El Gobierno de Pedro Sánchez ha activado una de las regularizaciones extraordinarias de inmigrantes más amplias desde la Transición, un movimiento con impacto directo en el modelo migratorio, laboral y político de España. El Consejo de Ministros ha aprobado por Real Decreto un proceso que podría beneficiar a cerca de 500.000 extranjeros, una cifra que sitúa la medida entre las más ambiciosas de la democracia y que reabre un debate de fondo sobre la gestión de los flujos migratorios y la capacidad del Estado para integrar a medio plazo a cientos de miles de personas.
El Ejecutivo asume una iniciativa que nació como Iniciativa Legislativa Popular, pero opta por una vía que reduce el margen de control parlamentario. La decisión de Pedro Sánchez de recurrir al Real Decreto responde, según el propio Gobierno, a una “urgencia social”, aunque también permite sortear una oposición frontal del Partido Popular, que ya ha cuestionado el fondo y la oportunidad política de la regularización. El uso de este instrumento refuerza una tendencia habitual del actual Ejecutivo: priorizar la rapidez y el control del calendario político frente a un debate legislativo más amplio.
El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, dirigido por Elma Saiz, ha diseñado el proceso con criterios amplios. Podrán acogerse los extranjeros que acrediten una residencia continuada en España de al menos cinco meses antes del 31 de diciembre de 2025, así como solicitantes de protección internacional que hubieran iniciado su petición antes de esa fecha. Para demostrar la permanencia bastará con documentación diversa, pública o privada, siempre que no existan antecedentes penales ni riesgos para el orden público.
Permiso de residencia y trabajo
La regularización otorgará un permiso de residencia y trabajo válido para todo el territorio nacional y cualquier sector, con una vigencia inicial de un año. El Gobierno confía en que esta autorización funcione como puente hacia los mecanismos ordinarios del Reglamento de Extranjería. Los menores ya presentes en España quedarán también cubiertos, con permisos de hasta cinco años, una decisión que consolida la vocación estructural de la medida y no solo su carácter excepcional.
El calendario apunta a la apertura del plazo de solicitudes a principios de abril y su cierre el 30 de junio. La mera admisión a trámite permitirá trabajar en un plazo máximo de 15 días, lo que introduce presión sobre una administración que la propia ministra reconoce que aún debe “ajustar el engranaje”. La falta de concreción sobre los canales de solicitud refuerza las dudas sobre la capacidad operativa del Estado para absorber el volumen previsto.
Aunque el Gobierno insiste en que no se trata de una anomalía, sino de una práctica conocida en España y en la UE, la decisión de Pedro Sánchez llega en un contexto político especialmente sensible. La oposición denuncia que el Ejecutivo utiliza la regularización como cortina de humo frente a otros frentes abiertos y como concesión a sus socios parlamentarios. Más allá del debate inmediato, la medida consolida una estrategia migratoria que prioriza soluciones extraordinarias y reactiva una discusión pendiente: si España está construyendo una política migratoria sostenible o simplemente parchea sus déficits estructurales a golpe de decreto.
