El instructor del caso que investiga a Begoña Gómez concluye que la esposa del presidente del Gobierno utilizó su posición privilegiada en Moncloa para influir en sus intereses privados.

Begoña Gómez se sirvió de su «condición de esposa de» Pedro Sánchez para «influir» en sus negocios privados. Así lo sostiene el juez Juan Carlos Peinado en su instrucción, que apunta directamente a la cúpula del Ejecutivo: desde la llegada de la pareja al Palacio de la Moncloa, según el magistrado, «se tomaron decisiones» favorables a la cátedra que dirige Gómez. El propio domicilio oficial del presidente sirvió de escenario para celebrar «reuniones» en las que su esposa hizo valer, presuntamente, su cercanía al poder.

La tesis del instructor no deja mucho margen a la interpretación: Gómez habría explotado no solo su relación «personal» con el líder del PSOE, sino también la influencia que este ejerce sobre «el resto de la administración». Una cadena de favores que, de confirmarse, dibujaría un cuadro de interferencias entre la vida pública de Sánchez y los intereses privados de su entorno más íntimo.

Cuando el despacho presidencial actúa como sala de negocios

Este tipo de casos plantea preguntas de largo recorrido sobre los límites entre la institución y la familia del que la ocupa, un debate que trasciende fronteras y que afecta a la credibilidad de cualquier ejecutivo, independientemente de su signo político. En España, sin embargo, el contexto adquiere una dimensión especial: Sánchez lleva meses esquivando la presión judicial con una narrativa de persecución, pero la acumulación de frentes judiciales —y ahora este auto con carga específica sobre su figura— complica el relato.

La defensa del presidente ha descartado irregularidades y ha señalado la instrumentalización política del proceso, argumentos que el círculo gubernamental repite con disciplina. Pero las conclusiones del juez Peinado no se sustentan en hipótesis: se apoyan en una reconstrucción de hechos que sitúa el Palacio de la Moncloa en el centro de una presunta operación de influencia.

Sánchez ya no solo lidia con la presión opositora o con la aritmética parlamentaria que sostiene, con alfileres, su coalición de gobierno. Ahora enfrenta algo más incómodo: un relato judicial que lo coloca en el origen mismo del problema, no como testigo lejano, sino como figura cuya posición habría habilitado, según el magistrado, las condiciones para que Begoña Gómez actuara con la cobertura del Estado.