El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, volvió a comprobar este jueves la fragilidad de su mayoría tras el rechazo en el Congreso del escudo social y del decreto para fijar un tope de precios en situaciones de emergencia. La doble derrota amplía el desgaste del Ejecutivo y evidencia que la aritmética parlamentaria sigue condicionando cada movimiento de La Moncloa.
El llamado escudo social cayó con los votos de PP, Vox y Junts, una suma que ya había frustrado iniciativas similares en enero. Más inesperado resultó el rechazo al decreto que facultaba al Gobierno para limitar precios de productos y servicios cuando declarara una emergencia. El Ejecutivo daba esa votación por encarrilada y el resultado dejó al descubierto una coordinación parlamentaria menos sólida de lo que el propio gabinete anticipaba.
Junts marca el terreno y Sánchez vuelve a rectificar a medias
El elemento decisivo en la caída del escudo social fue la prórroga de la moratoria antidesahucios. Míriam Nogueras resumió la posición de Junts con una frase directa dirigida a Sánchez: “Escudo social sí, okupaciones no”. El partido rechazó cualquier fórmula que incluyera la suspensión generalizada de desahucios, incluso tras la modificación pactada con el PNV para excluir a propietarios con una sola vivienda en alquiler.
La estrategia del Gobierno consistió en desgajar decretos tras el tropiezo anterior, cuando el Congreso tumbó un paquete que incluía tanto la revalorización de las pensiones como las medidas sociales. Esta vez salvó las pensiones, pero no logró blindar el escudo social ni el tope de precios. La maniobra, planteada como corrección táctica, solo funcionó a medias.
Junts registró además una iniciativa propia para sustituir la moratoria por un procedimiento administrativo urgente que permita al Estado asumir la deuda de alquiler de personas vulnerables. La propuesta exige que la Administración asuma íntegramente el coste de sus decisiones en protección social. El movimiento refuerza la presión sobre el Ejecutivo y subraya que la negociación no se resolverá sin cesiones explícitas.
Pensiones y ayudas ferroviarias: alivio parcial
El Congreso sí convalidó el decreto de revalorización de las pensiones, que contempla una subida general del 2,7% en 2026, un 7% para las mínimas y hasta un 11,4% para las no contributivas. También aprobó las ayudas por 20 millones de euros destinadas a los afectados por los accidentes ferroviarios de Adamuz y Gelida, con compensaciones que oscilan entre 2.404 y más de 84.000 euros según la gravedad.
El contraste entre decretos aprobados y derogados dibuja un escenario político inestable. Sánchez mantiene la iniciativa formal, pero cada votación se convierte en una prueba de resistencia. La caída del escudo social y del tope de precios no solo tiene impacto inmediato; consolida la percepción de que el Gobierno legisla en permanente negociación y con margen de maniobra limitado.
