El Senado de España ha aprobado este jueves la reforma del Código Penal impulsada por el Gobierno y los socios de investidura. Esta modificación trae consigo la supresión del delito de sedición y una rebaja del de malversación. Para el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, califica de «arriesgadas» las medidas de supresión de la sedición y la rebaja de la malversación, aunque, en su opinión, necesarias para resolver la crisis territorial en Cataluña generada por el procés. La reforma ha recibido el visto bueno por 140 votos a favor, 118 en contra y tres abstenciones y entrará en vigor en el plazo de veinte días una vez se publique en el Boletín Oficial del Estado.
Durante el debate en la Cámara Alta, PP, Vox y Ciudadanos han advertido que la entrada en vigor de reforma obligará a los tribunales a revisar a la baja decenas de sentencias de casos de corrupción ya juzgados.
El castigo máximo para la malversación sin ánimo de lucro se rebajará a 4 años, cuando ahora se pueden imponer hasta 8 años y se puede llegar a los 12.
El delito de sedición desaparece, para convertirse en uno agravado de desórdenes públicos, y la pena máxima de 15 años pasa a ser de 5. Mientras, el castigo máximo para la malversación sin ánimo de lucro se rebajará a 4 años, cuando ahora se pueden imponer hasta 8 años y se puede llegar a los 12 si la cantidad malversada supera los 250.000 euros.
Delitos que afectan a líderes del procés
La reforma afecta de lleno a los dos delitos por los que recibieron condena líderes independentistas que intentaron forzar un referéndum de independencia en la región de Cataluña. La modificación del Código Penal no ha estado exenta de polémica al haber encontrado por el camino feroces críticas por parte de distintos grupos parlamentarios que ven este movimiento como una concesión al nacionalismo catalán.
Según El Confidencial, el inédito cambio en el Código Penal supone una modificación de ley orgánica que, sin embargo, no ha contado con los informes consultivos pertinentes —como el del CGPJ, el Consejo de Estado o el Consejo Fiscal— al tramitarse por el procedimiento de urgencia y conforme a una técnica legislativa inédita, que implica reformas de calado mediante un texto ómnibus en las Cortes.
