León XIV eligió España para pronunciar el primero de sus discursos ante un parlamento, y no desperdició la ocasión en el Congreso de los Diputados. Ante diputados y senadores de las Cortes españolas, el Pontífice reclamó una renovación moral que, lejos de resultar genérica, aterrizó con precisión quirúrgica sobre los debates legislativos más sensibles del momento: el aborto, la eutanasia y la libertad de educación.
El Papa se presentó «como Pastor de la Iglesia católica» y aclaró desde el principio que respeta «la misión propia de las instituciones y la legítima responsabilidad de quienes han recibido el mandato de legislar». Pero también les formuló una pregunta que sobrevoló toda la intervención: qué concepción de la persona humana inspira las leyes que aprueban y qué tipo de sociedad construyen con ellas.
El discurso, cuidadosamente elaborado, evocó la herencia intelectual de la Escuela de Salamanca, que hace cinco siglos introdujo «en el discernimiento histórico la pregunta por el valor irreductible de todo ser humano y los límites morales del poder». León XIV trazó una línea directa entre aquel legado y las decisiones que hoy se toman en las Cortes, sugiriendo que esa tradición obliga.
La vida, el aborto y la eutanasia: un mensaje sin rodeos
La parte más incómoda para el Gobierno de Sánchez llegó cuando el Papa aplicó esos principios a cuestiones concretas. «Toda vida humana debe ser reconocida y custodiada desde su concepción hasta su ocaso natural», afirmó. La frase no cayó en el vacío: esta semana arrancan en el Congreso los debates para ampliar los supuestos de la eutanasia, y el Ejecutivo estudia constitucionalizar el aborto como derecho fundamental.
León XIV advirtió que «el reconocimiento de la dignidad inviolable de la persona humana no puede quedar subordinado a consensos sociales mudables o al vaivén de las mayorías de cada momento». Y fue más lejos: «¿Puede llamarse plenamente justa una comunidad que deja en la sombra al niño aún no nacido, al anciano, al enfermo, a quien sufre en silencio?». Cuando la certeza sobre la dignidad de toda vida se oscurece, subrayó, «los más vulnerables son las primeras víctimas».
El Pontífice extendió esa defensa de la dignidad al ámbito familiar y educativo, reivindicando el «derecho primario e inalienable» de los padres a elegir la formación de sus hijos, y a las migraciones, que calificó de «cuestión eminentemente moral y jurídica» que exige respuestas coordinadas, no solo gestión de flujos.
Libertad religiosa y un aviso sobre el secreto de confesión
El Papa también llamó a proteger la libertad de conciencia y de religión, advirtiendo de que «la legítima autonomía del orden temporal jamás debe interpretarse como hostilidad hacia el fenómeno religioso». En ese marco, defendió expresamente el secreto de confesión frente a los intentos de varios países occidentales de obligar a los sacerdotes a quebrantarlo, apoyándose en el Acuerdo de Helsinki y en jurisprudencia de la Corte Penal Internacional.
Su intervención culminó con una llamada a moderar el debate público y a cultivar lo que denominó una «cultura de la reciprocidad», rechazando que «la pluralidad política degenere en descalificación permanente del adversario». Una petición que, en el contexto de la crispación parlamentaria española, sonó tan pertinente como difícil de cumplir.
León XIV se convierte así en el quinto Papa en dirigirse a un parlamento, tras Juan Pablo II en Italia, Benedicto XVI en el Reino Unido y Alemania, y Francisco en Estados Unidos. Su mensaje deja una pregunta abierta sobre la mesa de las Cortes: qué entiende cada formación política por dignidad humana cuando vota.
