El Congreso votó en contra de la toma en consideración de la proposición de ley acordada en marzo entre el PSOE y Junts para transferir competencias en materia de inmigración a la Generalitat de Cataluña. La derrota, que el Gobierno ya preveía, fue posible gracias a la suma de votos de PP, Vox, UPN, Podemos y dos diputados del Grupo Sumar. Se trata de la tercera vez en menos de un mes que el Ejecutivo de Pedro Sánchez fracasa en sacar adelante iniciativas relevantes, tras la devolución de la ley de jornada laboral y el rechazo a la oficina anticorrupción impulsada por Sumar. La secuencia refleja el delicado equilibrio parlamentario sobre el que se apoya el presidente en esta legislatura, marcada por la ausencia de presupuestos y una capacidad limitada para encauzar acuerdos estables.
Podemos, actor clave en la actual dinámica parlamentaria y ahora situado fuera del núcleo gubernamental, anticipó desde la semana anterior que votaría en contra al considerar la propuesta «racista» y entendiendo que responde a una lógica de competencia entre Junts y la creciente ultraderecha independentista de Aliança Catalana. El rechazo de Podemos no se limitó a sus cuatro diputados, ya que Jorge Pueyo (Chunta Aragonesista) y Alberto Ibáñez (Compromís, dentro de Sumar) también rompieron la disciplina de voto. Otros integrantes del espacio Sumar, como Àgueda Micó (Compromís), respaldaron la medida, reflejando divisiones internas entre los aliados de la investidura.
Discrepancias manifiestas
La sesión parlamentaria puso de manifiesto las profundas discrepancias en el seno de la izquierda y el nacionalismo. Mientras algunos partidos defendieron la iniciativa en clave competencial, otros rechazaron el fondo de la propuesta, señalando el riesgo de que Cataluña adopte planteamientos equivalentes a los defendidos por PP y Vox, aunque Junts siga siendo un socio imprescindible del Gobierno.
El debate se desarrolló en un clima de tensión, marcado por una dureza discursiva poco habitual incluso para un contexto de alta polarización. Voces como la de Míriam Nogueras (Junts) acusaron a Podemos de actuar como una “extrema izquierda anticatalana” y preguntaron si es también “racista” el PSOE, coautor de la propuesta. El socialista Javier Sánchez Serna, por su parte, centró su intervención en la defensa de una futura regularización de inmigrantes.
El revés sufrido hoy no solo inutiliza una de las grandes cesiones pactadas con Junts, sino que también profundiza las fisuras entre los socios de investidura. Gabriel Rufián (ERC) criticó tanto a Junts como a Podemos y lamentó que la ruptura haya eclipsado el propósito original de la propuesta. Formaciones nacionalistas como Bildu, PNV y BNG, si bien condenaron la decisión de Podemos, también mostraron su preocupación por el rumbo del bloque progresista en el Congreso.
Este episodio apunta a un horizonte de mayor incertidumbre parlamentaria, donde las diferencias de fondo pesan más que la lógica de supervivencia del Ejecutivo. La dificultad para consolidar pactos sólidos y la reiteración de fracasos legislativos replantean el horizonte político de la legislatura y alimentan la especulación sobre una posible apertura de ciclo electoral, aunque el Gobierno insista en alejar esa perspectiva de manera pública.
