Giorgia Meloni y Mette Frederiksen, primeras ministras de Italia y Dinamarca respectivamente, han publicado una carta conjunta en la que vinculan la inmigración irregular con el aumento de la delincuencia y reclaman la creación de centros de deportación en terceros países, intensificando la presión sobre la política migratoria de la Unión Europea.
«Nadie puede negar los efectos negativos de la inmigración ilegal sobre nuestras sociedades», escriben ambas dirigentes. Sin aportar fuentes, estadísticas ni estudios que respalden sus afirmaciones, citan entre esos efectos el aumento de la criminalidad, la presión sobre los servicios públicos y la pérdida de confianza ciudadana en las instituciones.
Asimismo, la carta aterriza en un momento políticamente cargado. Es más, las dos mandatarias estuvieron entre las primeras en pedir la suspensión temporal de España del espacio Schengen tras la entrada masiva de ciudadanos desde Marruecos a territorio ceutí el pasado 31 de julio, y ahora retoman ese impulso para reclamar nuevas herramientas de expulsión a escala comunitaria.
Una alianza que trasciende las etiquetas ideológicas
Lo más llamativo del movimiento es su carácter transversal. Meloni, referente de la ultraderecha europea, y Frederiksen, socialdemócrata, representan orillas políticas opuestas. Ellas mismas lo reconocen en la carta: «Somos conscientes de que muchos podrían cuestionarse nuestra colaboración. Procedemos de posiciones políticas muy diferentes y, sin duda, no estamos de acuerdo en todo». Su argumento para justificar la alianza es la voluntad de «defender Europa» y proteger «nuestros valores y nuestro modo de vida».
En el texto, las dos jefas de Gobierno ponen un énfasis especial sobre quienes no tienen derecho a permanecer en suelo europeo, señalando que entre esos migrantes irregulares hay quienes «cometen delitos violentos, trafican con drogas o son autores de agresiones sexuales». Se trata de un vínculo entre migración y seguridad que ambas han convertido en eje de su discurso político, aunque reiteradamente lo formulan sin respaldo empírico.
Centros de retorno fuera de la UE, la nueva demanda
Más allá de la retórica, la carta contiene una demanda concreta: la creación de centros de retorno en países terceros donde serían trasladados los migrantes en situación irregular pendientes de expulsión. El modelo recuerda al acuerdo que Italia firmó con Albania, y que la Comisión Europea ha observado con atención como posible referencia para otros estados miembros.
Meloni y Frederiksen defienden que Europa debe ir «un paso más allá» en los mecanismos de expulsión y presentan esta iniciativa como una defensa de la cohesión social y la confianza ciudadana, no como una posición de extrema derecha. Ese encuadre, precisamente, es lo que hace políticamente relevante su eje: normaliza posiciones que hasta hace pocos años quedaban relegadas a los márgenes del debate comunitario.
