El Parlamento surcoreano aprobó este sábado, con 204 votos a favor de un total de 300, la destitución del presidente Yoon Suk-yeol, acusado de haber quebrantado la Constitución al declarar una sorpresiva ley marcial el pasado 3 de diciembre. Esta medida, que permaneció vigente solo seis horas, se ha considerado un intento de socavar las bases democráticas del país. Ahora, el futuro de Yoon depende del Tribunal Constitucional, que tendrá hasta seis meses para decidir si confirma su destitución o lo reintegra en el cargo.
Hasta entonces, el primer ministro, Han Duck-soo, asumirá las funciones presidenciales. Han, reconocido como tecnócrata y figura de consenso, prometió estabilizar el gobierno en un momento de gran tensión política y social.
Un proceso histórico en la democracia surcoreana
La aprobación de la moción representa un duro golpe político para Yoon, quien asumió el cargo en mayo de 2022 y cuya gestión ha estado marcada por constantes bloqueos legislativos y una drástica caída de popularidad. Encuestas recientes reflejaron un apoyo ciudadano de apenas el 11%, mientras que casi un 75% de los surcoreanos se posicionó a favor de su destitución.
El Partido Democrático (PD), principal fuerza opositora, lideró la iniciativa de destitución en colaboración con otros partidos minoritarios, argumentando que la declaración de ley marcial violó la Constitución y los principios fundamentales de la democracia surcoreana. La moción necesitaba el apoyo de al menos ocho diputados del gobernante Partido del Poder Popular (PPP), y finalmente 12 parlamentarios rompieron filas para votar a favor.
Miles de personas se congregaron frente a la Asamblea Nacional en Seúl para celebrar la votación, en un ambiente de júbilo. Los manifestantes portaban pancartas, varas luminosas e incluso elementos característicos de la cultura k-pop, mostrando su rechazo a un mandatario que consideraban un «zombi político» tras la controvertida medida.
Tensiones internas y desafíos futuros
La caída del presidente Yoon también desvela profundas divisiones dentro de su partido. Desde que la medida fue revertida en una sesión extraordinaria, se han intensificado las investigaciones sobre su papel en la trama de la ley marcial. Entre las revelaciones más impactantes destacan órdenes directas al ejército para interrumpir la sesión parlamentaria que anuló su decreto y arrestar a líderes opositores, lo que podría derivar en cargos por insurrección, un delito grave que en Corea del Sur puede conllevar la pena de muerte.
El presidente, a través de un mensaje grabado tras la votación, insistió en que no abandonará la lucha. “Haré una pausa, pero mi viaje con la nación no termina aquí”, declaró, defendiendo su decisión como un “acto de gobierno” necesario.