La Casa Blanca ordenó una nueva tanda de sanciones contra la corte inmediatamente después de que una de sus antiguas juezas, Navi Pillay, ganara a comienzos de octubre el Nobel de la Paz. La UE calificó la medida de "profundamente lamentable". El galardón reconoce la labor del tribunal "desde las investigaciones y los procedimientos judiciales hasta los juicios y la emisión o autorización de órdenes de detención".

Una votación a puerta cerrada

La decisión salió de la Conferencia de Presidentes, donde Metsola y los líderes de los grupos votan sin público. Los socialdemócratas, liberales, verdes y la izquierda apoyaron al TPI, candidatura que propuso el grupo S&D antes de que se conociera la última ofensiva estadounidense. Según fuentes conocedoras de la votación, la decisión de Patriots de no respaldar la propuesta del PPE inclinó la balanza hacia La Haya.

Había otros dos finalistas. El PPE, el grupo con más escaños, y los Conservadores y Reformistas de Giorgia Meloni defendían al opositor tanzano encarcelado Tundu Lissu. Patriots, por su parte, postuló a las gemelas iraníes Taraneh y Romina Rahimi, de 21 años, condenadas por participar en las protestas contra el régimen de Teherán. Metsola subrayó que todos ellos son ya "miembros de la familia Sájarov".

El hemiciclo recibió el anuncio con ovaciones, salvo los escaños ultras. La extrema derecha fue también la única que no condenó las sanciones de Washington en el debate de esta semana, algo que la presidenta de Renew, Valérie Hayer, no dejó pasar: "La complacencia de la extrema derecha hacia Trump y Putin, que socavan el derecho internacional, lo dice todo".

Del símbolo a las medidas concretas

La presidenta del TPI, Tomoko Akane, agradeció el gesto y recordó que la corte se enfrenta a "retos sin precedentes, incluidas sanciones destinadas a obstaculizar el mandato judicial". Pidió además "cooperación y apoyo internacionales continuos" y resumió su mensaje así: "No hay paz sin justicia ni seguridad sin ley". Desde la Comisión, Ursula von der Leyen aseguró que Europa se sitúa "firmemente detrás" de Akane y de los jueces del tribunal.

Queda por ver si Bruselas pasa de las palabras a los hechos. La Comisión sostiene que "todas las opciones están sobre la mesa", aunque recuerda que las sanciones no se aplicarán hasta dentro de seis meses. Los líderes europeos pidieron en su última cumbre preparar medidas para proteger al tribunal y a las empresas de la UE que le prestan servicios. Iratxe García, presidenta de S&D, tiene clara la vía: "La mejor manera de seguir apoyando al TPI es activar el estatuto de bloqueo". Ese reglamento de 1996, que nunca se ha aplicado, permitiría a las compañías europeas ignorar las sanciones extraterritoriales de Washington.

La eurodiputada socialista Hana Jalloul, impulsora de la candidatura, resumió el reto pendiente: Europa "debe defender con hechos los principios que dice representar". La ceremonia de entrega se celebrará en diciembre en Estrasburgo.

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Según The Wall Street Journal, la idea partió del propio Putin, que buscaría cerrar un acuerdo de paz favorable a Moscú y, de paso, un reparto de áreas de influencia entre las grandes potencias. El diario compara la fórmula con la Conferencia de Yalta de 1945. Un alto cargo estadounidense matizó al medio que Trump no ha aceptado asistir, aunque podría mostrarse receptivo.

Un encuentro sin acuerdo, pero con mensaje

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, reconoció que el asunto surgió en la conversación telefónica que Putin y Trump mantuvieron el 9 de octubre. Sin embargo, negó que exista un pacto para celebrar la reunión durante la cumbre de la APEC, prevista en Shenzhen los días 18 y 19 de noviembre. "No se han debatido ni planteado propuestas ni acuerdos de fondo", precisó. Desde Pekín, la portavoz de Exteriores, Mao Ning, dijo no tener información al respecto.

Trump, por su parte, rebajó las expectativas sobre el contenido. Explicó que el eje de la cita sería la desnuclearización y no Ucrania, aunque ante la insistencia de la prensa añadió que haría "todo lo que pueda" para frenar el conflicto. Y dejó la pelota en el tejado chino: "Si el presidente Xi quiere celebrarla, yo estaría dispuesto".

La ambigüedad tiene un valor político evidente. Moscú logra instalar la idea de una negociación entre potencias, Washington evita comprometerse y China se coloca como anfitrión potencial sin dar un solo paso público.

Zelenski, en el centro de la presión

La otra cara de la jornada fue el endurecimiento del discurso contra Volodímir Zelenski. El presidente ucraniano calificó la propuesta de error histórico y acusó a Washington de buscar la capitulación de Ucrania, al limitar supuestamente el intercambio de inteligencia y retrasar el suministro de misiles antibalísticos. Trump respondió que "Zelenski no sabe de qué está hablando" y que "es hora de que alguien más negocie en nombre de Ucrania".

El ministro de Exteriores ucraniano, Andriy Sybiga, fue aún más claro: una reunión trilateral "solo tendría el efecto contrario: animar a Putin a continuar esta guerra". El temor en Kiev crece porque Washington ha aflojado la presión económica sobre Moscú, mientras exige a Ucrania que detenga sus ataques contra la infraestructura petrolera rusa. De la llamada del 9 de octubre salió, además, un polémico acuerdo sobre las exportaciones de diésel ruso.

Mientras se debate sobre mesas y fotografías, la guerra continúa. Zelenski denunció un nuevo bombardeo nocturno con 16 misiles balísticos contra Kiev y su región, además de más de 200 drones lanzados en todo el país. Un recordatorio de que, por ahora, Moscú no muestra ningún gesto de desescalada.

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La pregunta no planteaba la independencia de forma directa, sino si la provincia debía iniciar un proceso legal que podría desembocar en una segunda consulta sobre la separación. Esa formulación indignó a los independentistas, que la consideraron un obstáculo diseñado para frenarles. Carney, nacido en Edmonton, se implicó personalmente en la campaña. Hace una semana advirtió en un mitin de que votar contra Canadá era «un farol peligroso» que traería «años de profunda incertidumbre». Tras conocer los resultados, celebró que los albertanos hayan elegido «la unidad» y, «por encima de todo, Canadá».

Un 24% que no desaparece

La derrota no cierra el debate. Una cuarta parte de la provincia ha respaldado iniciar el camino hacia la separación, y los líderes del movimiento lo saben. Keith Wilson, uno de sus principales portavoces, aseguró que «al menos una cuarta parte de los habitantes de Alberta considera que la provincia necesita recibir un mejor trato». Por su parte, Jeffrey Rath, del Alberta Prosperity Project, anunció que su campaña continuará y afirmó que «ya hemos ganado» al crear «un movimiento masivo». Una encuesta de Angus Reid refuerza esa idea: el 62% de los albertanos cree que el movimiento separatista nunca desaparecerá.

El malestar tiene raíces económicas. Asimismo, Alberta produjo en 2025 cerca del 84% del petróleo canadiense, y los secesionistas sostienen que su riqueza energética subvenciona a otras regiones y que las regulaciones ambientales federales ahogan su industria. A ese agravio se suma la guerra comercial con Estados Unidos y los aranceles de Donald Trump, que han deteriorado el clima económico.

Danielle Smith, la primera ministra provincial, convocó la consulta en mayo presionada por los secesionistas de su propio partido, aunque ella se opone a la independencia. Tras el resultado, defendió «una Alberta más fuerte en un Canadá unido» y anunció un discurso a la provincia sobre su rumbo. Mientras, Pierre Poilievre, líder de la oposición conservadora, leyó el voto separatista como una protesta contra el Gobierno de Carney, aunque insistió en que «Canadá es mucho más que un Gobierno».

La sombra de Washington

La dimensión exterior pesó en la campaña. Líderes independentistas viajaron tres veces a Washington el año pasado y se reunieron con funcionarios del Departamento de Estado. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, llamó a Alberta «socio natural» de Estados Unidos, y Elon Musk opinó en X que debería separarse. Trump, que insiste en que Canadá «terminará siendo el estado 51º», no ha reaccionado todavía al resultado. Que la presión desde Washington alimente las tesis secesionistas dice mucho del tablero en el que se mueve Ottawa.

Carney sale reforzado, pero llega a este momento con un frente abierto en Quebec, donde el partido independentista ganó las elecciones este mes. Su apuesta pasa por acelerar la diversificación comercial y los grandes proyectos de infraestructura para convertir a Canadá en «potencia energética mundial» con Alberta en el centro. La unidad ha ganado en las urnas, pero ahora el Gobierno federal tendrá que demostrar que esa elección se traduce en un trato que convenza también a quienes votaron lo contrario.

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Lecornu habló tras una reunión interministerial de crisis en el Ministerio del Interior. Explicó que Interior comunicará a lo largo de la tarde una «cartografía bastante precisa» de las zonas afectadas, una vez que los prefectos hablen con los alcaldes. «Es un toque de queda por territorios, parcial, me parece que, en este momento, es un instrumento más adaptado que decretar el estado de emergencia«, declaró.

El primer ministro no cierra la puerta a esa medida más drástica, que le reclamó el líder de Los Republicanos, Bruno Retailleau: «si se considera necesario, podríamos hacerlo». Sí descartó, en cambio, imponer un toque de queda en todo París. El ministro del Interior, Laurent Nuñez, precisó que las restricciones no afectarán al partido de Liga de Campeones del martes entre el Paris Saint-Germain y el Barcelona.

Un balance que expone los fallos policiales

La magnitud de los daños explica la urgencia del Ejecutivo. Alrededor de 1.500 comercios fueron saqueados en al menos diez ciudades, según AFP, y la Cámara de Comercio e Industria eleva a unos 2.000 los negocios directamente afectados. En Marsella, 107 agentes resultaron heridos y grupos de encapuchados irrumpieron en el ayuntamiento. En Limoges, un incendio destruyó parcialmente la alcaldía, un edificio de más de 140 años. «Es un milagro que no haya habido víctimas mortales», admitió Lecornu.

El Gobierno promete «una respuesta penal masiva»: solo en el área de París, 200 investigadores revisan imágenes de videovigilancia para identificar a los saqueadores. Pero la gestión del orden público se ha convertido en el flanco más débil del Ejecutivo. Nuñez ofreció su dimisión el domingo, que Emmanuel Macron rechazó, y reconoció este lunes que la policía «perdió el control» en algunas ciudades por «falta de anticipación». El propio presidente admitió «fallos» y reclamó «nuevos modos operativos». Los alcaldes de París, Marsella y Limoges exigen explicaciones.

La sombra de las presidenciales de 2027

Lecornu dio a la crisis una lectura política de largo alcance. Culpó a la extrema izquierda de los desórdenes diurnos y a la delincuencia de los nocturnos, y aseguró que los servicios de inteligencia detectan un movimiento que busca «generar una profunda desestabilización» hasta las elecciones. «Hay toda una nebulosa que puede activarse para cuestionar el calendario y la celebración de las elecciones presidenciales», advirtió.

El episodio llega a seis meses de unos comicios en los que Macron no puede presentarse y el centro carece de candidato fuerte. Las encuestas apuntan a Marine Le Pen y Jean-Luc Mélenchon como posibles finalistas, y ambos ya han convertido los disturbios en munición electoral: ella acusa al partido de Mélenchon de «legitimar la violencia», mientras él pide a los manifestantes alejarse de los saqueos.

La tregua no está garantizada. Los ‘chalecos amarillos’ han convocado un «Acto II» para el sábado 24 de octubre y una coalición de sindicatos prepara nuevas movilizaciones el 5 de noviembre. El Gobierno confía en que las vacaciones escolares enfríen la calle, aunque el malestar de fondo, ligado al coste de la vida y al deterioro de los servicios públicos, sigue intacto.

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Trump justifica la exención ante el Congreso con una certificación de «interés nacional», pero la orden no explica en qué consiste ese interés. La norma, aprobada por el Senado por 86 votos a 11, obligaba a imponer aranceles de hasta el 100% a los mayores compradores de energía rusa, como China e India, y de hasta el 500% a los productos rusos. También castigaba a los bancos extranjeros que operasen con entidades estatales rusas. La orden exime todas las secciones operativas relativas a Rusia y no elimina las sanciones previas, aunque sí suspende la disposición que obligaba a mantenerlas. Eso deja a Trump margen para actuar por su cuenta.

El diésel, la paz y las urnas

El contexto ayuda a entender el giro. Hace una semana, tras una llamada con Putin, Trump anunció un acuerdo para que Rusia suministre diésel a Estados Unidos y al mercado global, respaldado por una licencia del Tesoro vigente hasta abril de 2027. El diésel acumula una subida cercana al 70% desde que estalló la guerra con Irán en febrero, y el presidente afronta una caída de aprobación por los precios de los combustibles a menos de tres semanas de las elecciones de mitad de mandato del 3 de noviembre.

En Truth Social, Trump resumió su posición: «No quiero hacer nada que, de forma insensata, aleje a Rusia de la mesa de negociaciones». Atacó además a Volodímir Zelenski por bombardear refinerías rusas, algo que, según el presidente, castiga a agricultores y empresas estadounidenses. El secretario de Estado, Marco Rubio, aseguró que la Casa Blanca usará los 60 días para medir el impacto económico de las sanciones y defendió el acuerdo: «Ese diésel se va a vender de una forma u otra».

Rebelión en el Partido Republicano

La reacción en el Capitolio ha sido de una dureza poco habitual con un presidente de su propio partido. Thom Tillis calificó la decisión de «más que irresponsable» y preguntó qué parte de una ley aprobada por 86 votos a 11 no entiende la Casa Blanca. Ted Cruz, aliado de Trump, admitió que «fue un error» que solo beneficia a Putin. Michael McCaul advirtió de que Moscú responderá «con desprecio hacia Estados Unidos y una mayor violencia contra ucranianos inocentes», y John Cornyn pidió al Congreso investigar la actuación presidencial. El presidente de la Cámara, Mike Johnson, ha trasladado a la Casa Blanca el malestar de sus filas. Entre los demócratas, Chuck Schumer habló del «mejor regalo de cumpleaños» para Putin.

El Congreso está en receso hasta después de las elecciones, así que no podrá impugnar la orden a corto plazo. Zelenski, que confirmó que Washington ha reanudado el intercambio de inteligencia crítica tras una breve pausa, denunció un «apagón de sanciones» y advirtió de que Ucrania no resistiría si Estados Unidos se pone del lado de Moscú. Mientras tanto, Putin ya ha propuesto una cumbre con Trump y Xi Jinping el próximo mes para cerrar la guerra en sus términos. A mediados de diciembre vence el plazo de los 60 días, y entonces se verá si Trump negocia la paz o solo gana tiempo.

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Macron situó el origen de la violencia en «extremistas de un grupo de ultraizquierda» y en «numerosos delincuentes», que según su relato saquearon tiendas y destruyeron instalaciones públicas durante la jornada del sábado 17 de octubre. El presidente se preguntó por qué se incendió el ayuntamiento de Limoges y subrayó que «nada lo explica, nada lo justifica». Admitió, además, que el país siente «rabia y vergüenza».

Una respuesta con mano dura y exigencia de responsabilidades

El jefe del Estado prometió consecuencias claras: «los que han destruido tendrán que pagar» y «los que han saqueado tendrán que devolver el dinero». Reconoció que los agentes del orden, pese a su profesionalidad, sufrieron una violencia sin precedentes, y pidió al Gobierno que extraiga todas las lecciones sobre la recopilación de inteligencia, con total transparencia. Las investigaciones, aseguró, se llevarán a cabo con la máxima firmeza.

El Elíseo también prepara medidas preventivas. Los prefectos decidirán junto con los alcaldes cómo proteger ciudades, edificios públicos y comercios, lo que incluye prohibir determinadas reuniones cuando sea necesario. Macron lanzó además un llamamiento a partidos, organizaciones profesionales y sindicatos para que condenen «sin ambigüedad todo tipo de violencia». «El país necesita orden, apaciguamiento y no una escalada», resumió, y anunció que el primer ministro reunirá a estas formaciones en los próximos días para obtener posiciones públicas y claras.

El balance material del sábado es elevado. La policía ha detenido ya a 2.000 personas, y la Federación del Comercio y de la Distribución calcula daños por «cientos de millones de euros», con unas 1.500 tiendas vandalizadas.

Un fin de mandato agónico

La crisis llega en el peor momento político para Macron. Le quedan seis meses hasta las presidenciales, con una impopularidad notable tanto la suya como la de su Gobierno, que corre el riesgo de caer por una moción de censura durante el debate de los presupuestos de 2027. A ello se suma una situación financiera delicada, con unos tipos de interés de la deuda que han subido con fuerza desde febrero.

El termómetro electoral confirma el desgaste. Los sondeos para 2027 sitúan como favorita destacada a Marine Le Pen, líder de la extrema derecha, mientras que el líder de la izquierda radical, Jean-Luc Mélenchon, aparece entre los mejor colocados, aunque muy por detrás. Un escenario que convierte cada episodio de desorden en munición política.

Mientras tanto, la agenda exterior no da tregua. A partir de este lunes, el presidente iniciará una gira por Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, Baréin y Catar para abordar el conflicto desatado en la región por los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán desde finales de febrero. Macron intentará así proyectar peso diplomático fuera de casa justo cuando más cuestionada está su autoridad dentro de ella.

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Todo arrancó el 15 y el 16 de octubre con ocupaciones de institutos en varias ciudades. El viernes 16, la jornada bautizada como «No Meloni Day» sacó a la calle a miles de jóvenes en Roma, Milán, Turín, Bolonia, Florencia, Génova, Nápoles o Cagliari. Los organizadores hablan de más de 400.000 participantes, y la protesta coincidió con la movilización global de Fridays for Future. Un día después, la jornada «Italia in Piazza» extendió el malestar al coste de la vida.

Escuela pública, salarios y menos armas

Los manifestantes reclaman más inversión en la escuela pública y en unos edificios escolares muy deteriorados. Exigen también salarios más altos, servicios públicos de calidad y una rebaja de los precios de la energía y los carburantes. Su lema, «Menos armas, más derechos», resume el rechazo al rearme, mientras en Roma coreaban «¡Queremos aulas, no bombas!» ante el Ministerio de Educación. A ello se suma el rechazo al decreto que limita al 30 % los alumnos extranjeros en determinadas clases y la solidaridad con el movimiento estudiantil francés, que ha inspirado en Italia al colectivo «Les Blocages».

Los datos económicos alimentan el enfado. La inflación subió en septiembre hasta el 4,2 % interanual, impulsada por los carburantes, según Istat. Además, los salarios reales han caído un 6,6 % entre 1990 y 2026, según la Oficina Parlamentaria de Presupuesto. Esta semana, agricultores y transportistas bloquearon carreteras en Apulia, Calabria y Sicilia, y la patronal Conftrasporto amenaza con un bloqueo nacional.

Violencia en las calles y respuesta del Gobierno

La protesta no ha sido del todo pacífica. En Turín, la policía detuvo a tres menores y encapuchados causaron daños en varios institutos, con un profesor, un trabajador del centro y un carabinero heridos. Otro de los lugares afectados, en Bolonia hubo cañones de agua, gases lacrimógenos y siete detenciones. En Milán, los choques de la plaza del Duomo se saldaron con medio centenar de detenidos, mientras que en Verona ardieron cinco contenedores y una moto.

Meloni optó por una línea de firmeza: «Manifestarse es un derecho. Incendiar nuestras ciudades no lo es». La primera ministra expresó respeto por quienes protestaron con orden y exigió a la oposición que «condene sin ambigüedad» la violencia. Matteo Piantedosi defendió la actuación policial, y Giuseppe Valditara anunció que reclamará una indemnización por los daños.

Pero el pulso no termina aquí. Maurizio Landini, líder de la CGIL, convocó una huelga general para el 20 de noviembre, y el 30 de octubre habrá otra huelga de estudiantes y trabajadores. Christian Ferrari, también de la CGIL, advirtió de que «Italia está en una crisis económica y social dramática». La prensa italiana ya habla del «otoño del descontento», y la gran incógnita es si Meloni logrará contener el malestar antes de que se convierta en un problema electoral.

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Los organizadores convocaron más de 500 acciones y 90 manifestaciones, y cifran en 800.000 los asistentes. En Lyon, las barricadas de bicicletas, contenedores y neumáticos cortaron el paso desde la mañana. En Marsella, un grupo vandalizó una comisaría y forzó las puertas del Ayuntamiento, hasta el punto de que su alcalde reclamó refuerzos directamente al presidente. En Limoges, el fuego destruyó buena parte del consistorio, mientras en Lyon ardió la oficina de turismo.

En París, la marcha principal transcurrió de forma pacífica, pero en las calles adyacentes los antidisturbios y los encapuchados libraron una batalla campal. Ardieron coches, motos y mobiliario urbano, y un grupo estuvo a punto de entrar en las galerías Lafayette. Algunos manifestantes lograron incluso llegar a la plaza de la Concordia, vetada por Interior, tras la llamada operación escargot, con huevos y botes de pintura para cegar los cascos policiales.

Un Gobierno sin interlocutores a seis meses de las presidenciales

El contexto agrava la fragilidad del Ejecutivo. Francia debe aprobar un presupuesto con recortes de 54.000 millones de euros, arrastra una deuda del 119% del PIB y la ultraderecha aspira por primera vez a las puertas del Elíseo. El Banco de Francia ha rebajado su previsión de crecimiento hasta el 0,4%-0,5% y eleva la inflación al 2,5%. El sociólogo Jérôme Fourquet resume el ambiente: «La sensación es la del final de un reinado».

Macron prometió castigo a quienes provoquen destrozos, y el primer ministro Sébastien Lecornu señaló a «grupos de extrema izquierda» por organizar la violencia. El ministro del Interior, Laurent Nuñez, acusó a La Francia Insumisa de alentarla. Sin embargo, esta formación, con Jean-Luc Mélenchon a la cabeza, es la única que ha logrado participar en las protestas y capitalizarlas políticamente.

La violencia policial, otro frente abierto

La gestión policial también está en cuestión. Nuñez suspendió temporalmente un tipo de arma tras la amputación de una mano a un manifestante de 15 años en Lens. Pero los artefactos volvieron a usarse y otro manifestante perdió una extremidad en Saint-Étienne. Desde el inicio del movimiento estudiantil, unos 210 alumnos de secundaria han resultado heridos, hay 8.000 detenciones (el 85% de menores) y los daños superan los 30 millones de euros.

La secretaria general de la CGT, Sophie Binet, sostiene que el precio de productos básicos y del combustible se ha vuelto inasumible para muchos trabajadores. En la calle, el lema es el mismo que hace ocho años: «Macron, dimisión». La diferencia es que esta vez el presidente apenas cuenta con apoyos para responder.

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El dato llama la atención por el contraste con el discurso oficial. Sánchez ha construido buena parte de su proyección internacional sobre un mensaje de paz y de rechazo a la escalada militar, y lo ha defendido con insistencia en foros multilaterales y ante sus socios europeos. Sin embargo, la cartera de pedidos a Washington dibuja una realidad bastante menos contemplativa.

Un pacifismo con factura millonaria

Las ventas de material militar estadounidense a países aliados siguen un procedimiento reglado. El Pentágono notifica las operaciones al Congreso, que dispone de un plazo para examinarlas antes de que el proceso avance. Que el documento circule ahora no implica que el contrato esté cerrado, pero sí confirma el interés de Madrid por seguir equipándose con tecnología norteamericana.

Este interés no sorprende a quienes siguen la política de defensa española. Las Fuerzas Armadas arrastran necesidades de modernización evidentes y buena parte de su material depende de proveedores estadounidenses. Lo llamativo es que el Ejecutivo mantenga un tono de distancia respecto a la lógica del rearme mientras formaliza compras de este calibre.

Trump, proveedor y socio incómodo

La operación llega, además, en un momento delicado de la relación bilateral. Trump ha presionado de forma reiterada a los aliados europeos para que aumenten su gasto en defensa, y España ha figurado entre los países más señalados por su reticencia a comprometerse con los objetivos de la OTAN. Que Madrid acuda a la industria estadounidense para reforzar sus capacidades ofrece al presidente norteamericano un argumento adicional en su discurso sobre el reparto de cargas.

Para Moncloa, el desafío consiste en explicar cómo concilia la retórica pacifista con una agenda de adquisiciones que, en la práctica, la desmiente. La coherencia entre lo que se dice en la tribuna y lo que se firma en los despachos será un asunto de creciente interés en una Europa que redefine su seguridad bajo la presión de Washington.

Por ahora, el Gobierno no ha ofrecido detalles públicos sobre el destino concreto de la tecnología incluida en el paquete de 75 millones. La publicación oficial del documento, prevista para este lunes, debería aclarar el alcance de la operación y alimentará, con toda probabilidad, el debate político interno sobre la política de defensa del Ejecutivo.

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La advertencia llega con un argumento económico por delante. Le Pen sostiene que el país está «al borde de la suspensión de pagos», con un déficit público que este año rondará el 5,4% y una deuda del 119,3% del PIB. Con ese diagnóstico, la candidata, favorita en las encuestas, anticipa recortes severos si llega al poder y coloca la ayuda militar y humanitaria entre las partidas sacrificables. Según las estimaciones, París ha movilizado unos 26.200 millones de euros desde 2022, entre ayudas bilaterales y aportaciones a través de la Unión Europea.

Reacciones inmediatas en París y Kiev

La respuesta política no se hizo esperar. El ex primer ministro y candidato centrista Gabriel Attal acusó a Le Pen de defender los intereses de Rusia y recordó que apoyar a Ucrania es una forma de defender a Europa. «Una decisión así equivaldría a masacrar a los ucranianos, pero eso no le preocupa en absoluto», afirmó en Franceinfo.

Desde Kiev, Volodímir Zelenski optó por un tono más contenido, aunque igual de claro. «El precio a pagar no es tan alto como las vidas de las personas», declaró al Financial Times, convencido de que Le Pen «no domina ciertos detalles». Y añadió: «No votaré por ella porque soy ucraniano».

Un pulso con Bruselas en el horizonte

El mensaje sobre Ucrania se enmarca en una estrategia más amplia frente a las instituciones comunitarias. Le Pen anunció que defenderá un techo estricto de 5.000 millones de euros a la contribución neta de Francia al presupuesto europeo, unos 4.500 millones menos que lo que paga actualmente. Lo hizo en pleno cruce de negociaciones con la extrema derecha y la derecha dura del grupo Patriotas sobre las próximas cuentas de la Unión.

Estas posiciones reabren las dudas sobre el euroescepticismo de Agrupación Nacional, después de meses de un esfuerzo calculado por moderar su discurso exterior, incluido un cierto distanciamiento de Donald Trump. Si Le Pen llega al Elíseo, Bruselas y Kiev tendrán que prepararse para una Francia dispuesta a medir cada euro de su proyección internacional, con la vista puesta en la cartera y no en la solidaridad europea.

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