La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de México ha tomado una decisión unánime que despenaliza el aborto a nivel federal en todo el país. Esta medida obliga a las instituciones de salud pública federales, como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y Pemex, a ofrecer el servicio de interrupción del embarazo de manera gratuita. Además, la resolución de la Corte establece que el personal médico no puede ser criminalizado por practicar el aborto.
Esta decisión representa un paso adicional en la dirección de la libertad para interrumpir el embarazo, siguiendo el precedente histórico de 2021. Hace dos años, la SCJN determinó que no podían encarcelar a ninguna mujer por abortar, lo que llevó a los jueces a rechazar los casos penales relacionados con el aborto. Además, la SCJN instó al Estado de Coahuila a modificar su código penal, lo que se esperaba que sirviera como modelo para que otros estados del país eliminaran las penas por aborto de sus legislaciones. Sin embargo, hasta la fecha, solo 11 de los 32 estados mexicanos han modificado sus leyes, lo que ha resultado en un progreso desigual en esta área.
La decisión de la SCJN se produjo como resultado de un amparo presentado por la organización feminista Gire. En su resolución, la Primera Sala de la Corte declaró que el sistema jurídico que penaliza el aborto en el Código Penal Federal es inconstitucional, ya que viola los derechos humanos de las mujeres y personas con capacidad de gestar.
Modificación del Código Penal
Esta medida implica la modificación del Código Penal Federal para eliminar el delito de aborto, que estaba definido como «la muerte del producto de la concepción en cualquier momento de la preñez» y establecía penas de uno a tres años para quienes realizaran abortos, incluso con el consentimiento de la mujer, así como inhabilitaciones de dos a cinco años para los médicos que los practicaran.
La eliminación del delito de aborto del código federal se considera un avance significativo en la lucha por el acceso al aborto en México. Esto no solo envía un mensaje de desestigmatización, sino que también elimina un obstáculo que había impedido la prestación de servicios de interrupción del embarazo en instituciones médicas públicas federales.
A pesar de estos avances, la implementación completa del acceso al aborto sigue siendo un desafío pendiente. La mayoría de los estados en México permiten el acceso parcial al aborto, generalmente hasta las 12 semanas de embarazo, y la lucha continúa para ampliar este acceso en todo el país. La organización Gire ha presentado amparos en otros 21 estados que aún no han modificado sus códigos penales en relación con el aborto, lo que podría impulsar un cambio legislativo a nivel local.
El horizonte a largo plazo es que el aborto en México se regule como un servicio de salud y que desaparezca por completo de los códigos penales, siguiendo el ejemplo de países como Colombia, donde las organizaciones feministas han logrado despenalizar el aborto hasta las 24 semanas y trabajan para eliminarlo por completo de la legislación penal.
