La Comisión Europea, liderada por Ursula von der Leyen, ha dado un giro notable en la política comunitaria hacia Israel al aprobar un plan para suspender parte del acuerdo comercial bilateral, vigente desde los años noventa. Este paso, que nace como respuesta a la escalada del conflicto en Gaza y a la vulneración de principios democráticos y de derechos humanos, transfiere la decisión definitiva a los Estados miembros de la Unión, que deberán decidir mediante mayoría cualificada la adopción final de la medida. El impacto concreto se centra en productos agrícolas y ciertas exportaciones israelíes valoradas en 5.800 millones de euros, lo que implicaría nuevos aranceles y un coste directo relevante para la economía israelí; sin embargo, Bruselas deja abierta la posibilidad de diálogo para evitar una ruptura total.
António Costa, presidente del Consejo Europeo, ha subrayado que la medida busca ejercer presión sobre el Gobierno de Netanyahu sin castigar al pueblo israelí, recalcando que la iniciativa refleja el rechazo europeo al avance militar israelí en Gaza y Cisjordania. La propuesta de Ursula von der Leyen llega tras meses de presiones políticas y ciudadanas, en un contexto de críticas a su gestión y de demandas de mayor firmeza ante el deterioro humanitario en Gaza.
La Comisión determina que las actuaciones del Gobierno israelí vulneran principios esenciales del acuerdo bilateral, justificando la respuesta económica y la retirada inmediata de apoyo bilateral no esencial desde la UE.
Kaja Kallas, alta representante para la Política Exterior, completa la iniciativa con la propuesta inédita de sancionar a dos ministros del Ejecutivo israelí por su vínculo con políticas consideradas extremistas, así como a miembros de Hamás y grupos de colonos vinculados a la violencia. Para aprobar estas sanciones individuales, no obstante, Bruselas necesita unanimidad de los Estados.
Diferentes posturas en la Unión
Este enfoque de presión práctica y económica se articula en un entorno fragmentado dentro de la propia Unión, con Alemania, Hungría, Austria y República Checa como aliados colombroños de Israel, mientras países como España o Irlanda defienden la vía de endurecimiento. El desenlace dependerá en gran parte de la postura de Berlín y Roma, decisivas para lograr la mayoría cualificada imprescindible para aprobar la reforma comercial.
El plan de la Comisión, aunque aspira a preservar un canal de diálogo abierto con Israel, representa uno de los movimientos más firmes de Bruselas frente al Gobierno de Netanyahu, reflejando la creciente preocupación europea ante el impacto humanitario, el bloqueo a la ayuda y los planes de asentamientos en Cisjordania, que erosionan la solución de los dos Estados propugnada internacionalmente.
