En un informe presentado por tres letrados del Congreso –Piedad García-Escudero, Isabel Revuelta y Fernando Castillo-, se plantean serias dudas sobre la constitucionalidad de parte del proyecto de ley de amnistía presentado por el PSOE. El documento sugiere que la propuesta socialista podría desbordar «la naturaleza de ley singular» y vulnerar la Constitución, cuestionando aspectos como la «indefinición» de los delitos amnistiados.

La crítica principal se centra en la falta de claridad y precisión en los delitos que serían objeto de amnistía, así como en la extensión temporal de la misma. Los letrados expresan su preocupación por la inclusión del delito de malversación, que también tiene alcance europeo, poniendo en riesgo la armonización de normas reguladoras en la Unión Europea.

Delitos de terrorismo

Otro punto de discordia es la exclusión de la amnistía para los delitos de terrorismo, a menos que haya una sentencia firme. Los letrados argumentan que esto podría chocar con el derecho comunitario, que exige a los Estados miembros tomar medidas contra el terrorismo, incluyendo complicidad e inducción.

En relación con las órdenes europeas de detención, el informe destaca que la ley podría afectar al ámbito del Derecho de la Unión Europea, especialmente en casos de delitos de terrorismo y malversación. Esto tendría implicaciones directas para figuras como Carles Puigdemont, actualmente procesado y acusado de malversación por el Tribunal Supremo español.

El ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha indicado que el Gobierno está dispuesto a dialogar sobre posibles enmiendas, aunque destaca que la amnistía no abarcará delitos de terrorismo con sentencia firme, considerando esto un principio irrenunciable.

Ante la revelación del informe, el Partido Popular (PP) ha solicitado explicaciones a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, quien deberá aclarar su posición jurídica frente a los informes contradictorios de los letrados sobre el proyecto de ley de amnistía. El PP critica la distribución del informe de la Comisión de Justicia después del cierre del plazo de enmiendas, calificándolo como una estrategia de la «factoría Armengol».