La decisión de imponer arresto domiciliario a Juan Pablo Guanipa marca un punto de inflexión en la política represiva del Gobierno venezolano bajo el liderazgo de Delcy Rodríguez. El dirigente opositor, excarcelado el domingo tras meses detenido en el Helicoide, volvió a perder su libertad pocas horas después y permanece ahora recluido en su vivienda de Maracaibo, capital del estado Zulia. El episodio refuerza la percepción de que el Ejecutivo combina gestos de distensión controlada con mecanismos de presión selectiva sobre figuras clave de la oposición.
Guanipa se convierte así en el primer preso político del mandato de Delcy Rodríguez, una circunstancia que adquiere mayor relevancia por producirse en paralelo al avance parlamentario del proyecto de ley de amnistía, aprobado en primera lectura por la Asamblea Nacional. La coincidencia temporal alimenta las dudas sobre el alcance real de ese texto y sobre la voluntad del poder ejecutivo de transformar el actual esquema de control político.
El propio hijo del opositor, Ramón Guanipa, confirmó públicamente que su padre cumple la medida cautelar en su domicilio, aunque insistió en que el arresto domiciliario no equivale a libertad. La familia denunció la falta de información durante más de 24 horas tras la nueva detención, un patrón recurrente en actuaciones de los cuerpos de seguridad venezolanos. Según su versión, hombres armados y sin identificación interceptaron el vehículo de Guanipa pese a que el dirigente solo tenía prohibición de salida del país y obligación de comparecer periódicamente ante los tribunales.
Proceso de liberaciones
La breve excarcelación de Guanipa se inscribía en un proceso de liberaciones anunciado por el Gobierno el 8 de enero. Desde entonces, el Ejecutivo sostiene que ha liberado a 897 personas, aunque evita publicar un listado oficial. La ONG Foro Penal, referencia en la defensa de presos políticos, ha verificado hasta ahora 426 excarcelaciones, una diferencia que mantiene abierto el debate sobre la transparencia del proceso.
Durante las horas en libertad, Guanipa apeló a una reconciliación nacional basada en la verdad y reiteró su vínculo político con María Corina Machado, una de las figuras más incómodas para el oficialismo. Su rápida reclusión posterior refuerza la idea de que el Gobierno tolera gestos discursivos, pero castiga cualquier intento de capitalización política del momento.
En términos estructurales, el caso de Juan Pablo Guanipa proyecta un mensaje claro hacia dentro y fuera del país: el mandato de Delcy Rodríguez mantiene intacta la capacidad coercitiva del Estado, incluso mientras impulsa iniciativas legales que buscan mejorar su imagen internacional. El equilibrio entre liberaciones parciales y nuevas detenciones configura un modelo de control que prioriza la gestión política del conflicto por encima de una apertura real.
