Un ataque masivo de drones ucranianos sobre Nizhnekamsk, ciudad industrial en la república rusa de Tartaristán a más de 1.000 kilómetros de la frontera ucraniana, dejó 12 muertos y 39 heridos en lo que las agencias internacionales califican como uno de los ataques más letales de Zelenski desde el inicio de la guerra a gran escala en 2022. El objetivo: la refinería Taneko, una de las instalaciones petroquímicas más avanzadas de Rusia, ya atacada en junio.
Volodymyr Zelenski no dejó lugar a dudas sobre la intención estratégica del golpe. «La única razón por la que esto continúa es la negativa de Rusia a poner fin a esta guerra», afirmó el presidente ucraniano en su alocución nocturna del domingo, vinculando directamente los ataques a infraestructuras energéticas rusas con la presión sobre Moscú para forzar una salida negociada al conflicto.
Rusia, por su parte, aseguró haber derribado 456 drones ucranianos sin precisar cuántos alcanzaron sus objetivos. Las autoridades de Tartaristán, encabezadas por el gobernador Rustam Minnikhanov, decretaron un periodo de luto oficial. Los investigadores rusos abrieron una causa penal por terrorismo y señalaron que entre las víctimas había un menor.
La presión ucraniana sobre la cadena energética rusa
La ofensiva no se limita a las refinerías. Desde el 18 de julio, Ucrania ha atacado al menos 20 almacenes del gigante del comercio electrónico ruso Wildberries, lo que llevó al banco central ruso a recomendar a las entidades financieras que faciliten la reestructuración de créditos a las empresas afectadas, una señal de que el impacto económico empieza a ser tangible.
En paralelo, Zelenski elevó la estimación de soldados norcoreanos desplegados en territorio ruso: hasta 50.000, frente a los 30.000 anunciados en julio. El presidente ucraniano pidió a Seúl que refuerce el apoyo a la defensa aérea de Kiev y alertó de que Pyongyang acumula experiencia militar y tecnología rusa con cada semana que pasa.
Frederiksen y Meloni, un eje incómodo que complica la posición del Gobierno de España
En otro frente abierto para Madrid, la primera ministra danesa Mette Frederiksen y su homóloga italiana Giorgia Meloni firmaron una declaración conjunta en la que reclaman proteger «la herencia cultural cristiana» de Europa, exigen que los migrantes «respeten los valores europeos» y anuncian la creación de «centros de salida en terceros países». El documento, difundido en Facebook con tono de manifiesto, lleva la firma informal de «Giorgia y Mette».
La alianza resulta políticamente llamativa: Frederiksen lidera la socialdemocracia danesa y Meloni encabeza la ultraderecha italiana. Juntas acaban de presionar a España por la crisis de Ceuta, tras la que el Gobierno de Pedro Sánchez reintrodujo controles fronterizos con Italia en un movimiento que Roma calificó de «completamente inaceptable». El giro de Frederiksen hacia posiciones duras en inmigración no es nuevo, pero su alianza explícita con la líder más visible de la derecha europea eleva la apuesta y deja al Ejecutivo español cada vez más aislado en este debate.
