El Tribunal Supremo ha confirmado el procesamiento del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un presunto delito de revelación de secretos, relacionado con la difusión de un correo electrónico confidencial vinculado al empresario Alberto González Amador. La resolución de la Sala de Apelación, adoptada por mayoría, rechaza el recurso presentado por el fiscal general contra el auto de procedimiento abreviado dictado por el magistrado Ángel Hurtado, consolidando así los indicios que sustentan la apertura de juicio oral.

Se trata de una decisión con consecuencias institucionales de largo alcance, al situar por primera vez a un fiscal general del Estado a las puertas del banquillo. La vista oral podría celebrarse antes de que finalice el año, salvo dimisión anticipada de García Ortiz, posibilidad que él mismo ha descartado por el momento. El Gobierno mantiene públicamente su respaldo, mientras que la presión para su salida crece desde la oposición y ciertos sectores de las carreras judicial y fiscal.

La Sala ha archivado por unanimidad la causa contra la fiscal jefa provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, al considerar que los indicios contra ella eran insuficientes. No obstante, ha avalado el núcleo del relato del instructor en lo que respecta al fiscal general: que la filtración del correo electrónico se produjo tras una frenética reacción de García Ortiz a una información incorrecta publicada en la prensa, lo que supuso una ruptura del deber de reserva institucional.

Aunque no se ha acreditado que actuara por indicación del Gobierno, los jueces consideran probado que García Ortiz impulsó personalmente la divulgación del contenido confidencial. Este se refería al reconocimiento, por parte del abogado de González Amador, de dos delitos fiscales, y a su intento de alcanzar un acuerdo que evitase la prisión.

Más detalles del caso

El fallo destaca que la difusión se habría producido poco después de que García Ortiz recibiera el correo por parte de Rodríguez, a última hora del 13 de marzo de 2024. La posterior publicación en la Cadena SER minutos después se considera un indicio clave por los jueces. La destrucción de los mensajes y correos electrónicos del fiscal general ha sido otro de los elementos que ha pesado en la decisión de la Sala, que interpreta esa conducta como un “potente contraindicio”.

El magistrado Andrés Palomo, en voto particular discrepante, cuestiona esa lectura, al señalar que la ausencia de colaboración del investigado no puede erigirse en prueba de cargo. También discrepa de la valoración indiciaria general, por considerar que no hay base suficiente para sostener una acusación penal con viabilidad de condena.

El caso se inscribe en un momento especialmente sensible para la Fiscalía, a semanas del inicio del año judicial, cuyo acto solemne prevé la intervención del fiscal general ante el Rey y la cúpula del sistema judicial. Si García Ortiz continúa en el cargo, lo hará bajo la sombra del procesamiento, en un contexto que puede tener implicaciones duraderas para la credibilidad institucional del Ministerio Público.