En la rueda de prensa posterior comparecieron también el presidente finlandés, Alexander Stubb, y el primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre, presentes en las conversaciones. Zelenski resumió el estado del conflicto con una frase: "No estamos perdiendo la guerra, estamos perdiendo personas y tiempo".

Stubb habló de progresos discretos. Según el mandatario finlandés, en la reunión surgieron "algunos elementos de paz" que viajarán este miércoles a San Petersburgo, donde Witkoff se verá con Vladímir Putin. "A nivel sustantivo y técnico, hemos logrado muchos avances discretamente durante la última semana hacia una solución pacífica", afirmó. No constan reacciones públicas de Putin, del Kremlin ni del Gobierno ucraniano posteriores al encuentro.

Una cumbre de paz bajo los drones

La paradoja marcó la jornada. Mientras los líderes hablaban de paz en Oslo, en Kiev sonaron las alarmas antiaéreas y drones rusos dañaron un hospital y un centro médico en dos distritos de la capital. Las autoridades locales informaron de cinco heridos. Kiev denuncia que Moscú busca destruir la infraestructura del país de cara al invierno.

En ese contexto, la defensa aérea resulta vital. Horas antes de la reunión, Zelenski acusó al Pentágono de retrasar la entrega de misiles interceptores pagados por adelantado a través del programa PURL, por el que los aliados compran armamento a Washington para enviarlo a Ucrania. Los interceptores Patriot son la principal protección de las grandes ciudades frente a los misiles balísticos rusos.

El secretario de Estado, Marco Rubio, dio parcialmente la razón a Kiev en una llamada telefónica con Zelenski. Admitió que uno de los lotes asignados a Ucrania podría no haberse entregado, aunque aseguró que no hay intención política detrás: "No se le está negando nada deliberadamente a Ucrania".

Trump aprieta y Zelenski recupera apoyo

Las explicaciones de Rubio no despejan las dudas en Kiev, donde preocupa también la interrupción reciente del intercambio de inteligencia, en particular las alertas tempranas de ataques balísticos. Zelenski confirmó días después que el flujo se había restablecido, pero muchos temen que se utilice como palanca para forzarle a negociar y, en última instancia, a capitular. Trump lo niega: "Les hemos dado mucho y ellos no nos han dado nada".

El presidente estadounidense endureció además su discurso este lunes: "Zelenski no está ayudando mucho. Pienso que él no quiere detenerlo", dijo, y sugirió que otro debería "negociar en nombre de Ucrania". Los ataques de Trump se intensificaron después de que Kiev rechazara frenar sus ofensivas contra las refinerías rusas, por su efecto en el precio de la gasolina. Kiev responde que la subida del crudo obedece a la guerra contra Irán iniciada por Washington e Israel y al cierre del Estrecho de Ormuz.

El desgaste con la Casa Blanca ha tenido un efecto inesperado en casa. Según el Instituto Internacional de Sociología de Kiev, entre el 10 y el 17 de octubre la aceptación de Zelenski subió 14 puntos hasta el 57 por ciento, frente al 39 por ciento que lo rechaza. El sondeo anterior, de los días 8 y 9, mostraba lo contrario: 52 por ciento negativo y 43 por ciento positivo. Las disputas internas y los escándalos de corrupción en su entorno habían erosionado su respaldo en los últimos meses.

El miércoles, Witkoff pondrá a prueba en San Petersburgo si esos elementos de paz sobreviven al encuentro con Putin.

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La pregunta no planteaba la independencia de forma directa, sino si la provincia debía iniciar un proceso legal que podría desembocar en una segunda consulta sobre la separación. Esa formulación indignó a los independentistas, que la consideraron un obstáculo diseñado para frenarles. Carney, nacido en Edmonton, se implicó personalmente en la campaña. Hace una semana advirtió en un mitin de que votar contra Canadá era «un farol peligroso» que traería «años de profunda incertidumbre». Tras conocer los resultados, celebró que los albertanos hayan elegido «la unidad» y, «por encima de todo, Canadá».

Un 24% que no desaparece

La derrota no cierra el debate. Una cuarta parte de la provincia ha respaldado iniciar el camino hacia la separación, y los líderes del movimiento lo saben. Keith Wilson, uno de sus principales portavoces, aseguró que «al menos una cuarta parte de los habitantes de Alberta considera que la provincia necesita recibir un mejor trato». Por su parte, Jeffrey Rath, del Alberta Prosperity Project, anunció que su campaña continuará y afirmó que «ya hemos ganado» al crear «un movimiento masivo». Una encuesta de Angus Reid refuerza esa idea: el 62% de los albertanos cree que el movimiento separatista nunca desaparecerá.

El malestar tiene raíces económicas. Asimismo, Alberta produjo en 2025 cerca del 84% del petróleo canadiense, y los secesionistas sostienen que su riqueza energética subvenciona a otras regiones y que las regulaciones ambientales federales ahogan su industria. A ese agravio se suma la guerra comercial con Estados Unidos y los aranceles de Donald Trump, que han deteriorado el clima económico.

Danielle Smith, la primera ministra provincial, convocó la consulta en mayo presionada por los secesionistas de su propio partido, aunque ella se opone a la independencia. Tras el resultado, defendió «una Alberta más fuerte en un Canadá unido» y anunció un discurso a la provincia sobre su rumbo. Mientras, Pierre Poilievre, líder de la oposición conservadora, leyó el voto separatista como una protesta contra el Gobierno de Carney, aunque insistió en que «Canadá es mucho más que un Gobierno».

La sombra de Washington

La dimensión exterior pesó en la campaña. Líderes independentistas viajaron tres veces a Washington el año pasado y se reunieron con funcionarios del Departamento de Estado. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, llamó a Alberta «socio natural» de Estados Unidos, y Elon Musk opinó en X que debería separarse. Trump, que insiste en que Canadá «terminará siendo el estado 51º», no ha reaccionado todavía al resultado. Que la presión desde Washington alimente las tesis secesionistas dice mucho del tablero en el que se mueve Ottawa.

Carney sale reforzado, pero llega a este momento con un frente abierto en Quebec, donde el partido independentista ganó las elecciones este mes. Su apuesta pasa por acelerar la diversificación comercial y los grandes proyectos de infraestructura para convertir a Canadá en «potencia energética mundial» con Alberta en el centro. La unidad ha ganado en las urnas, pero ahora el Gobierno federal tendrá que demostrar que esa elección se traduce en un trato que convenza también a quienes votaron lo contrario.

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La Sala de lo Penal asume «en su integridad» la parte dispositiva de la sentencia del Constitucional que concedió el amparo a Bassa el 6 de octubre, aprobada por siete votos frente a cinco. Firman el auto Andrés Martínez Arrieta, Manuel Marchena, que actúa como ponente y presidió el tribunal del procés, y Antonio del Moral. Aunque el amparo solo afectaba a Bassa, el Supremo extiende sus efectos a Junqueras, Turull y Romeva porque considera «coincidente» su situación jurídica.

El auto también traslada al Ministerio de Justicia la petición de cancelar los antecedentes penales de los cuatro, a la que se suman las defensas de Joaquín Forn, Meritxell Borràs, Carme Forcadell y Josep Rull, condenados por sedición, un delito derogado en 2023 y sustituido por desobediencia. Con ello, los doce condenados del procés se quedan sin condena efectiva.

Un reproche sin precedentes al Constitucional

El Supremo acata, pero no se calla. Habla de una «innecesaria grandilocuencia» del Constitucional, que, a su juicio, pretende «adornar un razonamiento invasivo» del ámbito jurisdiccional del Supremo con expresiones destinadas a «camuflar la intensidad de la injerencia». Rechaza además que se atribuyan a la Sala una «drástica contradicción» o una «interpretación impredecible» de la ley.

Marchena y sus compañeros recuerdan que el auto anulado seguía la interpretación del delito de malversación «mantenida durante décadas». Por eso insisten en que no ven aquí un conflicto institucional, sino «una ruptura» del Constitucional «con su propia jurisprudencia histórica». Y rematan con un aviso de calado: la conversión del tribunal de garantías en una «última instancia» revisora de la legalidad ordinaria «está desdibujando el diseño que quisieron los constituyentes de 1978».

El Supremo añade un argumento numérico, aunque admite que el acierto de una resolución no se mide por votos. La decisión de siete magistrados, sostiene, alcanza a otros catorce que defendieron la tesis ahora descartada: cinco del Supremo que firmaron las resoluciones recurridas, tres de la Sala de Apelación, el instructor y cinco del propio Constitucional que suscribieron el voto particular. Ese voto discrepante ya acusaba a la mayoría de una «reiterada suplantación» del papel del Supremo.

Regreso a la primera línea, sin rectificación

El calendario político no es casual. Junqueras ya ha anunciado su aspiración a ser candidato de ERC a la Presidencia de la Generalitat, en plena reconstrucción interna del partido tras su ruptura con el sector de Marta Rovira. Turull, secretario general de Junts, recupera la elegibilidad, y el lunes el magistrado Pablo Llarena confirmó la anulación de la orden de detención contra Carles Puigdemont, que sigue pendiente de la causa por malversación. Este miércoles, el Constitucional prevé rechazar el amparo de Turull por falta de objeto, ya que la amnistía le ha sido aplicada.

La amnistía fue la contrapartida que ERC y Junts arrancaron a Pedro Sánchez en la investidura de noviembre de 2023. Casi tres años después, no la cierra un tribunal, sino una mayoría parlamentaria y una de siete votos en el Constitucional. Los beneficiarios vuelven a ser elegibles sin renunciar al relato ni a la vía unilateral, mientras el Gobierno sigue sin explicar con claridad qué obtuvo el Estado a cambio de pagar esa factura.

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Aunque durante años una operación de hernia podía asociarse a permanecer ingresado en el hospital, los avances quirúrgicos y anestésicos han cambiado este escenario. Actualmente, un número importante de pacientes puede ser intervenido mediante cirugía mayor ambulatoria y regresar a su domicilio pocas horas después de la operación.

"Prácticamente todos los pacientes pueden ser susceptibles inicialmente de una cirugía mayor ambulatoria, pero la indicación debe individualizarse teniendo en cuenta tanto las condiciones de la persona como las características de la propia hernia", explica el Doctor Carlos Durán, jefe de Servicio de Cirugía General y Aparato Digestivo de Olympia Quirónsalud.

¿Cuándo hay que operar una hernia?

La mayoría de las hernias y eventraciones tienen indicación quirúrgica para su corrección, aunque existen situaciones concretas en las que puede plantearse inicialmente una actitud conservadora, como determinados defectos de pequeño tamaño o cuando el balance entre riesgos y beneficios de la intervención aconseja realizar seguimiento.

Además, tener indicación quirúrgica no significa necesariamente tener que operarse de manera inmediata. "El momento de la intervención depende de los síntomas, del tamaño y evolución de la hernia y de las circunstancias de cada paciente", señala el Doctor José Castell, especialista en Cirugía General y del Aparato Digestivo.

El dolor, la dificultad para reducir el contenido herniario, la limitación para realizar actividades cotidianas o un aumento progresivo del tamaño son algunos de los factores que pueden aconsejar adelantar la cirugía. También pueden influir el tipo de actividad laboral o física y circunstancias personales como viajar con frecuencia.

Especial atención requiere la aparición de dolor acompañado de una hernia que deja de poder reducirse. "Cuando el contenido no puede volver a introducirse y aparece dolor, puede existir una incarceración y es necesario acudir a un servicio de urgencias para ser valorado", advierten los especialistas.

Volver a casa pocas horas después de la operación

La cirugía ambulatoria no depende únicamente de que la intervención haya terminado correctamente. Antes del alta, el equipo sanitario comprueba que el paciente cumple una serie de condiciones que permiten continuar la recuperación con seguridad en su domicilio.

Tras la operación comienza un proceso progresivo que incluye la tolerancia oral, la movilización y el control adecuado del dolor. Este periodo suele prolongarse durante aproximadamente tres a seis horas.

"El paciente no recibe el alta hasta que ha tolerado la dieta, se ha levantado y caminado y presenta un buen control del dolor", explica el Doctor Durán.

La selección previa es igualmente importante. Se valoran aspectos como la edad, las enfermedades asociadas, el riesgo anestésico, la toma de anticoagulantes, si la persona vive sola o acompañada y la distancia desde su domicilio hasta un centro sanitario.

Según explica el Doctor Castell también cuentan las características de la propia hernia. Las hernias y, especialmente, las eventraciones de gran tamaño que pueden requerir drenajes o dificultar la movilización precoz suelen precisar ingreso hospitalario.

Cirugía laparoscópica para facilitar la recuperación

Uno de los avances que ha favorecido el desarrollo de la cirugía ambulatoria es la laparoscopia, un abordaje mínimamente invasivo que permite intervenir mediante pequeñas incisiones.

Según los especialistas de Olympia Quirónsalud, este abordaje permite reducir el dolor postoperatorio y favorecer una incorporación más rápida a la vida cotidiana. Las incisiones utilizadas pueden ser de apenas 5 o 10 milímetros, evitando además la sección de capas musculares que se produce en determinados abordajes abiertos.

"El menor dolor postoperatorio y el pequeño tamaño de las incisiones permiten reducir la necesidad de analgésicos y antiinflamatorios y facilitan una recuperación más rápida", indica el Doctor Carlos Durán.

En términos generales, después de una cirugía laparoscópica de hernia, muchos pacientes pueden recuperar actividades cotidianas como caminar, conducir o desempeñar un trabajo que no implique esfuerzo físico aproximadamente a los 7-10 días. En los trabajos físicamente exigentes o para retomar el deporte, los tiempos deben ampliarse y adaptarse al tipo de intervención.

No obstante, no todas las hernias ni todos los pacientes son iguales. Una eventración de gran tamaño puede requerir una recuperación considerablemente más prolongada que una hernia inguinal.

En este sentido, la laparoscopia resulta especialmente interesante en determinadas situaciones, como las hernias inguinales bilaterales, ya que permite abordar ambos lados utilizando las mismas pequeñas incisiones, o en algunas hernias que han reaparecido después de una cirugía previa, destaca el Doctor José Castell.

El alta no significa el final del seguimiento

Una de las dudas más frecuentes cuando se plantea una cirugía sin ingreso es qué ocurre cuando el paciente abandona el centro sanitario. Los especialistas destacan que la cirugía ambulatoria implica continuar el seguimiento una vez que la persona está en casa.

"Dar el alta hospitalaria no significa que el equipo deje de estar pendiente del paciente", subrayan los responsables de Cirugía General y Aparato Digestivo de Olympia Quirónsalud.

El paciente dispone de un teléfono de contacto y se realiza seguimiento desde Enfermería después del alta, habitualmente esa misma noche y al día siguiente, para comprobar la evolución y resolver posibles dudas.

Además, antes de abandonar el centro recibe información sobre los signos de alarma que deben motivar una consulta. Entre ellos se encuentran el dolor que no se controla adecuadamente, náuseas o vómitos, fiebre, sangrado o una inflamación llamativa de la herida quirúrgica.

Peso, tabaco y diabetes: preparar al paciente también importa

La recuperación y el riesgo de que una hernia vuelva a aparecer no dependen exclusivamente de la técnica quirúrgica. El tabaquismo, la obesidad, la diabetes y el estado de la musculatura abdominal son factores que deben valorarse antes de la intervención.

"El tabaco dificulta y retrasa la cicatrización, mientras que la obesidad incrementa la presión dentro de la cavidad abdominal y puede aumentar tanto la complejidad de la intervención como el riesgo de complicaciones y recidiva", explica el Doctor Durán.

En pacientes con obesidad importante, siempre que la situación clínica lo permita, puede ser recomendable conseguir previamente una pérdida de peso significativa antes de afrontar la cirugía. En defectos abdominales grandes y con una musculatura muy retraída, la preparación preoperatoria puede requerir incluso tratamientos específicos para facilitar posteriormente el cierre de la pared.

No esperar a que la hernia aumente de tamaño

El temor a la operación o a permanecer varios días ingresado lleva a algunos pacientes a convivir durante años con una hernia. Sin embargo, los especialistas recuerdan que el tamaño y el tiempo de evolución pueden condicionar la complejidad posterior de la intervención.

"Una hernia es un defecto de la pared abdominal y su reparación definitiva es quirúrgica. Cuanto mayor sea el defecto y más tiempo lleve evolucionando, más compleja puede resultar su corrección", señalan los doctores Durán y Castell.

Por ello, recomiendan realizar una valoración especializada que permita determinar si existe indicación quirúrgica, cuál es el mejor momento para intervenir y qué abordaje resulta más adecuado.

"La necesidad de operar una hernia no implica necesariamente pasar varios días hospitalizado. En muchos casos podemos realizar la intervención y que el paciente continúe su recuperación en casa el mismo día, siempre que reúna las condiciones médicas y sociales necesarias para hacerlo con seguridad", concluyen.

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El nuevo sistema Ion Endoluminal (Ion) es una plataforma de broncoscopia asistida por robot de Intuitive, la firma pionera en cirugía asistida por robot y fabricante del sistema quirúrgico Da Vinci, del que la Fundación Jiménez Díaz dispone ya de tres equipos. Con la incorporación del último, el pasado diciembre, el hospital fue pionero en España en introducir el más innovador modelo de esta tecnología, el DV5.

Para el Doctor Javier Flandes, jefe asociado del Servicio de Neumología de la Fundación Jiménez Díaz y responsable de su Unidad de Broncoscopias y Neumología Intervencionista, la llegada de este robot al hospital madrileño supone “un hito en el diagnostico de lesiones pulmonares difíciles y se integra en la estrategia de detección precoz del cáncer de pulmón, ya que cada día aumentan los casos de pacientes con nódulos pulmonares en estadios iniciales”.

Concretamente, el broncoscopio robótico ofrecerá “la posibilidad de diagnosticar antes y con más presión lesiones pulmonares de difícil acceso”, lo que se traducirá en “una menor tasa de complicaciones y una mejor tolerancia de la prueba para el paciente”, dice el especialista, añadiendo que, “además, se podrá evitar en muchos casos tener que realizar biopsias quirúrgicas, ya que se consiguen muestras de calidad”. También presenta beneficios para los facultativos -añade-, que “podremos trabajar con mayor seguridad y precisión”.

Detección y precisión

Y es que el catéter robótico ultrafino de esta plataforma utiliza una tecnología única de detección, lo que permite a los médicos acceder a regiones pulmonares profundas y de difícil acceso. Una vez allí, la estabilidad sin precedentes del robot permite la extracción de tejido para biopsia con mayor precisión y exactitud que la que se puede lograr con broncoscopios manuales.

Según datos del Observatorio del Cáncer de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), cada año se diagnostican más de 31.000 nuevos casos de cáncer de pulmón, y en siete de cada diez de ellos la detección ocurre cuando la neoplasia está ya en estadios avanzados. El diagnóstico precoz marca por tanto un punto de inflexión en la supervivencia de los pacientes, ya que identificar la enfermedad en fases iniciales mejora significativamente el pronóstico y amplía las opciones de tratamiento.

Sin embargo, la detección del cáncer de pulmón a menudo requiere de una biopsia de los nódulos pulmonares, que se encuentran en espacios reducidos y vías respiratorias estrechas que pueden ser difíciles de alcanzar y, aunque los sistemas de imagen como el TAC de baja dosis permiten identificar nódulos de un mínimo tamaño, el diagnóstico definitivo con biopsia no siempre es posible sin una intervención quirúrgica.

En este contexto, la capacidad del broncoscopio robótico con el que ya cuenta la Fundación Jiménez Díaz para llegar a pequeños nódulos y permitir biopsias precisas “podría ayudar a transformar el diagnóstico temprano de sospecha de cáncer de pulmón”, asegura el Doctor Flandes.

Proyecto de excelencia en detección precoz y tratamiento del cáncer de pulmón

Además, esta nueva tecnología, sumada a la ya disponible en las áreas de Oncología Médica y Radioterápica, con el Comprehensive Cancer Center -que aúna a los mejores especialistas en cada tipo de tumor para ofrecer, desde la investigación básica, clínica y traslacional, hasta la oferta diagnóstica y terapéutica más completa, innovadora y personalizada, incluyendo las nuevas y más avanzadas terapias oncológicas, los últimos fármacos, la terapia celular, la biopsia líquida, el análisis genómico y todo el arsenal terapéutico de vanguardia del Centro de Protonterapia- y equipos como el acelerador lineal (Linac) EVO, instalado en el hospital hace algo menos de un año, y que cuenta con tecnología pionera para realizar radioterapia adaptativa, hacen que el hospital pueda poner a disposición de sus pacientes todos los recursos necesarios para un proyecto de excelencia en detección precoz y tratamiento del cáncer de pulmón.

En el mismo sentido, la Fundación Jiménez Díaz dispone también del Programa de Detección Precoz del Cáncer de Pulmón (Deprecap), una iniciativa que puso en marcha de forma pionera en 2021 para el cribado poblacional de cáncer de pulmón mediante la realización de un TAC de baja dosis de radiación a la población de alto riesgo para detectar precozmente el cáncer de pulmón y mejorar así las posibilidades de supervivencia y la calidad de vida de los pacientes. Desde su implementación, más del 60 por ciento de los casos se han detectado en estadios iniciales, aún tratables, y la supervivencia global a los cuatro años del diagnóstico es del 95 por ciento, y a los diez del 90 por ciento.

Alta complejidad

Por su parte, la Unidad de Broncoscopias y Neumología Intervencionista del hospital cuenta desde hace casi una década con la acreditación de Alta Complejidad, máximo nivel a escala nacional, concedida por la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR).

Su equipo fue, además, pionero en España en aplicar tratamientos de reducción de volumen pulmonar por broncoscopias mediante la colocación de válvulas y coils, y ha destacado igualmente por el manejo integral del cáncer de pulmón realizando broncoscopia diagnostica, estadificación mediante ecobroncoscopia, abordaje de las lesiones periféricas mediante navegación electromagnética broncoscópica o tratamiento paliativo con laserterapia o crioterapia, y colocación de prótesis traqueobronquiales, entre otras técnicas, que ahora se verán completadas con la broncoscopia robótica.

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Lecornu habló tras una reunión interministerial de crisis en el Ministerio del Interior. Explicó que Interior comunicará a lo largo de la tarde una «cartografía bastante precisa» de las zonas afectadas, una vez que los prefectos hablen con los alcaldes. «Es un toque de queda por territorios, parcial, me parece que, en este momento, es un instrumento más adaptado que decretar el estado de emergencia«, declaró.

El primer ministro no cierra la puerta a esa medida más drástica, que le reclamó el líder de Los Republicanos, Bruno Retailleau: «si se considera necesario, podríamos hacerlo». Sí descartó, en cambio, imponer un toque de queda en todo París. El ministro del Interior, Laurent Nuñez, precisó que las restricciones no afectarán al partido de Liga de Campeones del martes entre el Paris Saint-Germain y el Barcelona.

Un balance que expone los fallos policiales

La magnitud de los daños explica la urgencia del Ejecutivo. Alrededor de 1.500 comercios fueron saqueados en al menos diez ciudades, según AFP, y la Cámara de Comercio e Industria eleva a unos 2.000 los negocios directamente afectados. En Marsella, 107 agentes resultaron heridos y grupos de encapuchados irrumpieron en el ayuntamiento. En Limoges, un incendio destruyó parcialmente la alcaldía, un edificio de más de 140 años. «Es un milagro que no haya habido víctimas mortales», admitió Lecornu.

El Gobierno promete «una respuesta penal masiva»: solo en el área de París, 200 investigadores revisan imágenes de videovigilancia para identificar a los saqueadores. Pero la gestión del orden público se ha convertido en el flanco más débil del Ejecutivo. Nuñez ofreció su dimisión el domingo, que Emmanuel Macron rechazó, y reconoció este lunes que la policía «perdió el control» en algunas ciudades por «falta de anticipación». El propio presidente admitió «fallos» y reclamó «nuevos modos operativos». Los alcaldes de París, Marsella y Limoges exigen explicaciones.

La sombra de las presidenciales de 2027

Lecornu dio a la crisis una lectura política de largo alcance. Culpó a la extrema izquierda de los desórdenes diurnos y a la delincuencia de los nocturnos, y aseguró que los servicios de inteligencia detectan un movimiento que busca «generar una profunda desestabilización» hasta las elecciones. «Hay toda una nebulosa que puede activarse para cuestionar el calendario y la celebración de las elecciones presidenciales», advirtió.

El episodio llega a seis meses de unos comicios en los que Macron no puede presentarse y el centro carece de candidato fuerte. Las encuestas apuntan a Marine Le Pen y Jean-Luc Mélenchon como posibles finalistas, y ambos ya han convertido los disturbios en munición electoral: ella acusa al partido de Mélenchon de «legitimar la violencia», mientras él pide a los manifestantes alejarse de los saqueos.

La tregua no está garantizada. Los ‘chalecos amarillos’ han convocado un «Acto II» para el sábado 24 de octubre y una coalición de sindicatos prepara nuevas movilizaciones el 5 de noviembre. El Gobierno confía en que las vacaciones escolares enfríen la calle, aunque el malestar de fondo, ligado al coste de la vida y al deterioro de los servicios públicos, sigue intacto.

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Trump justifica la exención ante el Congreso con una certificación de «interés nacional», pero la orden no explica en qué consiste ese interés. La norma, aprobada por el Senado por 86 votos a 11, obligaba a imponer aranceles de hasta el 100% a los mayores compradores de energía rusa, como China e India, y de hasta el 500% a los productos rusos. También castigaba a los bancos extranjeros que operasen con entidades estatales rusas. La orden exime todas las secciones operativas relativas a Rusia y no elimina las sanciones previas, aunque sí suspende la disposición que obligaba a mantenerlas. Eso deja a Trump margen para actuar por su cuenta.

El diésel, la paz y las urnas

El contexto ayuda a entender el giro. Hace una semana, tras una llamada con Putin, Trump anunció un acuerdo para que Rusia suministre diésel a Estados Unidos y al mercado global, respaldado por una licencia del Tesoro vigente hasta abril de 2027. El diésel acumula una subida cercana al 70% desde que estalló la guerra con Irán en febrero, y el presidente afronta una caída de aprobación por los precios de los combustibles a menos de tres semanas de las elecciones de mitad de mandato del 3 de noviembre.

En Truth Social, Trump resumió su posición: «No quiero hacer nada que, de forma insensata, aleje a Rusia de la mesa de negociaciones». Atacó además a Volodímir Zelenski por bombardear refinerías rusas, algo que, según el presidente, castiga a agricultores y empresas estadounidenses. El secretario de Estado, Marco Rubio, aseguró que la Casa Blanca usará los 60 días para medir el impacto económico de las sanciones y defendió el acuerdo: «Ese diésel se va a vender de una forma u otra».

Rebelión en el Partido Republicano

La reacción en el Capitolio ha sido de una dureza poco habitual con un presidente de su propio partido. Thom Tillis calificó la decisión de «más que irresponsable» y preguntó qué parte de una ley aprobada por 86 votos a 11 no entiende la Casa Blanca. Ted Cruz, aliado de Trump, admitió que «fue un error» que solo beneficia a Putin. Michael McCaul advirtió de que Moscú responderá «con desprecio hacia Estados Unidos y una mayor violencia contra ucranianos inocentes», y John Cornyn pidió al Congreso investigar la actuación presidencial. El presidente de la Cámara, Mike Johnson, ha trasladado a la Casa Blanca el malestar de sus filas. Entre los demócratas, Chuck Schumer habló del «mejor regalo de cumpleaños» para Putin.

El Congreso está en receso hasta después de las elecciones, así que no podrá impugnar la orden a corto plazo. Zelenski, que confirmó que Washington ha reanudado el intercambio de inteligencia crítica tras una breve pausa, denunció un «apagón de sanciones» y advirtió de que Ucrania no resistiría si Estados Unidos se pone del lado de Moscú. Mientras tanto, Putin ya ha propuesto una cumbre con Trump y Xi Jinping el próximo mes para cerrar la guerra en sus términos. A mediados de diciembre vence el plazo de los 60 días, y entonces se verá si Trump negocia la paz o solo gana tiempo.

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Macron situó el origen de la violencia en «extremistas de un grupo de ultraizquierda» y en «numerosos delincuentes», que según su relato saquearon tiendas y destruyeron instalaciones públicas durante la jornada del sábado 17 de octubre. El presidente se preguntó por qué se incendió el ayuntamiento de Limoges y subrayó que «nada lo explica, nada lo justifica». Admitió, además, que el país siente «rabia y vergüenza».

Una respuesta con mano dura y exigencia de responsabilidades

El jefe del Estado prometió consecuencias claras: «los que han destruido tendrán que pagar» y «los que han saqueado tendrán que devolver el dinero». Reconoció que los agentes del orden, pese a su profesionalidad, sufrieron una violencia sin precedentes, y pidió al Gobierno que extraiga todas las lecciones sobre la recopilación de inteligencia, con total transparencia. Las investigaciones, aseguró, se llevarán a cabo con la máxima firmeza.

El Elíseo también prepara medidas preventivas. Los prefectos decidirán junto con los alcaldes cómo proteger ciudades, edificios públicos y comercios, lo que incluye prohibir determinadas reuniones cuando sea necesario. Macron lanzó además un llamamiento a partidos, organizaciones profesionales y sindicatos para que condenen «sin ambigüedad todo tipo de violencia». «El país necesita orden, apaciguamiento y no una escalada», resumió, y anunció que el primer ministro reunirá a estas formaciones en los próximos días para obtener posiciones públicas y claras.

El balance material del sábado es elevado. La policía ha detenido ya a 2.000 personas, y la Federación del Comercio y de la Distribución calcula daños por «cientos de millones de euros», con unas 1.500 tiendas vandalizadas.

Un fin de mandato agónico

La crisis llega en el peor momento político para Macron. Le quedan seis meses hasta las presidenciales, con una impopularidad notable tanto la suya como la de su Gobierno, que corre el riesgo de caer por una moción de censura durante el debate de los presupuestos de 2027. A ello se suma una situación financiera delicada, con unos tipos de interés de la deuda que han subido con fuerza desde febrero.

El termómetro electoral confirma el desgaste. Los sondeos para 2027 sitúan como favorita destacada a Marine Le Pen, líder de la extrema derecha, mientras que el líder de la izquierda radical, Jean-Luc Mélenchon, aparece entre los mejor colocados, aunque muy por detrás. Un escenario que convierte cada episodio de desorden en munición política.

Mientras tanto, la agenda exterior no da tregua. A partir de este lunes, el presidente iniciará una gira por Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, Baréin y Catar para abordar el conflicto desatado en la región por los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán desde finales de febrero. Macron intentará así proyectar peso diplomático fuera de casa justo cuando más cuestionada está su autoridad dentro de ella.

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La coalición reúne al PSOE, Izquierda Unida, Movimiento Sumar, Más Madrid, Compromís, Chunta Aragonesista, Batzarre, Més y Ceuta Ya. Podemos queda fuera, igual que los Comunes. El pacto cubre entre 43 y 47 circunscripciones, según la fuente, con excepciones en Cataluña, Canarias, Extremadura, Álava y Sevilla. En 37 provincias el PSOE coloca al primero y al tercero de la lista y cede el segundo a sus socios. Lo negociaron Rebeca Torró y Enrique Santiago en apenas una semana y bajo un secretismo casi total.

Las matemáticas que explican el movimiento

El motivo es el sistema electoral del Senado. Cada provincia elige cuatro senadores, la lista más votada se lleva tres y la segunda solo uno. Ese diseño premia con dureza al primero: en 2023, el PP obtuvo el 34,7 % de los votos y el 57,7 % de los senadores, mientras el PSOE, con el 32,5 %, se quedó en el 35 %. Los populares lograron así la mayoría absoluta, de 134 escaños, y la han usado durante toda la legislatura para bloquear iniciativas del Gobierno.

Una papeleta conjunta busca que la izquierda deje de repartirse el voto y pueda ganar provincias clave. La plataforma Senadoras y Senadores por la Democracia calcula que la coalición podría llegar a 112 senadores y que el PP caería a 84. El investigador del CSIC José Fernández Cordón va más lejos: la izquierda podría pasar de 81 a 134 senadores de elección directa si se impone en 30 provincias decisivas. Es una hipótesis optimista, pero explica la prisa.

Vox y PP, obligados a improvisar

El plazo para registrar coaliciones expiró el 16 de octubre, de modo que PP y Vox no pueden replicar el movimiento. Alberto Núñez Feijóo habló de «coalición de desesperados», pero el golpe de mano descoloca a la derecha. Vox baraja no presentar lista propia donde tenga pocas opciones y pedir expresamente el voto al PP, o bien integrar a algunos candidatos en las listas populares. Murcia, Almería y Ceuta podrían mantener candidatura propia; Valencia, Sevilla, Cádiz o Zaragoza figuran entre las provincias donde la fórmula integrada cobra más sentido.

El Comité Ejecutivo Nacional de Vox decidirá el lunes 19 si negocia con el PP, con el plazo de candidaturas abierto del 21 al 26 de octubre. Abascal lanzó un mensaje de «tranquilidad, responsabilidad y compromiso» y prometió «altura de miras» para que España «no dependa ni de Sánchez ni de ninguno de sus secuaces». Mientras tanto, ambos partidos mantienen un pacto de no agresión tácito: según El Mundo, «el enemigo es Sánchez». La izquierda ha logrado unirse en una semana. A la derecha le queda por demostrar que puede hacerlo sin coalición formal y con las listas abiertas como único margen de juego.

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Todo arrancó el 15 y el 16 de octubre con ocupaciones de institutos en varias ciudades. El viernes 16, la jornada bautizada como «No Meloni Day» sacó a la calle a miles de jóvenes en Roma, Milán, Turín, Bolonia, Florencia, Génova, Nápoles o Cagliari. Los organizadores hablan de más de 400.000 participantes, y la protesta coincidió con la movilización global de Fridays for Future. Un día después, la jornada «Italia in Piazza» extendió el malestar al coste de la vida.

Escuela pública, salarios y menos armas

Los manifestantes reclaman más inversión en la escuela pública y en unos edificios escolares muy deteriorados. Exigen también salarios más altos, servicios públicos de calidad y una rebaja de los precios de la energía y los carburantes. Su lema, «Menos armas, más derechos», resume el rechazo al rearme, mientras en Roma coreaban «¡Queremos aulas, no bombas!» ante el Ministerio de Educación. A ello se suma el rechazo al decreto que limita al 30 % los alumnos extranjeros en determinadas clases y la solidaridad con el movimiento estudiantil francés, que ha inspirado en Italia al colectivo «Les Blocages».

Los datos económicos alimentan el enfado. La inflación subió en septiembre hasta el 4,2 % interanual, impulsada por los carburantes, según Istat. Además, los salarios reales han caído un 6,6 % entre 1990 y 2026, según la Oficina Parlamentaria de Presupuesto. Esta semana, agricultores y transportistas bloquearon carreteras en Apulia, Calabria y Sicilia, y la patronal Conftrasporto amenaza con un bloqueo nacional.

Violencia en las calles y respuesta del Gobierno

La protesta no ha sido del todo pacífica. En Turín, la policía detuvo a tres menores y encapuchados causaron daños en varios institutos, con un profesor, un trabajador del centro y un carabinero heridos. Otro de los lugares afectados, en Bolonia hubo cañones de agua, gases lacrimógenos y siete detenciones. En Milán, los choques de la plaza del Duomo se saldaron con medio centenar de detenidos, mientras que en Verona ardieron cinco contenedores y una moto.

Meloni optó por una línea de firmeza: «Manifestarse es un derecho. Incendiar nuestras ciudades no lo es». La primera ministra expresó respeto por quienes protestaron con orden y exigió a la oposición que «condene sin ambigüedad» la violencia. Matteo Piantedosi defendió la actuación policial, y Giuseppe Valditara anunció que reclamará una indemnización por los daños.

Pero el pulso no termina aquí. Maurizio Landini, líder de la CGIL, convocó una huelga general para el 20 de noviembre, y el 30 de octubre habrá otra huelga de estudiantes y trabajadores. Christian Ferrari, también de la CGIL, advirtió de que «Italia está en una crisis económica y social dramática». La prensa italiana ya habla del «otoño del descontento», y la gran incógnita es si Meloni logrará contener el malestar antes de que se convierta en un problema electoral.

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