Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han entrado este miércoles en la sede nacional del PSOE en la calle Ferraz de Madrid por orden del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz. El magistrado ha ampliado la causa contra la exmilitante socialista Leire Díez e imputa ahora al exsecretario de Organización del partido Santos Cerdán, al exvicepresidente de la Junta de Andalucía Gaspar Zarrías y a varios colaboradores por una presunta trama dirigida a desestabilizar procedimientos judiciales que afectaban al PSOE.
La UCO ha requerido en Ferraz facturas emitidas desde 2024 y ha requisado varios móviles. La hipótesis que maneja la investigación apunta a que Cerdán, en colaboración con la gerencia del partido, habría pagado a Díez sus servicios como fontanera mediante facturas falsas. No es la primera visita de la unidad a la sede socialista: ya estuvo el pasado 20 de junio, cuando Cerdán fue imputado por el presunto amaño de contratos de obra pública.
De forma simultánea, los agentes han registrado un inmueble de Zarrías en Madrid, el domicilio del empresario Javier Pérez Dolset en Móstoles y la vivienda de Cerdán en Milagro (Navarra). También han entrado en la sede de la Dirección General de la Guardia Civil para recabar los expedientes disciplinarios abiertos a mandos que investigan al PSOE.
Una imputación que alcanza a la gerente del PSOE y a un diputado en activo
Pedraz ha imputado a Cerdán, Díez, Zarrías, Pérez Dolset y al abogado Ismael Oliver por delitos que incluyen organización criminal, cohecho, revelación de secretos, inducción al falso testimonio, falsedad en documento mercantil, tráfico de influencias y delito contra las instituciones del Estado. También ha ordenado investigar al abogado de Cerdán y a un guardia civil por revelación de secretos y cohecho.
El juez considera además que la gerente de la Secretaría de Organización del PSOE, Ana María Fuentes, aparece como al menos cómplice y posible autora de falsedad en documento mercantil. Fuentes negó en el Senado la existencia de una caja B y aseguró que no había «ningún pago en efectivo» sin documentar. El magistrado ha hallado también indicios de colaboración del expresidente de Correos Juan Manuel Serrano Quintana y del diputado del PSOE por Jaén y secretario de Política Municipal Juan Francisco Serrano Martínez, aunque precisa que habrá que esperar al avance de la investigación para concretar responsabilidades penales.
Sánchez promete colaboración desde Roma mientras el PSOE apela a la «tranquilidad»
La operación llega apenas dos días después de que se conociese el sumario completo del caso Plus Ultra, por el que el juez José Luis Calama citó como imputado al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por tráfico de influencias y blanqueo de capitales, acumulando así una nueva presión judicial sobre el entorno socialista.
Pedro Sánchez, en visita oficial a Roma, prometió la «colaboración» del partido con la Justicia y pidió respetar la presunción de inocencia, al tiempo que mantuvo su apoyo a Zapatero. Desde Moncloa aseguraron ser «los primeros interesados en que la verdad se esclarezca». El PSOE, por su parte, trasladó «tranquilidad», defendió que se trata de un mero «requerimiento de documentación» y subrayó que la colaboración fue «plena», aunque el juez Pedraz considera que «la actividad presuntamente delictiva investigada resulta grave» tanto por las posibles penas como por el elevado importe de las transacciones económicas investigadas.
