Medio siglo después de la Marcha Verde, Rabat afirma haber culminado su objetivo estratégico sobre el Sáhara Occidental. La nueva resolución del Consejo de Seguridad de la de la Organización de Naciones Unidas, aprobada sin votos en contra —con Rusia y China absteniéndose—, define el plan de autonomía marroquí como base para una salida política al conflicto. Esta decisión de la ONU marca un punto de inflexión que, según Mohamed VI, consolida el reconocimiento internacional del enfoque defendido por Marruecos desde hace décadas.

La Marcha Verde de 1975, lanzada por Hasán II en pleno final del franquismo, abrió una etapa que transformó el mapa político del Magreb. Tras la salida española y una guerra prolongada entre Marruecos y el Frente Polisario, la región vivió un alto el fuego desde 1991 bajo supervisión de la Minurso, misión que nunca logró activar el prometido referéndum de autodeterminación. Rabat presentó en 2007 su propuesta de autonomía bajo soberanía marroquí y, con el giro diplomático de varios actores clave —incluida España en 2022—, la agenda internacional ha virado hacia una solución pactada basada en esa vía.

Naser Burita, ministro de Exteriores marroquí, interpreta la resolución como el paso que transforma la autonomía de “opción” a “solución”. Su lectura enlaza con la estrategia gradual de Rabat, que ha combinado presión diplomática, reformas internas y una narrativa de estabilidad para reforzar su posición. Aun así, el reto persiste: Marruecos necesita formular ante la comunidad internacional un modelo de “autonomía verdadera”, adaptado a la Constitución de 2011, y convencer a la población saharaui exiliada en Tinduf y a una diáspora que supera las decenas de miles de personas.

Situación del Sáhara Occidental

Dentro del territorio, voces afines al Gobierno, como líderes tribales saharauis integrados en la estructura local, señalan avances económicos y urbanísticos. Otros ciudadanos y activistas denuncian restricciones políticas y cambios demográficos que, a su juicio, alteran el carácter saharaui del territorio. Organizaciones civiles reclaman inversiones centradas en desarrollo social, no solo en infraestructuras, y lamentan la ausencia de universidades en la región.

El Frente Polisario sostiene que la resolución solo legitima negociar una salida “justa y duradera” y exige que cualquier autonomía compita en referéndum con la opción de independencia. Argelia mantiene su apoyo al Polisario pese a la resolución, mientras Rabat considera su modelo como la vía para reconciliar estabilidad regional y reconocimiento internacional.

La ONU busca ahora impulsar una negociación sostenida que estabilice el Magreb y reduzca tensiones regionales, en un escenario donde Marruecos proyecta liderazgo diplomático a largo plazo y donde la cuestión saharaui continúa siendo un eje estratégico en el Norte de África. La posición internacional ha evolucionado, pero el desenlace sigue dependiendo de la capacidad de las partes para acordar un marco que combine representación política, garantías de derechos y estabilidad territorial.