La Comisión Europea ha optado por recalibrar uno de los pilares más emblemáticos de su política climática al abrir la puerta a una flexibilización del veto a los coches con motor de combustión a partir de 2035. La decisión, anunciada en Estrasburgo, responde a una combinación de presiones industriales, cambios en el contexto geopolítico y la preocupación creciente de varios gobiernos por la competitividad de un sector estratégico para la economía europea.
El giro impulsado por el Ejecutivo comunitario se enmarca en la revisión anticipada de la normativa aprobada en 2023, que establecía la prohibición total de emisiones de CO₂ para los vehículos nuevos desde 2035. Según la nueva propuesta, los fabricantes deberán reducir un 90% sus emisiones respecto a los niveles de 2021, mientras que el 10% restante podrá compensarse mediante créditos medioambientales vinculados, entre otros factores, al uso de acero de bajas emisiones producido en la Unión Europea o de combustibles sintéticos y biocombustibles. Bruselas concede además más margen temporal a la industria, con objetivos intermedios menos exigentes entre 2030 y 2032.
Este replanteamiento se produce en un contexto de “tormenta perfecta” para el sector automovilístico europeo. La competencia de los fabricantes chinos, especialmente en vehículos eléctricos de bajo coste, se ha intensificado, mientras que los aranceles impuestos por Donald Trump en Estados Unidos y la pérdida de cuota de mercado en Asia han erosionado la posición de grupos históricos, sobre todo alemanes. A ello se suma una demanda interna de coches eléctricos más débil de lo previsto, lo que ha ralentizado los planes de electrificación total.
Hacia la transición realista
El comisario de Clima, Wopke Hoekstra, ha defendido que la Comisión mantiene el rumbo hacia la neutralidad climática en 2050, pero reconoce que la transición exige ajustes realistas. Bruselas permitirá que sigan comercializándose vehículos de combustión con distintos grados de hibridación, incluidos los híbridos enchufables y los eléctricos de autonomía extendida, una tecnología que algunos grandes fabricantes ya exploran como solución intermedia.
La revisión ha contado con el respaldo explícito de líderes como el alemán Friedrich Merz y con el apoyo político del presidente del Partido Popular Europeo, Manfred Weber. Alemania, Italia y varios países de Europa central han reclamado abiertamente mayor flexibilidad. En el extremo opuesto, Pedro Sánchez ha pedido mantener intacto el objetivo de cero emisiones en 2035 y ha advertido del riesgo de diluir la ambición climática europea. Organizaciones como Greenpeace también presionan para que no se abra la puerta a una marcha atrás estructural.
Pese a las diferencias, la Comisión insiste en que evaluará de nuevo el marco regulatorio en 2035 para garantizar que la Unión no se desvía de sus compromisos a largo plazo. El mensaje que traslada Bruselas es claro: la transición verde sigue siendo estratégica, pero se adaptará a un entorno internacional cada vez más competitivo y políticamente fragmentado.
