Mette Frederiksen ha logrado lo que llevaba meses persiguiendo en Bruselas: un primer centro de deportación fuera de las fronteras comunitarias. Dinamarca, Alemania, Países Bajos, Grecia y Austria abrirán en Ruanda un centro de retorno para migrantes con orden de expulsión, según anunció este lunes en Viena el canciller austriaco Christian Stocker. "Queremos crear en 2027, juntos, el primer centro de retorno en Ruanda", resumió.
La foto de familia reunió a Tom Berendsen, ministro de Exteriores neerlandés, a Alexander Dobrindt y Gerhard Karner, ministros del Interior de Alemania y Austria, a Frederiksen, a Stocker y a Vincent Biruta, ministro del Interior ruandés. Los cinco países hablan de "centros de retorno" y de "soluciones innovadoras", un vocabulario que busca suavizar un proyecto de mano dura.
Frederiksen, una de las voces más duras de Europa en materia migratoria, lo calificó de "paso crucial hacia un nuevo sistema migratorio". Prometió que "recuperaremos el control de nuestras fronteras" y fue más allá: "La cifra más importante es la que nunca veremos, porque ojalá no empiecen el viaje".
Un piloto pequeño y con límites
El plan arrancará a escala reducida. El centro, concebido como un proyecto piloto replicable en Ruanda o en otros países, recibirá en torno a un centenar de personas. Al principio serán solo adultos, hombres y quizá también mujeres. Llegarán únicamente migrantes que hayan agotado todas las vías legales y que tengan pendiente una orden de retorno que sus países de origen se niegan a cumplir. Quedan fuera quienes aún esperan resolución de su solicitud.
Ese es el argumento con el que Berlín marca distancias con el modelo británico, que Londres acabó aparcando. Dobrindt aseguró que el proyecto "no es comparable" porque no se delega el proceso de asilo, sino que se ofrece "una perspectiva en otro país" a personas ya rechazadas. Los promotores añaden que el centro no será una prisión: los llegados podrán optar por quedarse con permiso de residencia y trabajo o regresar a su país. Biruta se mostró dispuesto a acogerlos, aunque advirtió de que "no estamos planeando que se realojen por miles en nuestro país".
Bruselas aplaude y los críticos advierten
La iniciativa no es oficialmente un proyecto de toda la Unión Europea, pero cuenta con el visto bueno de la Comisión. Un portavoz comunitario dijo: "Saludamos esta iniciativa", y destacó el respeto a los derechos humanos y la cooperación con Naciones Unidas. Bruselas ofrecerá apoyo "caso por caso y a petición de los Estados".
El anuncio llega en pleno súper ciclo electoral, con la inmigración como tema polarizado y combustible para la extrema derecha, aunque las llegadas irregulares a la UE rondan sus cifras más bajas en mucho tiempo. Nadie quiere hablar de costes. Los promotores se limitan a recordar que mantener dentro de la UE a personas sin permiso también sale caro al contribuyente.
Las críticas llegan desde Francia, España, el Consejo de Europa y las ONG. Clementine de Montjoye, de Human Rights Watch, habla de "la última muestra cínica del afán de la UE por trasladar sus responsabilidades a otros países" y advierte de que financiar a Kigali daría influencia política a un Gobierno acusado de graves abusos. Los relatores de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa sostienen que estos centros son jurídicamente cuestionables, caros y de efecto disuasorio no demostrado. Los detractores temen que, tras la fase inicial, el modelo se amplíe a familias con menores.






