación, mientras que la parte italiana segura que no tiene por qué asumir todos los migrantes naufragados en el Mediterráneo y que los socios europeos también deben contribuir. Las chispas entre París y Roma no han hecho más que estallar durante 21 días de incertidumbre y la apertura de una nueva crisis diplomática.

Argumentos de las partes implicadas

Por un lado, la primera ministra italiana acusa a Francia de tener una «reacción agresiva, incomprensible e injustificada» mientras que apuesta por una «solución común» para abordar la crisis migratoria. Por otro lado, París asegura que se haría cargo del buque de manera excepcional, así como ha anunciado la suspensión del acuerdo europeo de recolocación de inmigrantes con el país que ahora lidera Giorgia Meloni.

Francia asegura que recibe el barco humanitario de manera excepcional tras 21 días y tomará represalias contra el gobierno italiano. El buque llevaba a 234 personas, 57 de ellas niños, rescatadas de aguas del Mediterráneo entre el 22 y 26 de octubre, pero ayer un helicóptero francés evacuó a cuatro de ellas por problemas médicos serios cuando la nave estaba todavía en alta mar, según publica la Agencia EFE.

La segunda de las represalias que el gobierno francés ha decidido tomar es el reforzamiento de los controles en la frontera terrestre con Italia. Y la tercera: “Francia”, dijo Darmanin, “extraerá todas las consecuencias de la actitud italiana en los otros aspectos de su relación bilateral”, publica El País.

Primer barco de ayuda humanitaria que atraca en territorio francés

Además, se trata del primer barco de ayuda humanitaria que atracará en territorio francés, pese a que según el derecho internacional, debería haberlo hecho en el puerto más cercano, que se trataba en este caso de las cosas italianas. El ministro francés hoy del Interior, Gérald Darmanin, ha anunciado que ya 11 países europeos, entre ellos Alemania, Portugal, Irlanda, Luxemburgo, Croacia, Bulgaria, Rumanía, Malta y Lituania; se han comprometido a acoger a pasajeros del Ocean Viking.

Con todo ello, Francia ha hecho un llamamiento a países europeos como Alemania, de tomar medidas contra Italia en materia de acogida de refugiados, en lo que ya se ha denominado como la primera crisis diplomática entre Emmanuel Macron y Giorgia Meloni.

Desde principios de año, 1.891migrantes han desaparecido en el Mediterráneo, incluidos 1.287 en el Mediterráneo central, la ruta migratoria más peligrosa del mundo, según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), tal y como publica El Mundo.

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