El presidente Donald Trump ha ordenado el envío de centenares de agentes federales adicionales a Minneapolis pese a las peticiones de autoridades estatales y locales para rebajar la tensión tras varios días de protestas. La decisión llega después de que, el miércoles, un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) disparara y matara a Renee Nicole Good, ciudadana estadounidense, durante un incidente en la ciudad.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, comunicó que el refuerzo se desplegará “hoy y mañana” y defendió que el objetivo consiste en permitir que los agentes “trabajen de forma segura”. Noem también responsabilizó a dirigentes locales —entre ellos el alcalde Jacob Frey, según su argumentación— de alimentar un clima que, a su juicio, incrementa el riesgo contra funcionarios federales. Desde el Gobierno, la versión oficial sostiene que Good intentó usar su vehículo como arma contra el agente Jonathan Ross.

Sin embargo, vídeos difundidos del suceso han intensificado el debate público porque, según interpretaciones recogidas en distintos espacios mediáticos, las imágenes no muestran de forma concluyente un intento de atropello y sugieren que la conductora trataba de abandonar el lugar. En uno de los vídeos, Good se dirige al agente con una frase conciliadora —“No estoy enfadada contigo”— poco antes de recibir los disparos. El caso sigue abierto y aún no existe una conclusión judicial sobre la secuencia exacta de hechos.

«Terrorista doméstica»

La polémica también se ha centrado en la respuesta política inmediata. Noem calificó a Good como “terrorista doméstica” en declaraciones públicas posteriores al tiroteo y ha mantenido esa caracterización. En entrevistas recientes, periodistas le han confrontado con las imágenes y con la ausencia de un dictamen final de la investigación.

En paralelo, Noem vinculó el aumento del despliegue federal a un escándalo de fraude relacionado con programas de asistencia social surgidos durante la pandemia, en un contexto donde Minnesota cuenta con una amplia comunidad somalí. La Administración ha presentado esa línea como parte de una agenda anticorrupción, mientras que distintas voces subrayan que entre los imputados figuran ciudadanos estadounidenses por nacimiento o naturalización y que el alcance del fraude requiere delimitación caso por caso.

En el frente institucional, dirigentes demócratas han criticado tanto el tiroteo como la estrategia comunicativa del Gobierno. La senadora Tina Smith ha cuestionado la coordinación entre autoridades estatales y federales y ha acusado a la Administración de construir una narrativa destinada a proteger al agente implicado. Trump, por su parte, ha respaldado públicamente al agente y ha defendido que actúa con “absoluta inmunidad”, un punto que varios juristas discuten y que previsiblemente abrirá nuevos frentes legales y políticos.