El Gobierno de Giorgia Meloni ha rechazado el ultimátum lanzado por Pedro Sánchez y ha prorrogado los controles fronterizos sobre ciudadanos españoles hasta al menos el 15 de agosto, desafiando abiertamente al Ejecutivo español e intensificando una crisis diplomática que tensiona el espacio Schengen en pleno verano. El Palazzo Chigi ha dejado claro que solo levantará las restricciones cuando tenga «la certeza de que no existen riesgos para la seguridad ni amenazas terroristas, que no habrá una nueva ola migratoria y que no hay migrantes irregulares dirigiéndose hacia territorio europeo».

La medida, que Italia activó el pasado sábado de forma unilateral y sin aviso previo, surgió a raíz de la llegada masiva de inmigrantes a Ceuta procedentes de Marruecos. Consiste en solicitar aleatoriamente el DNI o el pasaporte a los españoles que lleguen a puertos y aeropuertos italianos, algo que La Moncloa califica de «injusto, contrario a los intereses de la Unión Europea y discriminatorio para la población española».

Albares responde desde Colombia: «un torpedo en la línea de flotación de Europa»

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, lo ha dicho sin rodeos desde Colombia, donde acompaña al Rey en la toma de posesión de Abelardo de la Espriella: «Esta medida se dirige y ataca a los españoles y a Europa» y supone «un torpedo en la línea de flotación de la Unión Europea». Albares reclama a Roma que «retire las medidas injustificadas» introducidas contra ciudadanos de un socio comunitario, y recuerda que Italia es precisamente el país de la UE que acumula «el mayor número de entradas irregulares».

Desde La Moncloa añaden un argumento que Roma no puede ignorar: ninguno de los migrantes que cruzaron Ceuta irregularmente pudo acceder al espacio Schengen, ya que la ciudad autónoma tiene un régimen especial, y «la práctica totalidad de ellos ya han retornado a Marruecos». El Ejecutivo también señala que, desde la llegada de Meloni al poder en 2022, Italia «no cumple el Reglamento de Dublín», generando presión migratoria adicional sobre el resto de socios, mientras que España «nunca ha introducido controles» a los ciudadanos italianos, llegando incluso a acoger migrantes de Lampedusa en 2023.

Crisis de Schengen en plena temporada alta

El momento elegido agrava el impacto: las restricciones están «afectando a la movilidad de miles de pasajeros y generando inseguridad jurídica en pleno periodo estival», según el Gobierno español. La amenaza de «adoptar medidas proporcionales para proteger los intereses y la dignidad» de los españoles, con plazo hasta el domingo 9 de agosto, no ha movido a Roma un milímetro.

El Ejecutivo de Sánchez cierra su posición asegurando que confía en que «el europeísmo, el sentido común y la buena fe se impongan», aunque carga contra lo que interpreta como motivaciones electorales internas en Italia. La crisis pone sobre la mesa una pregunta incómoda para Bruselas: qué ocurre cuando dos socios comunitarios se enfrentan abiertamente por la gestión migratoria y uno de ellos decide que el libre movimiento de personas es negociable.