El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha situado al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero como presunto líder de una red dedicada al tráfico de influencias, articulada para obtener beneficios económicos a través de gestiones ante instancias públicas en favor de la aerolínea Plus Ultra. Así consta en el auto de 85 páginas por el que el magistrado acuerda citar a Zapatero como investigado.
Según el instructor, el expresidente «habría puesto sus contactos personales y su capacidad de acceso a altos cargos de la Administración al servicio de terceros interesados en obtener decisiones favorables» al rescate de la compañía, que recibió 53 millones de euros del Fondo de Apoyo a la Solvencia gestionado por la SEPI.
Una estructura jerarquizada con ramificaciones internacionales
El juez describe una red organizada y jerarquizada en la que Zapatero ocuparía el vértice. En un segundo nivel, su amigo Julio Martínez actuaría como interlocutor habitual de los clientes, receptor de instrucciones directas del exjefe del Ejecutivo y responsable del entramado societario destinado a canalizar los fondos. La gestión cotidiana recaería sobre María Gertrudis Alcázar Jiménez, secretaria de la oficina de Zapatero, y sobre Cristóbal Cano, como gestor del entorno societario vinculado a Martínez.
Los pagos habrían circulado a través de contratos de asesoría y consultoría, utilizados como «mera justificación documental frente a terceros». La empresa clave, Análisis Relevante, habría remitido 490.780 euros directamente a Zapatero y 239.755 euros a What the fav, mercantil cuyas administradoras y socias son sus hijas. Otras sociedades vinculadas a la trama habrían completado los flujos hacia el entorno del expresidente, elevando los beneficios a cerca de dos millones de euros.
La estructura no se circunscribe a España. Siguiendo instrucciones de Zapatero, afirma el auto, se creó la sociedad off-shore Landside Dubai Fzco para canalizar el cobro del 1% del rescate —530.000 euros— pactado con Plus Ultra. El juez también apunta a una segunda línea de influencia orientada a obtener autorizaciones de vuelo para la aerolínea ante el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil de Venezuela (INAC), lo que conecta la trama con el Gobierno de Caracas.
Acceso a información privilegiada antes de la decisión formal
Uno de los indicios que el instructor considera más reveladores es que dos de los investigados celebraron en febrero de 2021 la concesión de la ayuda a Plus Ultra semanas antes de su aprobación definitiva, el 9 de marzo, lo que apunta a un acceso anticipado a información privilegiada sobre la decisión del órgano competente.
El juez califica provisionalmente los hechos como delito de tráfico de influencias, al concurrir los tres elementos del tipo: influencia ejercida, orientación a obtener una resolución administrativa concreta y vinculación entre esa influencia y el beneficio económico obtenido.
El magistrado ha aceptado el registro de la oficina de Zapatero y de tres mercantiles investigadas, pero ha rechazado el del domicilio particular del expresidente, al considerar que no hay elementos suficientes que justifiquen una actuación que no puede convertirse en «meramente exploratoria o prospectiva». El Gobierno de España, que supervisó institucionalmente el proceso de rescate a través de la SEPI, mantiene un silencio llamativo ante la gravedad de lo que el juez describe: una trama que, presuntamente, permeó las decisiones de la Administración desde dentro.
