El canciller alemán Friedrich Merz y sus socios socialdemócratas cerraron este jueves un acuerdo para poner en marcha 34 reformas estructurales destinadas a sacar a Alemania del estancamiento económico. El paquete, presentado en rueda de prensa en Berlín, abarca desde cambios en el sistema de pensiones y el mercado laboral hasta la construcción de vivienda asequible y una revisión del modelo fiscal. «Persigue un único objetivo: volver a poner a Alemania en marcha», resumió Merz.
El contexto no podía ser más exigente. La mayor economía de Europa encadena dos años de recesión, enfrenta un pronóstico de crecimiento del 0,5% para 2025 y arrastra una crisis estructural en sectores estratégicos como el automotriz. La presión demográfica, que amenaza la sostenibilidad del sistema de pensiones y agrava la escasez de mano de obra, completa un cuadro que llevaba meses demandando una respuesta política clara. «Algunos, incluso entre las filas de la coalición, estaban preocupados por si seríamos capaces de hacer frente a los retos de nuestro tiempo», admitió el propio canciller.
Más impuestos a los ricos y alivio para las rentas medias
En materia fiscal, el acuerdo combina una desgravación para rentas bajas y medias —que el Gobierno calcula en hasta 600 euros anuales por hogar— con un aumento de la presión sobre las rentas más altas. A partir de 250.000 euros de renta imponible, el tipo máximo será del 45%, y se introduce un tramo adicional del 47% para ingresos superiores a 280.000 euros. El ministro de Finanzas, Lars Klingbeil, copresidente del SPD, lo justificó sin rodeos: «Las personas con mayores ingresos asumirán una parte mayor. Esto es justo». La reforma fiscal, con un volumen de desgravación de casi 10.000 millones de euros anuales, comenzará a aplicarse en enero de 2027.
En el mercado laboral, la medida más llamativa es la ampliación de los contratos temporales sin causa justificada hasta un máximo de 48 meses —el doble del plazo actual—, prorrogables hasta seis veces dentro de ese periodo. La coalición también elimina la posibilidad de solicitar la baja médica por teléfono y exige certificado médico desde el primer día de ausencia, una decisión que Merz reconoció como «dura» pero inevitable ante lo que calificó de «desventaja competitiva» para las empresas alemanas.
Pensiones vinculadas a la esperanza de vida y vivienda sin expropiaciones
En pensiones, el Gobierno adopta las 33 recomendaciones de una comisión de expertos e introduce un elemento de capitalización privada obligatoria: trabajadores y empresas deberán destinar hasta el 2% del salario anual a un fondo complementario. La edad de jubilación, fijada actualmente en 67 años, quedará vinculada a la esperanza de vida a partir de 2031, lo que equivale a aproximadamente medio año adicional de trabajo por década hasta alcanzar los 70 años en 2092. Se elimina, además, la jubilación anticipada sin penalización a los 63 años.
En vivienda, la coalición anuncia la creación de una sociedad pública para promover la construcción de vivienda social, aunque descarta expresamente la nacionalización de constructoras o del parque de alquiler privado. «Queremos construir, no expropiar», sintetizó Klingbeil.
Ahora el Gobierno deberá traducir este acuerdo en legislación concreta, un proceso que requerirá la colaboración con los Länder, con competencias relevantes en áreas como la fiscalidad o la vivienda. El reloj político apremia: Merz quiere cerrar las principales reformas antes de que acabe el año.
