El ataque con explosivos del pasado jueves contra la base aérea Marco Fidel Suárez, ubicada en el norte de Cali, ha sacudido nuevamente el panorama de seguridad en Colombia y subraya la persistencia de retos derivados del conflicto armado y el narcotráfico. Este hecho, con un saldo provisional de al menos seis muertos y más de 60 heridos, se produce en un contexto de creciente presión sobre autoridades civiles y militares para mantener el control ante embates de grupos armados organizados.
El atentado consistió en el lanzamiento de cilindros bomba desde un camión, una táctica asociada históricamente a disidencias de las extintas FARC, especialmente al Estado Mayor Central (EMC) comandado por Iván Mordisco. Si bien ningún grupo ha asumido formalmente la autoría del ataque, el presidente Gustavo Petro se ha referido explícitamente a la columna Carlos Patiño como principal responsable, señalando el carácter narcoterrorista de la acción y pidiendo a la comunidad internacional que reconozca a la “junta del narcotráfico” como una organización terrorista.
Antecedentes
Este atentado, sumado al reciente asesinato de doce policías en Antioquia tras otro ataque atribuido al EMC, evidencia que los bastiones históricos del conflicto siguen activos y capaces de producir escenarios de alta letalidad, incluso en grandes urbes. La cercanía geográfica de Cali al Cauca, epicentro del narcotráfico y de la lucha armada, refuerza el riesgo de extensión urbana del conflicto y obliga a las autoridades municipales a adoptar respuestas inmediatas, como la militarización parcial y el anuncio de recompensas sustanciales para quienes colaboren en la identificación de responsables.
La captura de uno de los presuntos autores materiales supone un primer avance en la investigación, pero también ilustra la complejidad de un fenómeno alimentado por la disputa de rutas, recursos y control territorial. La estrategia de los grupos armados pasa por atacar infraestructuras clave del Estado, buscando desestabilizar y proyectar capacidad operativa, especialmente tras los golpes militares sufridos en meses recientes en el departamento del Cauca.
Seguridad urbana y cooperación internacional
El reciente atentado en Cali, además de multiplicar el debate sobre la protección de civiles en zonas urbanas adyacentes a instalaciones militares, revaloriza la necesidad de una cooperación internacional más sólida en la lucha contra el crimen transnacional y el fortalecimiento de inteligencia regional para anticipar amenazas. El llamado del Ejecutivo colombiano para que se reconozca a las estructuras de la “junta del narcotráfico” como actores terroristas internacionales representa un giro estratégico capaz de influir en futuras políticas de cooperación y sanción.
En perspectiva, los hechos en Cali ratifican el desafío constante de los Estados para garantizar la seguridad urbana frente a actores armados no estatales, así como la importancia de consolidar mecanismos preventivos y de respuesta en escenarios donde conflicto y criminalidad convergen en nuevas formas de violencia híbrida.
