El juez Juan Carlos Peinado ha dictado este lunes el auto de apertura de juicio oral contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y contra su asesora Cristina Álvarez por los delitos de malversación de caudales públicos y tráfico de influencias relacionados con la cátedra que Gómez codirigió en la Universidad Complutense de Madrid. La propia universidad ha cuantificado el perjuicio patrimonial sufrido en 113.000 euros.

Según recoge el auto, Gómez tendrá que enfrentarse a un tribunal de jurado por el contrato de Álvarez como asesora y por el desarrollo de un software financiado con dinero privado a través de la universidad. El instructor también le acusa de haber aprovechado su condición de esposa del presidente para obtener la codirección de la cátedra, ejerciendo así una influencia indebida sobre la institución académica.

Peinado no ha impuesto fianza a ninguna de las dos acusadas, aunque sí ha acordado examinar sus últimas cinco declaraciones de la renta para determinar su capacidad económica. Ambas quedan obligadas a permanecer a disposición del órgano judicial y del futuro tribunal, a comunicar cualquier cambio de domicilio y a comparecer cuando sean requeridas.

La Fiscalía, diez días para pronunciarse

Las acusaciones, lideradas por Hazte Oír, solicitan para Begoña Gómez hasta 13 años de prisión. El Ministerio Fiscal, en cambio, dispone ahora de diez días para presentar su escrito de conclusiones. Todo apunta a que mantendrá la postura sostenida a lo largo de la instrucción y pedirá la libre absolución de la acusada, lo que acentúa la brecha entre la acusación popular y el criterio de la Fiscalía del Estado.

Una vez el Ministerio Público presente su escrito, las partes tendrán quince días para personarse en la Audiencia Provincial de Madrid, tribunal que designará al magistrado encargado de dirigir el juicio y redactar sentencia tras la vista oral.

El último auto de Peinado antes de jubilarse

Esta resolución llega en la recta final de la carrera judicial de Peinado, que la ha dictado antes de su jubilación. El magistrado instructor había rechazado previamente fijar medidas cautelares adicionales tras la revocación de las que ya acordó en su momento, anuladas por la propia Audiencia Provincial de Madrid. La causa pasa ahora a una nueva fase en la que el Gobierno de Pedro Sánchez no podrá seguir eludiendo la presión que genera tener a la primera dama sentada ante un tribunal.