El juez del Tribunal Supremo Ángel Hurtado ha dictado la apertura de juicio oral contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un presunto delito de revelación de secretos. La decisión, que no admite recurso, formaliza la acusación contra el máximo responsable del Ministerio Público por la supuesta filtración de un correo electrónico vinculado a la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. El caso, que ha generado un amplio debate jurídico y político, se convierte en el primero en la etapa democrática en el que un fiscal general se enfrenta a un proceso penal.

García Ortiz deberá depositar una fianza de 150.000 euros en un plazo de cinco días, bajo apercibimiento de embargo. El juez ha rechazado suspenderle cautelarmente del cargo, alegando que no existe regulación que contemple esa medida para quien no forma parte de la carrera fiscal. No obstante, ha remitido el auto a la Inspección Fiscal para que evalúe posibles actuaciones administrativas.

Durante la instrucción, que se ha prolongado ocho meses, no se ha podido acreditar que García Ortiz enviara el correo a los medios. El contenido de su teléfono móvil fue eliminado, lo que impidió verificar sus comunicaciones. A pesar de ello, el magistrado considera que existen indicios suficientes para llevarlo a juicio, al entender que la información divulgada vulneró la confidencialidad exigida por el protocolo entre la Fiscalía General del Estado y el Consejo General de la Abogacía.

Acusaciones

Las acusaciones solicitan hasta seis años de prisión y doce de inhabilitación. Además, el empresario Alberto González Amador reclama una indemnización de 300.000 euros por daños morales, aunque el juez la ha considerado excesiva. El tribunal que juzgará a García Ortiz estará compuesto por siete magistrados, entre ellos Manuel Marchena, Susana Polo y Andrés Martínez Arrieta.

La postura del fiscal general se mantiene firme. Ha reiterado su inocencia y su confianza en la justicia, sin contemplar por ahora la dimisión. El proceso, más allá de sus implicaciones penales, plantea interrogantes sobre la solidez institucional del Ministerio Fiscal y su capacidad para preservar la imparcialidad en contextos de alta presión política.