Estados Unidos amplía el alcance de su campaña de ataques extrajudiciales contra embarcaciones civiles supuestamente implicadas en el narcotráfico, extendiendo ahora su radio de acción al océano Pacífico. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, confirmó este martes una nueva operación frente a la costa de Colombia, la octava desde septiembre, en la que el ejército estadounidense mató al menos a dos personas. Con este nuevo ataque, la cifra de víctimas asciende a 34 civiles a borde de supuestas narcolanchas, según estimaciones de fuentes oficiales.
Hegseth difundió la noticia a través de la red social X, donde publicó un video del momento de la explosión de la embarcación y calificó a los tripulantes como “narcoterroristas”. “Del mismo modo en que Al Qaeda declaró la guerra a nuestra patria, estos cárteles están librando la guerra contra nuestra frontera y nuestra gente. No habrá refugio ni perdón, solo justicia”, afirmó el secretario. También aseguró que la orden fue emitida directamente por el presidente Donald Trump, quien respalda la estrategia de considerar el narcotráfico una amenaza armada contra el país.
Cadena de ataques
El ataque se produce apenas dos días después de otra operación en la que murieron tres personas a bordo de una embarcación vinculada, según Washington, al Ejército de Liberación Nacional (ELN). En ese caso, el Pentágono sostuvo que el objetivo transportaba “cantidades sustanciales de narcóticos” y se encontraba en una ruta marítima habitual del tráfico de drogas. Aunque las autoridades estadounidenses afirman que todas las operaciones se desarrollan en aguas internacionales, la ubicación de los últimos ataques —frente a costas colombianas— ha generado inquietud en varios gobiernos de la región.
El despliegue militar en el Caribe y el Pacífico Sur se ha intensificado en las últimas semanas. El Comando Sur de Estados Unidos cuenta actualmente con una decena de buques de guerra, entre ellos un submarino nuclear, y cerca de 10.000 tropas movilizadas.
El Pentágono argumenta que la campaña busca “neutralizar amenazas” que, según su interpretación, forman parte de un “conflicto armado no internacional” entre Estados Unidos y las redes del narcotráfico. La Casa Blanca justifica estas operaciones bajo la premisa de que los narcóticos introducidos en su territorio provocan decenas de miles de muertes al año, lo que, en su criterio, convierte estos actos en “ataques armados”.
Acciones militares sin aprobación del Congreso
Sin embargo, diversos senadores demócratas y republicanos cuestionan la legalidad y el alcance de la medida. Trump se ha amparado en una ley de la década de 1970 que le permite autorizar acciones militares sin la aprobación previa del Congreso durante un periodo de 60 días, prorrogable por 30 más. La norma, diseñada originalmente para emergencias breves, se está utilizando ahora para sostener una campaña que ha incluido ya ocho operaciones letales sin supervisión judicial.
Hasta el momento, las autoridades estadounidenses no han presentado pruebas concluyentes sobre las actividades ilícitas de las embarcaciones atacadas ni sobre la identidad de las personas fallecidas. En una de las operaciones recientes, dos supervivientes —un colombiano y un ecuatoriano— fueron repatriados y quedaron en libertad tras no hallarse indicios de delito. Pese a ello, la Administración Trump mantiene su narrativa de que la “guerra contra los cárteles” es una extensión necesaria de la defensa nacional, un planteamiento que consolida la dimensión militar de la política antidrogas estadounidense en América Latina.
