La confesión de Alex Saab ante la Justicia de Estados Unidos ha vuelto a situar en el centro del debate la conexión entre la trama venezolana de corrupción y blanqueo de capitales y dos nombres que incomodan especialmente al Gobierno de Pedro Sánchez: la aerolínea Plus Ultra y el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. El acuerdo de culpabilidad alcanzado por el principal testaferro de Nicolás Maduro lo obliga a entregar a las autoridades estadounidenses información, documentos y activos vinculados a una red que durante años movió dinero venezolano a través de empresas pantalla y cuentas bancarias en múltiples países.
Saab ha reconocido su participación en una estructura de sobornos y blanqueo de alcance internacional. La cooperación con el Departamento de Justicia implica que Washington tendrá acceso a un volumen relevante de documentación que podría arrojar luz sobre operaciones financieras aún no esclarecidas del todo. Entre ellas, las que afectan a Plus Ultra.
El Tesoro de EE.UU. ya había identificado, en una decisión previa que incluyó sanciones, una transferencia vinculada a la aerolínea española dentro de una estructura financiera relacionada con fondos de PDVSA, la petrolera estatal venezolana, y con el propio Saab. Aquel hallazgo no tuvo consecuencias judiciales inmediatas en España, pero la nueva fase de cooperación del testaferro con la Justicia estadounidense reabre la vía.
El silencio del Ejecutivo ante una pregunta que no desaparece
El Gobierno español rescató Plus Ultra en 2021 con 53 millones de euros de fondos públicos a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), una decisión que desde el principio generó dudas sobre el origen del capital de la aerolínea y la solidez de su modelo de negocio. La oposición y varios medios cuestionaron entonces quién había financiado realmente la compañía y qué vínculos tenía con el entorno venezolano. El Ejecutivo de Sánchez nunca ofreció una respuesta satisfactoria.
El papel de Zapatero tampoco ha quedado suficientemente explicado. El expresidente socialista ha actuado durante años como interlocutor extraoficial entre el régimen de Maduro y distintos gobiernos occidentales, una actividad que sus defensores presentan como mediación humanitaria y sus críticos como cobertura política a una dictadura. Su nombre aparece con recurrencia en investigaciones periodísticas que vinculan su entorno con estructuras financieras venezolanas.
La confesión de Saab no resuelve, por sí sola, ninguna de estas preguntas. Pero la obligación de entregar documentación a EE.UU. podría convertirse en el detonante que reactive investigaciones en las que España ha mostrado, hasta ahora, una llamativa falta de iniciativa.
