El Consejo Nacional de Derechos Humanos (CNDH) de Marruecos ha publicado un informe en el que acusa a las fuerzas de seguridad españolas de agredir presuntamente a inmigrantes en Ceuta "cuando no hay cámaras", en referencia a los hechos ocurridos el pasado 30 de julio, cuando unos 72.000 extranjeros entraron de forma ilegal en la ciudad autónoma desde territorio marroquí.
El documento, fechado el 6 de agosto y elaborado por un organismo dependiente del Gobierno de Rabat, recoge "múltiples testimonios concordantes sobre malos tratos y agresiones físicas presuntamente cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad españolas". Los equipos de seguimiento del CNDH aseguran haber constatado "lesiones y contusiones visibles" en jóvenes que regresaron a Marruecos tras el intento de cruce, algunos de los cuales "presentaban dificultades para caminar". El informe también responsabiliza a grupos extremistas presentes en la ciudad por agresiones de "carácter racista y xenófobo", cuya actuación atribuye, en parte, a la "falta de asistencia y protección adecuada" por parte de las autoridades españolas.
Las críticas no se dirigen solo a los cuerpos de seguridad del Estado. El CNDH señala igualmente a agentes y soldados por "intervenir y desalojar" restaurantes y locales que se habían ofrecido voluntariamente a dar asistencia a los inmigrantes que deambulaban por las calles buscando alimento.
El Gobierno de Vivas, en el punto de mira
El organismo marroquí también apunta directamente al Gobierno de la Ciudad Autónoma, liderado por Juan Vivas, al que acusa de ordenar el cierre de establecimientos comerciales, cafés y restaurantes durante la crisis. Según el informe, esta medida "impidió que las personas afectadas pudieran adquirir alimentos y agua y las expuso a situaciones de hambre y deshidratación", incluyendo entre los afectados a menores, mujeres y personas en situación de vulnerabilidad. El texto señala que "algunas necesitaron asistencia médica".
El informe de nueve páginas va más allá de la crítica a la gestión española y analiza las causas que desencadenaron la crisis migratoria. El CNDH atribuye la entrada masiva a una campaña de desinformación extendida en redes sociales a raíz del fallo del Tribunal Supremo que impide las denominadas devoluciones en caliente de quienes crucen a nado. En su investigación, el organismo identificó 23 grupos de mensajería que reunían en conjunto a más de un millón de miembros, con una media de 1.400 publicaciones diarias. La noche del 29 al 30 de julio circularon mensajes que aseguraban que "la frontera estaba abierta" y que quienes alcanzaran Ceuta o Melilla a nado "ya no podrían ser objeto de devolución". Los mensajes incluían información sobre rutas, puntos de concentración y coordinación de cruces colectivos.
Un patrón que recuerda a Melilla 2022
El tono y las conclusiones del informe recuerdan al documento publicado por el propio CNDH en julio de 2022, tras la muerte de 23 personas en la valla de Melilla. En aquella ocasión, el organismo responsabilizó al Gobierno de España de no auxiliar a los fallecidos, y su presidenta, Amina Bouayach, elegida por el rey Mohamed VI, llegó a acusar a la Guardia Civil de "impedir" que se salvaran vidas. La reiteración del esquema —crisis migratoria, presión diplomática desde Rabat y señalamiento a Madrid— refuerza la lectura de que estas acusaciones responden también a una lógica de influencia bilateral, más allá del debate estrictamente humanitario.
