El nuevo caso de presunta corrupción en torno al sector energético ucranio abre un frente político que alcanza al entorno más cercano de Volodímir Zelenski en un momento crítico para la estabilidad institucional del país. Las investigaciones de la Oficina Nacional Anticorrupción (NABU) y de la Fiscalía Anticorrupción (SAPO) señalan un posible fraude millonario dentro de Energoatom, la empresa estatal responsable de la energía nuclear, y reavivan el debate sobre la independencia de los organismos creados para controlar el poder durante la guerra. Las pesquisas llevaron a registros en las oficinas de Energoatom y en los domicilios del ministro de Justicia, German Galushchenko, y del empresario Timur Mindich, amigo íntimo y socio del presidente en su etapa audiovisual.
Mindich abandonó el país horas antes de la intervención policial, según confirmó la prensa local, y su salida añade presión política a Zelenski, que afronta el desafío de demostrar que su círculo cercano no interfiere en las investigaciones. La oposición ya había advertido en julio de que existían grabaciones que implicaban al empresario en prácticas irregulares y que ese contexto explicaba el intento fallido del presidente para limitar la autonomía de la NABU y el SAPO.
Las agencias anticorrupción difundieron audios que apuntan a un sistema de comisiones del 15 por ciento para adjudicar contratos públicos y a sobrecostes que triplicaban el valor real del material técnico. El caso afecta a varios altos cargos y sitúa a Galushchenko en el centro del escrutinio debido a su etapa como ministro de Energía. Diputados de la oposición afirman que Mindich actuaba como intermediario entre funcionarios del Ministerio y empresas privadas, aunque todavía no se conocen pruebas concluyentes sobre su papel dentro de la trama.
Investigación
El foco también se dirige a Firepoint, la compañía de defensa creada por Mindich en 2022. Su desarrollo acelerado y la producción de sistemas como el dron FP-1 o el misil Flamingo generaron expectativas en plena invasión, pero medios ucranios aseguran que la firma infló costes para obtener más fondos públicos. Este episodio emerge cuando Ucrania sufre la peor crisis energética desde el inicio de la guerra. Los bombardeos rusos han dejado a muchas ciudades con cortes de más de 12 horas, y Zelenski insiste en que no permitirá negligencias en la gestión de infraestructuras críticas.
El caso se cruza además con la detención del exjefe de Ukrenergo, Volodímir Kudritski, acusado de blanqueo de capitales y abuso de poder. Organizaciones nacionales y europeas cuestionan la causa y temen una persecución política. Su posición alimenta la desconfianza ciudadana en un contexto en el que la población afronta frío, apagones y la sensación de que los beneficios de la guerra apuntan hacia arriba mientras las penurias se reparten abajo.
La dimensión del escándalo inquieta a Bruselas. La comisaria europea de Ampliación, Marta Kos, advirtió que la presión sobre los organismos anticorrupción puede ralentizar el proceso de adhesión si el Gobierno no garantiza su autonomía. La UE considera esta lucha el eje central de las reformas ucranias y evalúa cómo cada episodio afecta al camino institucional del país. La percepción pública sigue deteriorándose. Ciudadanos como Olga Fedechishena, funcionaria jubilada de Kiev, describen la situación como “inconcebible” mientras soportan cortes de luz prolongados. Y desde el Gobierno, figuras como Natalia Boiko apelan al ahorro energético como una responsabilidad colectiva.
