El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha acordado imputar a las dos hijas del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, Alba y Laura Rodríguez Espinosa, así como a su secretaria personal, Gertrudis Alcázar, en el marco del caso Plus Ultra. La decisión llega apenas 24 horas después de que Zapatero se convirtiera en el primer presidente del Gobierno en democracia en declarar ante un tribunal por delitos de corrupción, y sitúa a su entorno más inmediato en el centro del procedimiento como nuevas investigadas.
El instructor actúa a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, que la semana pasada solicitó expresamente que tanto las hijas como la secretaria del expresidente socialista fueran llamadas en calidad de imputadas y no de testigos. El juez fijará próximamente fecha para sus declaraciones.
El motivo central de la imputación de las hijas reside en su condición de administradoras de Whathefav, una sociedad mercantil registrada en mayo pasado cuya operativa, según el magistrado, aparece vinculada indiciariamente al entramado investigado. Para Calama, quien ostenta la representación formal de una persona jurídica presuntamente instrumental asume una posición directa respecto a los hechos, lo que justifica su citación como investigadas sin necesidad de acreditar todavía su participación subjetiva en los delitos.
Citarlas como testigos comprometería sus derechos fundamentales
El juez razona con precisión por qué no cabe llamarlas como testigos: hacerlo les impondría la obligación de decir verdad y les privaría del derecho a no declarar contra sí mismas, lo que vulneraría garantías constitucionales básicas. «La alternativa citarlas como testigos generaría un riesgo, al obligarlas a declarar bajo veracidad sobre hechos que, en un estadio posterior, podrían serles atribuidos en calidad de partícipes», advierte el auto.
En paralelo, Calama rechaza la mayoría de las diligencias solicitadas tanto por la acusación popular unificada, liderada por el Partido Popular, como por la defensa del expresidente, que ejerce el abogado Víctor Moreno. El PP había pedido, entre otras medidas, la imputación del exministro José Luis Ábalos, de su asesor Koldo García y del presidente de Correos, Pedro Saura, así como la imposición de una fianza por la deuda impagada de Plus Ultra. El juez rechaza esta última petición con un argumento de fondo: esta pieza separada no investiga la regularidad del rescate público ni el funcionamiento del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (SEPI), sino las conductas concretas de tráfico de influencias y el posible blanqueo de capitales asociado.
El auto también recuerda que, mientras no llegue respuesta a la solicitud de cooperación enviada a Estados Unidos en relación con el teléfono de Rodolfo Reyes Rojas, accionista de Plus Ultra cuyos mensajes comprometen al expresidente, no es posible valorar la petición de la defensa al respecto.
El caso avanza así hacia un escenario en el que el despacho de Zapatero, señalado por el juez como «el centro físico del entramado», y su correo electrónico, descrito como «principal canal de comunicación interna de la red», quedan cada vez más integrados en el núcleo de la investigación.
