La administración de Donald Trump ha logrado uno de sus objetivos más ambiciosos en América Latina: desplazar a las petroleras chinas y rusas de Venezuela mediante un acuerdo que sitúa al magnate Alejandro Betancourt —con un perfil salpicado de problemas judiciales— como eje del nuevo esquema energético del país. El pacto reordena décadas de influencia eurasiática en la Franja del Orinoco, pero genera más incertidumbres que certezas entre analistas y mercados.
El acuerdo, sellado entre Washington y la presidenta interina venezolana Delcy Rodríguez, otorga derechos de explotación sobre más de 17 campos estratégicos —con reservas probadas de unos 65.000 millones de barriles— durante un periodo de hasta 100 años. La estructura la lidera North American Blue Energy Partners (NABEP), empresa de Betancourt, en la que el Departamento de Estado estadounidense tomará una participación del 35% y conservará el derecho prioritario de compra sobre el 20% de la producción a precio de coste.
«Es una operación, como todo lo que hace Trump, bastante extraña, mostrando mucho poderío americano en el acuerdo», señalan analistas especializados en energía. En términos más optimistas, apuntan a que esto podría «simplemente abrir la puerta para que se firmen acuerdos entre el Estado venezolano y otras compañías ya sobre el terreno, como los que ya están bastante avanzados de Chevron o la italiana ENI«.
China y Rusia pierden posiciones en el Caribe
Durante dos décadas, la china CNPC y la rusa Rosneft mantuvieron una posición dominante en Venezuela a través de empresas mixtas con la estatal PDVSA. Los nuevos decretos energéticos revocan las licencias de operadores de países no alineados con Washington y transfieren esos activos a NABEP y socios occidentales seleccionados. Si el objetivo de Trump era eliminar esa competencia estratégica, lo ha conseguido. Que la operación tenga futuro real es otra cuestión.
La gran beneficiada entre las compañías ya establecidas es Repsol, que ha logrado consolidar y ampliar su presencia tras ajustarse al nuevo marco regulatorio. La empresa española asegura proyectos de desarrollo de gas y crudo ligero en aguas profundas y en el occidente venezolano, con socios como la india ONGC y Chevron.
ExxonMobil y ConocoPhillips, fuera por ahora
En el extremo opuesto, ExxonMobil y ConocoPhillips se mantienen al margen pese a los repetidos llamamientos de Trump. Representantes de ambas firmas han expresado dudas sobre las garantías jurídicas de los contratos centenarios firmados a través de Betancourt, a lo que se suman los arbitrajes millonarios pendientes desde las expropiaciones chavistas y el riesgo de un eventual giro político en Washington o en Caracas que invalide las concesiones.
La paradoja es evidente: la intromisión directa del gobierno federal en el mercado genera desconfianza precisamente entre los gigantes privados a los que Trump quiere atraer.
El panorama se complica además por el deterioro estructural de las infraestructuras venezolanas. Reconstruir la capacidad productiva exigirá inversiones superiores a los 100.000 millones de dólares y varios años de trabajos intensivos, lo que hace improbable cualquier impacto a corto plazo en los precios del crudo. La ambigüedad sobre el futuro de Venezuela dentro de la OPEP añade otra capa de volatilidad a un escenario que la industria mundial sigue con cautela.
