La Comisión Europea da un giro significativo en su postura fiscal y estudia abrir una válvula de escape presupuestaria para que los estados miembros puedan afrontar la crisis energética sin chocar con el Pacto de Estabilidad. El Ejecutivo comunitario se inclina por permitir que los gobiernos destinen hasta un 0,3% del PIB a gastos relacionados con la energía al margen del marco fiscal europeo, una medida que presentará este miércoles dentro de su paquete fiscal. La propuesta recoge, en buena medida, las peticiones que tanto Italia como España han trasladado a Bruselas en los últimos meses ante el impacto del cierre del Estrecho de Ormuz.

El mecanismo replicaría el modelo ya aplicado con el gasto en defensa el año pasado, cuando la Comisión permitió a los países gastar hasta un 1,5% del PIB en materia militar sin quedar sujetos a las normas que limitan el déficit al 3%. En este caso, el margen sería más reducido, pero el principio es el mismo: reconocer que determinadas prioridades estratégicas justifican cierta flexibilidad contable.

Meloni lidera la presión sobre Von der Leyen

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha sido la voz más insistente en esta batalla. En una carta dirigida a la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, Meloni reclamó formalmente que los gastos derivados de la crisis energética quedaran excluidos del Pacto de Estabilidad, igual que ocurre con los defensivos. «Si consideramos correctamente la defensa una prioridad estratégica europea, entonces debemos tener el coraje político para reconocer que la seguridad energética ahora también lo es», escribió la italiana en un texto que circuló ampliamente en los pasillos comunitarios.

Italia tiene razones de peso para presionar. El cierre del Estrecho de Ormuz ha golpeado de lleno a una economía con una dependencia estructural de las fuentes energéticas externas, y que ya ve su crecimiento estancado en un 0,5%. La crisis energética ha obligado además a la Comisión a rebajar en tres décimas sus previsiones para la eurozona este año, del 1,2% al 0,9%.

Pedro Sánchez se sumó a la posición italiana durante la cumbre de finales de abril en Chipre, donde reclamó que se flexibilizaran las reglas fiscales para la inversión en transformación energética y electrificación, siguiendo el mismo argumento que en su día justificó la cláusula de escape para defensa. Una postura cómoda para un gobierno que, de momento, esquiva el golpe: España sigue siendo el país que más crece entre las grandes economías de la UE.

Dombrovskis impone cautela antes de abrir el grifo

El comisario europeo de Economía, Valdis Dombrovskis, ya anticipó a finales de mayo, tras una reunión del Eurogrupo en Chipre, que Bruselas estudiaba «medidas, incluyendo opciones de política fiscal» para afrontar la crisis. Pero subrayó entonces que cualquier apoyo debía ser temporal y comedido, una advertencia que busca contener el riesgo de que la flexibilidad se convierta en excusa para relajar la disciplina presupuestaria de forma indefinida.

Los detalles concretos de la propuesta aún están por concretar, pero la dirección está clara: Bruselas reconoce que el shock energético tiene dimensión estratégica y que ignorarlo desde el Pacto de Estabilidad ya no resulta sostenible.