El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha ordenado el despliegue de la Guardia Nacional en Washington D.C. y ha asumido el control directo de la policía local de la capital. Esta decisión pretende, según la Casa Blanca, reforzar la seguridad ante la supuesta escalada del crimen en la ciudad y responder al problema de las personas sin hogar. El anuncio se produjo en una declaración pública, en la que Trump estuvo acompañado por miembros de su gabinete y altos cargos de seguridad. Desde el Gobierno federal se ha confirmado que la intervención tendrá una duración de 30 días, conforme a lo estipulado por la ley sobre la autonomía del Distrito de Columbia. Además, agentes del FBI apoyarán las labores de patrullaje nocturno.
Aunque la administración Trump argumenta la necesidad de estas medidas ante lo que califica como un “deterioro” de la seguridad, los datos públicos muestran una fuerte reducción de la delincuencia. Según informes recientes del Departamento de Justicia, los delitos violentos en Washington disminuyeron un 35% en el último año y se encuentran en el nivel más bajo de las últimas tres décadas. Sin embargo, Trump sostiene que la capital atraviesa una crisis de inseguridad y ha llegado a comparar la situación con la de ciudades tradicionalmente asociadas a altos índices de criminalidad.
«Crisis de inseguridad».
El despliegue de la Guardia Nacional en ciudades con gobiernos opositores y poblaciones mayoritariamente racializadas ya se ha dado previamente, como ocurrió en Los Ángeles, donde la medida también fue objeto de controversia y motivó una demanda judicial por parte del gobierno estatal.
Organizaciones defensoras de los derechos humanos han advertido que la aplicación de estrategias militarizadas en el ámbito urbano aumenta los riesgos de tensión y estimula escenarios de confrontación, mientras que la alcaldesa de Washington, Muriel Bowser, ha calificado la intervención federal como “desconcertante e improcedente”.
Polarización política
A lo largo de su mandato, la relación de Trump con la ciudad de Washington D.C. ha estado marcada por el enfrentamiento político y la crítica recurrente hacia la gestión local. La capital, de mayoría demócrata, ha sido objeto de reiteradas declaraciones en las que el presidente cuestiona la limpieza, la seguridad y la calidad de vida de los residentes. El incidente reciente que afectó a un exempleado federal y las discusiones sobre políticas migratorias han tenido peso en la narrativa presidencial, consolidando un discurso orientado a destacar una supuesta crisis en la ciudad.
El inicio del control federal coincide con el contexto de una agenda política nacional marcada por la polarización, en la que el uso de las fuerzas armadas para tareas policiales genera debate legal y social. Sectores diversos subrayan la importancia de preservar el equilibrio entre la seguridad y el respeto a la autonomía local, así como la necesidad de que toda intervención estatal se base en datos objetivos y busque soluciones a largo plazo para los desafíos urbanos.
