El Tribunal Supremo ha rechazado amnistiar el delito de malversación de caudales públicos relacionado con el procés independentista catalán de 2017. Esta decisión afecta a varios líderes independentistas, incluyendo a Oriol Junqueras, exvicepresidente de la Generalitat, y Carles Puigdemont, expresidente autonómico y actualmente huido de la justicia. El Supremo ha decidido mantener las órdenes de detención nacional contra Puigdemont, así como contra sus antiguos consejeros Toni Comín y Lluís Puig. Además, el tribunal mantiene las inhabilitaciones impuestas a otros líderes independentistas, como Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa.
Cinco de los seis magistrados de la Sala de lo Penal han respaldado la decisión del tribunal, con un voto particular en contra de la magistrada Ana Ferrer. El presidente de la sala, Manuel Marchena, ha redactado la resolución. El tribunal también ha decidido plantear una cuestión de inconstitucionalidad para determinar si la amnistía puede aplicarse al delito de desobediencia.
El juez instructor, Pablo Llarena, ha concluido que los delitos de desobediencia atribuidos a Puigdemont, Comín, Lluís Puig y Marta Rovira pueden ser amnistiados. Sin embargo, anularon la orden de detención contra Rovira únicamente por la desobediencia, aunque sigue enfrentándose a otros cargos por delitos de terrorismo en la Audiencia Nacional.
La decisión del Supremo representa un revés para el gobierno de Pedro Sánchez, que había promovido una ley de amnistía tras las elecciones generales de 2023. La ley fue una exigencia de los partidos independentistas a cambio de apoyar la investidura de Sánchez.
La clave: «ánimo de lucro»
El tribunal argumenta que la malversación no puede recibir la amnistía debido a la existencia de un “ánimo de lucro” y un beneficio patrimonial personal. Además, menciona que los delitos cometidos afectaron potencialmente los intereses financieros de la Unión Europea, lo cual también impide la aplicación de la amnistía.
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) había amnistiado recientemente la malversación atribuida a Miquel Buch, exconsejero de Interior de la Generalitat. Sin embargo, el Supremo ha adoptado una postura diferente, considerando que los líderes del procés se beneficiaron patrimonialmente al utilizar fondos públicos para financiar el desafío independentista.
La Sala de lo Penal del Supremo también ha criticado el proceso acelerado de aprobación de la ley de amnistía por el Parlamento, señalando las dificultades interpretativas derivadas de su rápida tramitación. Los magistrados han expresado su desacuerdo con lo que consideran una lenidad del legislador español frente a los malversadores condenados, en contraste con la postura de la Unión Europea.
EEl alto tribunal ha mantenido una postura firme contra la amnistía de la malversación en el contexto del procés, preservando las órdenes de detención y las inhabilitaciones contra los líderes independentistas, y planteando importantes cuestionamientos sobre la aplicación de la ley de amnistía promovida por el gobierno.
