El secretario general de la Alianza, Mark Rutte, ha advertido que el nivel de gasto militar previsto por España es insuficiente para cumplir con los objetivos marcados por la organización. Aunque el Gobierno de Pedro Sánchez ha acordado una fórmula flexible para suscribir la declaración final de la cumbre —que establece una meta general del 5% del PIB en gasto en defensa, incluyendo un 3,5% en gasto militar directo y un 1,5% en otros componentes duales—, la dirección de la OTAN considera que España terminará elevando su aportación.
“España piensa que puede lograr esos objetivos con un 2,1% de gasto. La OTAN está absolutamente convencida de que España tendrá que gastar el 3,5%”, señaló Rutte durante una rueda de prensa, dejando entrever una discrepancia estratégica entre el enfoque español y las expectativas de la Alianza.
Fórmula flexible
El acuerdo alcanzado entre Sánchez y Rutte el pasado fin de semana introduce una fórmula ambigua que permite a España mantener su compromiso con los objetivos de capacidades militares definidos por la OTAN el pasado 5 de junio, sin asumir explícitamente el umbral del 5%. La clave del pacto reside en una carta firmada por Rutte que reconoce el derecho de España a determinar “su propio camino soberano” para alcanzar dichos objetivos, y a la que Sánchez respondió exigiendo que esta interpretación quedara reflejada antes de suscribir la declaración final.
Este entendimiento evita, por ahora, un conflicto abierto, aunque Rutte ha matizado que la OTAN “no contempla acuerdos paralelos ni cláusulas de exclusión”. La revisión programada para 2029 será el momento en el que se evalúe si el camino español fue suficiente o si, como sugiere la cúpula aliada, será necesario un incremento adicional del gasto.
Más allá de las cifras
El trasfondo de este debate va más allá de cifras: la redefinición del esfuerzo común en defensa en un momento geopolítico marcado por tensiones crecientes y la incertidumbre sobre el compromiso estadounidense con la Alianza Atlántica. Para algunos países, el incremento del gasto es una garantía de cohesión y disuasión; para otros, como España, representa un equilibrio complejo entre seguridad exterior y estabilidad social interna.
La cumbre de La Haya se perfila así como un punto de inflexión. No solo redefine metas presupuestarias, sino que pone a prueba la flexibilidad institucional de la OTAN y su capacidad para integrar distintas sensibilidades estratégicas sin romper el consenso. El caso español revela cómo algunos aliados buscan ejercer su soberanía dentro de los márgenes del compromiso colectivo, reabriendo el debate sobre qué significa cumplir con los deberes dentro de una organización que evoluciona hacia nuevas exigencias.
