El Senado ha generado una fuerte controversia al frenar un proyecto de ley que permitiría descontar a los presos de ETA los años de prisión cumplidos en Francia. Esta ley, que forma parte de la trasposición de una directiva europea sobre intercambio de información penal, fue devuelta al Congreso de los Diputados tras la decisión inédita del presidente del Senado, Pedro Rollán, quien rechazó el proyecto respaldándose en un informe elaborado por los letrados de la Cámara Alta.
El informe destaca que «no existen precedentes comparables» a este caso. La decisión de Rollán ha provocado críticas desde el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), cuyo portavoz en el Senado, Juan Espadas, acusó al presidente de la Cámara de actuar «al dictado» del Partido Popular (PP) y de generar un «conflicto jurídico» entre el Senado y el Congreso. Los socialistas sostienen que la Constitución, en su artículo 90.2, y el reglamento del Senado requieren que los vetos se presenten de forma escrita y con una justificación explícita, algo que, según ellos, no se ha cumplido.
Sin embargo, Rollán ha defendido que la negativa del Pleno del Senado a la ley, respaldada por mayoría absoluta, tiene el mismo efecto que un veto formal. En su defensa, ha citado un informe de los letrados del Senado, que argumenta que sería «excesivamente formalista» ignorar la voluntad clara de la mayoría del Pleno. El precedente más cercano, el caso Ses Salines de 1995, terminó en el Tribunal Constitucional, que falló a favor de la aprobación de la ley en cuestión porque el Senado no había formalizado un veto con mayoría absoluta. Esta vez, según Rollán, las circunstancias son diferentes porque el rechazo recibió el respaldo de una mayoría absoluta.
Nuevo escenario político
El Partido Popular ha respaldado «íntegramente» la decisión de Rollán, señalando que se ha creado un «nuevo escenario» en el que el PSOE deberá decidir si se alinea con Bildu, partido al que vinculan con esta ley, o con las víctimas de ETA. Alicia García, portavoz del PP en el Senado, subrayó la importancia de esta maniobra, a pesar de que, como aclaran fuentes del propio PP, este movimiento solo dilata el proceso, sin impedir la eventual aprobación de la ley si el PSOE mantiene su postura en el Congreso.
Vox, por su parte, se atribuye la petición de esta acción, presentada formalmente el viernes, y celebra que la ley vuelva al Congreso, ya que, según su portavoz, Paloma Gómez, da al PSOE la oportunidad de reconsiderar una enmienda que permitiría «la salida de 40 etarras».
El debate sobre este proyecto de ley no solo enfrenta a los partidos en el Senado, sino que también pone en juego la relación entre las Cámaras y su capacidad para bloquear iniciativas legislativas que, según algunos, podrían tener un impacto significativo en la política penitenciaria hacia los presos de ETA. La próxima decisión recae ahora en la Mesa del Congreso, que deberá determinar si acepta o no la devolución del texto por parte del Senado.
