La militarización de la respuesta al terremoto del 24 de junio empieza a fracturar la relación entre el régimen de Nicolás Maduro y su propia ciudadanía en Venezuela. Lo que comenzó como un desastre natural de enorme magnitud en el estado de La Guaira deriva con rapidez en una crisis política y social protagonizada por el control de la información, el bloqueo a la prensa y el choque frontal entre los uniformados y las familias que buscan a sus muertos.
El Ministerio de Comunicación e Información (Minci) ordenó la suspensión total del acceso de corresponsales internacionales a las zonas más afectadas durante 48 horas, coronando una semana de trabas progresivas. Antes de esa orden, el Ejecutivo ya había impuesto un cupo de apenas 90 plazas diarias en autobuses gubernamentales escoltados, el único canal autorizado para que los periodistas llegaran al litoral central. Los reporteros que intentaron moverse por sus propios medios chocaron con controles de la Guardia Nacional Bolivariana que exigían salvoconductos especiales y acreditaciones del Minci.
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) denunció públicamente la medida: «Impedir el reporte en el terreno no resuelve la emergencia. Con el paso de las horas, la situación sanitaria puede agravarse y el país necesita información verificada y oportuna, especialmente las familias de las víctimas».
Rescatistas internacionales presionados para agradecer al Gobierno
La lógica de control no se ha limitado a la prensa. Los propios rescatistas internacionales han recibido presiones para convertirse en altavoces del relato oficial. Héctor Méndez, integrante del operativo mexicano conocido como el topo mayor, lo describió sin rodeos: «Una muchacha de una televisión local llegó y me dijo que lo que tenía que decir que tenía que agradecer a su presidenta. Mira, mija, tengo 80 años y no me vas a venir a decir qué decir. No eres mi jefa. Yo no soy político, soy rescatista».
La denuncia apunta a una prioridad que el palacio presidencial apenas disimula: evitar la circulación de imágenes de hospitales colapsados, refugios precarios y la escasez extrema de bienes básicos. El Gobierno ha intentado además centralizar las donaciones recogidas por organizaciones eclesiásticas y vecinales bajo sus propias estructuras de distribución, lo que ha generado acusaciones de confiscación.
Familias que no esperan al Estado
En los márgenes de los perímetros militares, la tensión escala cada hora. Familias desesperadas, equipadas con herramientas rudimentarias, burlan los cordones de seguridad para internarse en zonas catalogadas como «restringidas» y buscar a sus seres queridos o colaborar con brigadas voluntarias. Varios uniformados han sido señalados por los propios vecinos de saquear inmuebles destruidos en el área de desastre, una acusación que agrava la desconfianza hacia el aparato militar.
El rescatista chileno Francisco Lermanda, con más de dos décadas de experiencia en catástrofes naturales en el continente, resume el problema con precisión: los países «suelen cometer el error de politizar y militarizar la gestión de la crisis» y las decisiones terminan siendo tomadas por quien tiene «más estrellas en su gorra» o «el arma más grande».
Mientras las réplicas geológicas pierden intensidad, el sismo político en Venezuela no hace más que crecer.
