Por primera vez desde su debut en 1961, España, a través del Consejo de RTVE, ha comunicado oficialmente que no participará en el Festival de Eurovisión si la Unión Europea de Radiodifusión (UER) permite la presencia de Israel en la edición de 2026. Esta decisión no sólo marca un hito en la trayectoria española en el certamen, sino que inaugura un nuevo campo de presión política en el ámbito cultural europeo, al situar la postura del presidente de RTVE y su Consejo como motor de cambio en los equilibrios del festival.

El Consejo de Administración de RTVE, presidido por José Pablo López, ha adoptado esta postura tras un debate marcado por el contexto del conflicto en Gaza y el llamamiento de diferentes miembros del Gobierno, como el ministro de Cultura Ernest Urtasun. Con una mayoría afín al Ejecutivo –diez de los quince consejeros–, el órgano de gobierno de RTVE ha optado por condicionar la participación española a una eventual expulsión de la delegación israelí, alineando su posición con la creciente presión de otros países europeos, como Países Bajos, Irlanda, Eslovenia e Islandia, que han manifestado posturas similares en las últimas semanas.

Conflicto de Gaza

El texto aprobado por el Consejo argumenta su decisión sobre la base del informe de Naciones Unidas que califica las operaciones militares israelíes en Gaza como “genocidio”, subrayando el impacto humanitario derivado del conflicto. Todos los consejeros han manifestado su condena a las muertes de civiles, si bien se ha recogido la paradoja de mantener la presencia española en otras competiciones internacionales donde participa Israel.

La medida, pionera entre los denominados países del Big Five –grupo formado por España, Reino Unido, Francia, Alemania e Italia–, genera tensiones adicionales en el seno de la UER. La influencia económica y organizativa de estos Estados, que acceden automáticamente a la final y sostienen gran parte del presupuesto del festival, implica que la retirada española podría tener un efecto multiplicador sobre la estructura de la competición, con posibilidades de desencadenar movimientos similares en socios clave como Francia.

RTVE condiciona su emisión cultural

Fuentes de RTVE aseguran que, si Israel participa, la cadena no retransmitirá el festival el próximo mayo en Austria y mantendrá en paralelo la celebración del Benidorm Fest, lo que permite a la corporación preservar su apuesta por la música y la proyección internacional, independientemente del desenlace en Eurovisión.

Aunque la UER mantiene, por el momento, su postura de aceptar los planteamientos de todos los miembros hasta diciembre, el caso subraya la dificultad de preservar la supuesta apoliticidad del festival en contextos de alta polarización política. Antecedentes recientes, como la expulsión de Rusia en 2022 debido a su papel en la invasión de Ucrania, añaden presión para una respuesta clara de la organización.

La decisión de José Pablo López y el bloque de consejeros gubernamentales trasciende el mero acto simbólico y proyecta una incógnita sobre la unidad del Big Five y el futuro de las alianzas en el marco eurovisivo. Un precedente que, a corto plazo, reconfigura tanto el presente del festival como la posición internacional de España en eventos de referencia cultural.