El Senado, bajo el dominio del PP, ha bloqueado la aprobación de la ley de amnistía, devolviéndola al Congreso para una revisión adicional. El partido utilizó su mayoría para rechazar la medida, que había sido previamente aprobada por el Congreso con 149 votos a favor y 113 en contra. La senadora Alicia García del PP, durante el debate, denunció la ley como un «negocio» y un «fraude democrático».

Tras el debate, el PP, liderado por Alberto Núñez Feijóo, optó por retrasar aún más la tramitación de la ley, que se vetó en una sesión tumultuosa adelantada un día. Según la senadora popular, esto representa un acto de «profunda corrupción política». Por otro lado, el senador del PSOE Antonio Magdaleno defendió la norma, señalando que los resultados de las elecciones catalanas respaldan la apuesta por la convivencia y la reconciliación.

El senador de Junts, Josep Lluís Cleries i Gonzàlez, denunció un «conflicto institucional sin precedentes» y criticó las maniobras del PP para sabotear la ley de amnistía en el Senado. Según él, la ley busca reparar injusticias y dejar atrás la represión.

Este conflicto institucional surge después de que la derecha plantease preocupaciones constitucionales y modificase la normativa para limitar las prerrogativas del Gobierno y del Senado en la tramitación de leyes de urgencia. El PP ha solicitado informes judiciales sobre la norma, incluido uno a la Comisión de Venecia, cuyas conclusiones fueron objeto de disputa.

El ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha destacado en un mensaje en redes sociales que el PP intentó eliminar referencias a la Comisión de Venecia en su proposición para retirar la ley, sugiriendo que reconocen el respaldo del organismo internacional a la amnistía.