«Ahora, hasta nuestro escenario más optimista implica una rebaja del crecimiento», señaló Georgieva en su discurso previo a las reuniones de primavera del FMI y el Banco Mundial, previstas del 13 al 18 de abril en Washington. La economista búlgara apuntó al daño en infraestructuras, las interrupciones en las cadenas de suministro y la pérdida de confianza como los factores que están erosionando las perspectivas económicas mundiales.

Ormuz, el punto de estrangulamiento global

El cierre del estrecho de Ormuz golpea con fuerza la economía internacional. El tránsito de petróleo cae un 13% y el de gas natural, hasta un 20%. El barril de Brent, referencia mundial, escala de los 72 a los 125 dólares. Y otros 45 millones de personas se suman a la inseguridad alimentaria, hasta alcanzar los 360 millones en total.

Georgieva no esquivó la crudeza del momento: «Prepárense para lo peor», anticipó en declaraciones a Bloomberg. La revisión oficial llegará la próxima semana, pero el diagnóstico ya está sobre la mesa. Y la receta que propone el FMI pasa por la cautela: los bancos centrales deben mantener la pausa por ahora, pero estar listos para subir tipos si la inflación amenaza con descontrolarse.

Tipos de interés, la última bala

Georgieva dejó claro que el margen de maniobra es estrecho. «Si las expectativas de inflación amenazan con desanclarse y desencadenar una costosa espiral inflacionaria, entonces los bancos centrales deberían intervenir con firmeza mediante subidas de tipos de interés», advirtió. Subir tipos, sin embargo, frenaría aún más el crecimiento: una tensión que define el dilema al que se enfrentan hoy las principales economías del mundo.

El FMI también lanzó un aviso directo a los gobiernos: nada de medidas unilaterales. Controles de exportaciones, controles de precios o subsidios generalizados pueden agravar la situación global. «No echen gasolina al fuego», pidió Georgieva con rotundidad. Y añadió que estimular la economía con déficit ahora sería «como conducir con un pie en el acelerador y otro en el freno».

El impacto, además, no afectará a todos por igual. Los países más cercanos al conflicto, los importadores netos de energía y quienes carecen de margen fiscal sufrirán las consecuencias con más intensidad. El FMI presentará distintos escenarios, desde una normalización relativamente rápida hasta uno en el que los precios del petróleo y el gas permanezcan elevados durante un período prolongado. En ninguno de ellos, advierte Georgieva, habrá «un retorno ordenado y limpio al estado anterior».

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Con un tono marcadamente crítico hacia la gestión financiera de las últimas décadas, Bayrou describió la situación fiscal como “la más grave desde la fundación de la V República”, aludiendo a un déficit público del 5,8 % del PIB y una deuda que a finales de 2024 alcanzó el 113 % del PIB. Aunque evitó señalar directamente a Emmanuel Macron, el primer ministro recordó que durante la doble presidencia del actual jefe de Estado la deuda nacional creció 14,8 puntos, muy por encima del promedio europeo.

Entre las medidas anunciadas destaca la declaración de 2026 como “año blanco”, durante el cual se congelará el gasto público, incluyendo subsidios a empresas, ayudas sociales e impuestos. A esta contención se suma un incremento de la presión fiscal sobre las rentas más altas, así como un plan contra el fraude fiscal.

El Ejecutivo prevé suprimir 3.000 empleos públicos, limitar los reemplazos por jubilación, y reducir 5.000 millones de euros en los ámbitos de sanidad y seguridad social. Además, se recortarán transferencias del Estado a las regiones y departamentos.

Medidas simbólicas y primeras reacciones políticas

Como medida simbólica pero también con efectos económicos, el Gobierno eliminará dos días festivos del calendario nacional: el Lunes de Pascua y el 8 de mayo, jornada que conmemora la victoria aliada sobre la Alemania nazi. Esta supresión responde a la intención de “reconciliar a los franceses con el trabajo” y elevar la productividad, en palabras del propio Bayrou.

Pese a la dureza del ajuste del recorte de gasto, el primer ministro Bayrou ha insistido en la necesidad de acompañar el rigor fiscal con un impulso a la competitividad y al comercio exterior, a través de nuevas negociaciones multilaterales que puedan facilitar la transición.

Las primeras reacciones no se han hecho esperar. Tanto la Agrupación Nacional como La Francia Insumisa han expresado su rechazo al plan, y han dejado abierta la posibilidad de presentar mociones de censura cuando se retomen los trabajos parlamentarios en otoño.

El Gobierno francés opta así por una estrategia de largo plazo que busca recuperar márgenes fiscales sin depender exclusivamente del crecimiento económico. La gestión de esta nueva etapa marcará el equilibrio político en un país ya tensionado por las exigencias sociales y la volatilidad institucional.

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Las declaraciones tuvieron un impacto inmediato en los mercados. En cuestión de minutos, Wall Street acentuó sus caídas: el índice S&P 500 retrocedió más de un 2% y el Nasdaq llegó a perder más del 3% a media tarde. Para los inversores, las palabras del presidente de la Fed supusieron un jarro de agua fría, al alejar la posibilidad de una bajada de tipos de interés en el corto plazo.

Powell señaló que los datos más recientes muestran una desaceleración del crecimiento económico en el primer trimestre, en comparación con el ritmo sólido registrado el año anterior. Además, advirtió de que la combinación de aranceles y menor actividad económica podría llevar a un aumento del desempleo y a un repunte en la inflación. “Es probable que los efectos de esta situación nos alejen de nuestros objetivos”, subrayó.

“Es probable que los efectos de esta situación nos alejen de nuestros objetivos”

El presidente de la Fed reafirmó su compromiso con la estabilidad de precios como prioridad central. “Nuestra obligación es mantener bien ancladas las expectativas de inflación a largo plazo y evitar que un aumento puntual del nivel de precios se convierta en una inflación persistente”, explicó.

Ante la expectativa de medidas contundentes, Powell defendió la cautela. “Los mercados están luchando con mucha incertidumbre y eso significa volatilidad. Estamos ante un evento histórico e inédito”, dijo. También se mostró sereno frente a las críticas del expresidente Donald Trump, recordando que la independencia de la Fed está respaldada por la ley.

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El canciller Scholz apareció recientemente en el plató frente al Reichstag para la tradicional entrevista de verano con la televisión pública ARD. En contraste con la noche electoral del 9 de junio, donde los resultados de los comicios europeos dejaron al SPD en su peor posición en más de un siglo con un 13.9% de los votos, Scholz permaneció en un perfil bajo tras la debacle electoral. La coalición en su conjunto sumó apenas el 31% de los votos, planteando la pregunta de si podrán mantenerse en el poder hasta el otoño de 2025.

El actual desafío del gobierno es recortar 40.000 millones de euros del presupuesto federal para 2025. Las diferencias internas son evidentes: mientras que el SPD y Los Verdes se oponen a recortes en partidas sociales y abogan por flexibilizar las normas de gasto, el FDP insiste en mantener estrictamente estas normas.

Tensión interna

El panorama interno es tenso, con los líderes conservadores de la oposición llamando a Scholz a elecciones anticipadas. La auténtica competencia, según el politólogo Wolfgang Merkel, no es entre el gobierno y la oposición, sino dentro de la propia coalición. Cada partido está defendiendo los intereses de su propio electorado, lo que incrementa los conflictos internos.

Con más de dos tercios de los alemanes descontentos con la gestión del gobierno, Scholz preside el Ejecutivo más impopular de las últimas décadas. La politóloga Ursula Münch sugiere que, aunque las elecciones anticipadas en Alemania resultan improbables debido a los riesgos para los tres socios de gobierno, el descontento tras las elecciones europeas ha generado una sensación de inestabilidad.

Perspectivas futuras

A pesar de los rumores y las especulaciones, la mayoría de los analistas descartan un adelanto electoral. Thorsten Faas, politólogo de la Universidad Libre de Berlín, destaca que ninguno de los tres partidos de la coalición tiene interés en nuevas elecciones. La estabilidad es un valor muy apreciado por los alemanes, y un nuevo llamado a las urnas podría resultar contraproducente para la coalición.

Disolver el Bundestag y convocar nuevas elecciones es un proceso complejo en Alemania, solo se ha hecho una vez desde la reunificación, en 2005, por Gerhard Schröder. Además, la opción del voto de censura constructivo, que podría destituir al canciller sin nuevas elecciones, no es viable para la oposición conservadora en este momento.

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Dos importantes novedades fueron reveladas por Sánchez durante la presentación. En primer lugar, se eliminarán las comisiones bancarias para gestiones en ventanilla destinadas a personas con discapacidad y mayores. Esta medida busca aliviar la carga financiera para sectores vulnerables de la población.

La segunda novedad consiste en el traspaso del Ingreso Mínimo Vital (IMV) a todas las comunidades autónomas que expresen su interés. Esta descentralización pretende otorgar mayor autonomía a las regiones en la gestión de políticas sociales.

Impuestos a la banca y empresas energéticas

Uno de los puntos de mayor controversia durante las negociaciones fue el tratamiento de los impuestos a la banca y a las empresas energéticas. En relación con la banca, se mantendrá la estructura aprobada hace más de un año, sin los ajustes propuestos por los socialistas. En cuanto a las empresas energéticas, se introducirán deducciones especiales para aquellas que apuesten por la descarbonización en sus inversiones. No obstante, la principal novedad radica en que estos impuestos se vuelven permanentes a finales de 2024, en lugar de ser temporales como originalmente estaba establecido.

La discrepancia entre el PSOE y Sumar respecto a la rebaja fiscal al impuesto de las grandes energéticas quedó evidente en las declaraciones de Yolanda Díaz, líder de Sumar, quien afirmó que no comparten la idea de reducir los impuestos a estas empresas, especialmente cuando están obteniendo beneficios significativos en España en comparación con el resto de Europa.

En materia de transporte público, se acordó mantener la gratuidad en Media Distancia de Renfe y Cercanías. Para otros medios de transporte, como el Metro, se mantendrá una bonificación del 30%, siempre y cuando las comunidades autónomas implementen una reducción adicional del 20%.

Más medidas del decreto anticrisis del Gobierno

Otras medidas incluyen la prórroga de la prohibición de desahucios de familias vulnerables hasta 2025, acordada con EH Bildu, y la rebaja del IVA a alimentos básicos del 4% al 0%, así como la revalorización de las pensiones contributivas al 3,8%.

En relación con la fiscalidad sobre la electricidad y el gas, se anunciaron aumentos progresivos, justificados por la caída de los precios de la energía y medidas como la excepción ibérica obtenida por España en la UE. El IVA sobre la electricidad pasará del 5% actual al 10% durante 2024, mientras que el Impuesto Especial de la Electricidad (IEE) y el Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica (IVPEE) experimentarán incrementos graduales.

El presidente Sánchez destacó que estas medidas buscan mejorar la vida de la población, especialmente en un contexto económico marcado por la incertidumbre derivada de la guerra en Ucrania y la situación en Oriente Medio.

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Christine Lagarde, presidenta del BCE, defendió la necesidad de continuar subiendo los tipos para facilitar la reducción de la inflación en los próximos meses, buscando acercarse al objetivo del 2% establecido por el Banco Central. Aunque la inflación ya está en descenso, en mayo todavía se situaba por encima del 6% en la zona euro, según datos de Eurostat.

Nueva y ¿última? subida en julio

Durante su declaración, Lagarde dejó claro que el trabajo aún no está concluido. «No hemos llegado a nuestro destino. A no ser que cambie el escenario, habrá otra subida en julio», aseguró.

El BCE admite que este ciclo de incrementos está impactando en las economías familiares y en la economía general de los países que utilizan el euro. «Las anteriores subidas de los tipos acordadas por el Consejo de Gobierno se están transmitiendo con fuerza a las condiciones de financiación y están afectando gradualmente a toda la economía», señaló un comunicado emitido por el organismo.

Recesión europea

Según las previsiones revisadas a la baja por los economistas del BCE, se espera que la economía europea, que entró en recesión en el primer trimestre de este año, apenas crezca un 0,9% en 2023.

La acción del BCE contrasta con la decisión de la Reserva Federal de Estados Unidos de poner en pausa los incrementos de los tipos de interés. La entidad americana argumenta la necesidad de evaluar el impacto que tendrán sobre la actividad económica y la inflación las diez subidas de tipos acordadas en el último año y medio. Sin embargo, también prevé que las subidas en Estados Unidos no han terminado y que es probable que se produzcan dos incrementos más antes de finalizar el año.

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Si bien se prevé que en 2023 el desempleo mundial disminuya a los niveles anteriores a la pandemia – hasta 191 millones de personas, que corresponde a una tasa global de desempleo de 5,3 por ciento – las estimaciones muestran que los países de bajos ingresos siguen muy por detrás en el proceso de recuperación, según el Observatorio de la OIT sobre el mundo del trabajo – Undécima edición .

La OIT estima que los países de bajos ingresos en África y en la región árabe tienen pocas probabilidades de recuperar este año los niveles de desempleo anteriores a la pandemia. Se estima que la tasa de desempleo de 2023 para África del Norte se ubicará en 11,2 por ciento (10,9 por ciento en 2019); para el África Subsahariana en 6,3 por ciento (5,7 por ciento en 2019); y para los Estados Árabes en 9,3 por ciento (8,7 por ciento n 2019). Otras regiones han logrado reducir sus tasas de manera substancial, por debajo de los niveles anteriores a la crisis: 6,7 por ciento en América Latina y el Caribe (8,0 por ciento en 2019), 6,3 en Europa del Norte, Meridional y Occidental (7,0 por ciento en 2019) y 7,8 por ciento en Asia Central y Occidental (9,2 por ciento en 2019).

Crecientes disparidades en materia de empleo

Más allá de las tasas de desempleo, un nuevo indicador desarrollado por la OIT, la brecha de empleo, ofrece una medida más exhaustiva de la demanda insatisfecha de empleo, sobre todo en los países en desarrollo. Este indicador comprende todas las personas que desearían trabajar pero no tienen un empleo.

Las variaciones en la brecha del empleo apuntan a una disparidad mundial en el empleo. Los países de bajos ingresos enfrentan la mayor tasa de brecha de empleo, de un alarmante 21,5 por ciento, mientras que la tasa en los países de ingresos medios se sitúa en poco más de 11 por ciento. Los países de altos ingresos registran las tasas más bajas, de 8,2 por ciento. Además, los países de bajos ingresos constituyen el único grupo de países que ha registrado un incremento a largo plazo de la tasa de brecha de empleo, de 19,1 por ciento en 2005 a 21,5 por ciento en 2023, señala el informe.

El aumento de los niveles de la deuda limita las respuestas políticas a las múltiples crisis

Para los países en desarrollo, los crecientes niveles de la deuda y otros desafíos, reducen considerablemente el alcance de las intervenciones políticas. Las dificultades financieras y fiscales obstaculizan las respuestas a amenazas complejas, que incluyen conflictos, catástrofes naturales y crisis económicas que tiene a reforzarse mutuamente (policrisis), agravando la brecha de empleo. Según el informe, los países en desarrollo de bajos ingresos agobiados por la deuda enfrentan una brecha de empleo mucho más alta, de hasta 25,7 por ciento en 2023, frente a 11 por ciento en los países en desarrollo con bajo riesgo de sobreendeudamiento.

Ampliar la protección social para alcanzar la justicia social

El informe evidencia además carencias significativas en materia de políticas de protección social en los países en desarrollo y aporta nuevas pruebas de que mayores inversiones en este ámbito aportarían beneficios económicos, sociales y del empleo, y reducirían la brecha mundial de empleo.

El estudio analiza las pensiones básicas de vejez, en especial en los países de ingresos medios-bajos y de ingresos bajos, donde sólo 38,6 por ciento y 23,2 por ciento de los ancianos reciben, respectivamente una pensión, frente a 77,5 por ciento a nivel mundial. El Observatorio constata que la introducción de una pensión de ancianidad en los países en desarrollo aumentaría su PIB per capita de 14,8 por ciento en 10 años y reduciría la pobreza extrema (porcentaje de personas que viven con menos de 2,15 dólares diarios) de 6 puntos porcentuales, una reducción drástica de la tasa actual de 15,5 por ciento.

La financiación de la protección social es difícil, pero no imposible, sostiene el informe. Para los países en desarrollo, el costo anual de las pensiones de vejez al nivel de las líneas de pobreza nacional equivaldría a 1,6 por ciento de su PIB.

Es necesario un apoyo financiero coordinado

El análisis aporta un argumento sólido para el apoyo financiero mundial a la creación de empleo y la protección social durante un período de múltiples crisis y perturbaciones, a fin de garantizar que la recuperación y la reconstrucción no dejen a nadie atrás y apoyen una transformación estructural a largo plazo. El informe destaca la importancia vital de crear un espacio fiscal para las inversiones sociales en los países de bajos ingresos. Esto debe ser considerado con urgencia como parte de la discusión actual sobre la reforma de la arquitectura financiera internacional.

«Invertir en las personas a través del empleo y la protección social contribuirá a reducir la brecha entre las naciones y las personas ricas y pobres».

“Las conclusiones de este informe nos recuerdan con fuerza las crecientes desigualdades mundiales. Invertir en las personas a través del empleo y la protección social contribuirá a reducir la brecha entre las naciones y las personas ricas y pobres. Es por este motivo que la OIT está lanzando la Coalición Mundial para la justicia social. Esta Coalición reunirá una gran diversidad de órganos multilaterales y partes interesadas. Ayudará a posicionar la justicia social como la piedra angular de una recuperación mundial, y hará que se convierta en una prioridad de las políticas y acciones nacionales, regionales y mundiales”, declaró el Director General de la OIT, Gilbert F. Houngbo.

*Nota de prensa remitida por la Organización Internacional del Trabajo el día 31 de mayo de 2023. Foro Diplomático es ajeno al contenido editorial.

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En un discurso reciente, Biden subrayó la gravedad de un posible incumplimiento, describiéndolo como «catastrófico» y con potencial para llevar al país a una recesión. El acuerdo logrado también incluye algunas restricciones al gasto público.

El límite de deuda, que actualmente se sitúa en 31,4 billones de dólares, se suspenderá hasta el 1 de enero de 2025. Asimismo, el acuerdo propone recortes de fondos para el Departamento del Tesoro y la reanudación de pagos de deudas estudiantiles, entre otras medidas.

Goldman Sachs reduce la probabilidad de recesión en Estados Unidos

Las consecuencias de este acuerdo también se han reflejado en el sector financiero. El banco de inversión Goldman Sachs ha rebajado su previsión de recesión en los EEUU del 35% al 25% en los próximos 12 meses y prevé un posible aumento de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal en julio.

Goldman Sachs cree que las reducciones de gasto, impulsadas por Biden y su acuerdo con los republicanos, resultantes del nuevo techo de deuda serán menores, y que deberían mantener un impulso fiscal global prácticamente neutral durante los próximos dos años. Además, prevé que la tasa de la Fed se sitúe entre el 5.25% y el 5.5%, alineándose con las proyecciones de Deutsche Bank y UBS.

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La entidad financiera Silicon Valley Bank fue intervenida el pasado viernes por los reguladores bancarios estadounidenses ante la veloz fuga de depósitos que sufría. Hasta el mismo presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, han tenido que decir públicamente que los depósitos norteamericano están a salvo, después de la oleada de pánico desatada en los mercados y que también ha tenido sus reflejos en España.

“El sistema bancario es sólido. Sus depósitos están seguros”.

“El sistema bancario es sólido. Sus depósitos están seguros”, apunto el mandatario estadounidense.Biden hablaba después de que las autoridades financieras estadounidenses anunciaran el domingo que garantizarán todos los depósitos del SVB, cuya quiebra el viernes amenazaba con arrastrar a otras entidades financieras regionales y crear una crisis de confianza en el sistema bancario del país, tal y como recoge El País.

Alarmas encendidas

El colapso del SVB ha encendido muchas alarmas en los mercados. Por un lado, Wall Street cerró este viernes en rojo y el Dow Jones de Industriales, su principal indicador, cayó un 1,07%. Además, se ha registrado una subida del 27% del índice de volatilidad VIX, también conocido como ‘el medidor del miedo’ en Wall Street.

El temor radica en que el contexto económico sea el prólogo de una nueva crisis financiera como en 2008, la mayor quiebra bancaria y una de las más importantes en la historia de Estados Unidos. Algunos expertos apuntan a que esta incertidumbre también puede explicarse a la subida de tipos de interés, que al igual que en Europa, ha encarecido el precio del dinero en circulación.

El miedo a una nueva crisis mundial sigue patente en los mercados de medio mundo. La posibilidad de contagio está ahí, pese a que las bolsas europeas y sus bancos han recuperado algo de terreno esta semana. Según publica La Vanguardia, los analistas de Goldman Sachs, uno de los grupos de banca de inversión más influyentes del país, pronostican un cambio de rumbo momentáneo en la política monetaria estadounidense al asegurar que la Fed no subirá los tipos de interés en su reunión de la semana que viene a consecuencia de la tormenta desatada en el sector bancario por el colapso de SVB

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La medida se queda a medio camino desde lo que propuso el gobierno galo hace unos meses, ya que finalmente serán los hipermercados quienes tengan la libertad para definir sus propias cestas de la compra contra la inflación y no les vendrá impuesta. De esta forma, los productos elegidos por cada supermercado llevará una etiqueta común: ‘Trimestre antiinflación’, tal y como recoge La Vanguardia.

La inflación en Francia es una de las más bajas de la eurozona, pero está muy por encima de sus registros históricos y ha repuntado en el último mes. El país cerró febrero -último dato disponible- con una tasa de precios del 7,2%, un punto por debajo del nivel de la eurozona (8,5%). Sin embargo, la inflación de los alimentos alcanzó en Francia el 14,5% en febrero respecto a hace un año, según publica El Correo.

Precedente para España

Con cifras muy cercanas a la inflación de Francia se sitúa España. Con el anuncio del gobierno francés,  el ministro de Agricultura español, Luis Planas, ha instado a valorar «positivamente» la medida para adoptar políticas parecidas en territorio nacional.

«Las empresas pueden plantear iniciativas similares en nuestro país que lleve a una contención de los precios».

«Las empresas pueden plantear iniciativas similares en nuestro país que lleve a una contención de los precios, pero siempre con respeto a la Ley de la Cadena Alimentaria y que no sea en perjuicio de la industria ni de los productores», aseguró, recordando que desde el ministerio ya han planteado a la distribución que contenga «en la medida de lo posible» los precios de los alimentos.

Quien también ha celebrado la medida de Francia de pactar precios con los supermercados ha sido la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, quien propuso una medida similar hace meses que no llegó a término.

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