La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha sostenido en la tribuna que la votación de hoy no supone el punto final. “Soy consciente de que el camino no acaba aquí”, ha manifestado sobre la ley trans. Han sido las dificultades para llevar a cabo la reforma lo que ha llevado a la ministra de Igualdad a reconocer este jueves en el Congreso que la ley ha logrado salir adelante «contra todo pronóstico». «Hemos dado un paso de gigante tan grande como hemos podido, pero muy poca gente confió en que esto fuera posible», ha señalado

«Hemos dado un paso de gigante tan grande como hemos podido».

La Ley considera, en su exposición de motivos, que es «necesaria la revisión y adaptación» de la Ley Orgánica 2/2010 para «garantizar la vigencia efectiva de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres» y mejorar «el tratamiento de aquellas situaciones patológicas que se proyectan en la salud durante la menstruación».

Modificación de la norma

En segundo lugar, el Pleno ha incorporado las dos enmiendas que aprobó el Senado a la Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI. El punto principal del texto es la eliminación de la hormonación obligatoria y las evaluaciones psicológicas y médicas como requisitos para aquellas personas que soliciten el cambio de sexo en el Registro Civil, que ahora podrá autorizarse solo con la voluntad libremente expresada del solicitante si tiene más de 16 años.

La Ley tiene como objetivo «desarrollar y garantizar los derechos de las personas lesbianas, gais, bisexuales, trans e intersexuales» y erradicar «las situaciones de discriminación» para «asegurar que en España se pueda vivir la orientación sexual, la identidad sexual, la expresión de género, las características sexuales y la diversidad familiar con plena libertad». Además, regula «el procedimiento y requisitos para la rectificación registral relativa al sexo» y prevé «medidas específicas derivadas de dicha rectificación en los ámbitos público y privado».

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Respecto a la maternidad y el empleo

El informe, Los cuidados en el trabajo: Invertir en licencias y servicios de cuidados para una mayor igualdad en el mundo del trabajo , concluye que tres de cada diez mujeres en edad reproductiva, es decir, 649 millones de mujeres, tienen una protección inadecuada de la maternidad que no cumple con los requisitos clave del Convenio sobre la protección de la maternidad de la OIT, 2000 (núm. 183) .

El Convenio exige un permiso de maternidad de 14 semanas como mínimo, con al menos dos tercios de los ingresos anteriores, financiado por la seguridad social o por fondos públicos. Ochenta y dos de los 185 países encuestados para el informe no cumplen estas normas, aunque «el permiso de maternidad remunerado o la protección de la maternidad es un derecho humano y laboral universal», dice el estudio.

Al ritmo actual de las reformas, se necesitarán al menos 46 años para alcanzar los derechos mínimos de licencia de maternidad en los países analizados, lo que significa que no se cumplirá la meta correspondiente de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU para 2030 .

Respecto a la paternidad y el empleo

Más de 1.200 millones de hombres en edad reproductiva viven en países que no tienen derecho al permiso de paternidad, aunque éste ayudaría a equilibrar las responsabilidades laborales y familiares de madres y padres, según el informe. Cuando existe un permiso de paternidad, éste sigue siendo corto -una media mundial de nueve días-, lo que crea una gran «brecha de género en los permisos».

La utilización de los derechos de permiso de paternidad también es escasa; una consecuencia, según el informe, de la baja remuneración por paternidad, las normas de género y el diseño de las políticas.

Colectivos excluidos

El informe Los cuidados en el trabajo ofrece una visión global de las leyes, políticas y prácticas nacionales en materia de cuidados, incluyendo la maternidad, la paternidad, los cuidados parentales, los cuidados infantiles y los cuidados de larga duración.

Destaca cómo algunos trabajadores quedan fuera del ámbito de estas protecciones legales. Entre ellos se encuentran los autónomos, los trabajadores de la economía informal, los inmigrantes y los padres adoptivos y LGBTQI+. También se analizan los argumentos a favor de una mayor inversión en cuidados y su posible impacto.

Sólo en 40 de los países encuestados las mujeres embarazadas o lactantes tienen derecho a ser protegidas contra el trabajo peligroso o insalubre, de acuerdo con las normas de la OIT. Sólo 53 países ofrecen el derecho a tiempo libre remunerado para exámenes médicos prenatales. En muchos países también faltaba tiempo libre, seguridad en los ingresos e instalaciones adecuadas para la lactancia.

La necesidad de servicios de cuidados de larga duración para personas mayores y discapacitadas ha aumentado considerablemente debido al aumento de la esperanza de vida y al impacto de la pandemia de la COVID-19 . Sin embargo, el estudio concluye que el acceso a servicios como la atención residencial, los servicios comunitarios de día y la atención a domicilio sigue siendo inaccesible para la gran mayoría de quienes los necesitan en todo el mundo, aunque «los servicios de atención de larga duración son esenciales para garantizar el derecho a un envejecimiento saludable y digno».

La inversión capaz de generar 300 millones de puestos

El informe considera que hay «un fuerte argumento de inversión» para crear un paquete transformador de políticas de cuidados, basado en el acceso universal, que crearía una vía innovadora para construir un mundo laboral mejor y más igualitario desde el punto de vista del género.

Según el informe, la inversión en la igualdad de género en los permisos, la atención infantil universal y los servicios de cuidados de larga duración podría generar hasta 299 millones de puestos de trabajo de aquí a 2035. Cerrar estas brechas políticas requeriría una inversión anual de 5,4 billones de dólares (equivalente al 4,2% del PIB total anual) para 2035, parte de la cual podría compensarse con un aumento de los ingresos fiscales por los ingresos y el empleo adicionales.

«Tenemos que replantear la forma en la que proporcionamos las medidas y los servicios de cuidados para que formen una continuidad de cuidados que proporcione a los niños un buen comienzo, ayude a las mujeres a permanecer en el empleo y evite que las familias o los individuos caigan en la pobreza», dijo Manuela Tomei, Directora del Departamento de Condiciones de Trabajo e Igualdad de la OIT. «Colmar estas lagunas en materia de cuidados debería considerarse como una inversión que no sólo respalda la salud y los medios de vida, sino también los derechos fundamentales, la igualdad de género y una mayor representación».

*Nota de prensa remitida por la Organización Internacional del Trabajo el día 7 de marzo de 2022. Foro Diplomático es ajeno al contenido editorial.

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La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales, Intersexuales y más, FELGTBI+, ha pedido, como organización defensora de los Derechos Humanos, que la Unión Europea refuerce sus sanciones contra la guerra impulsada por el Gobierno Ruso de Vladimir Putin.

Desde la FELGTBI+ manifiestan la rotunda condena a la violencia extrema que está viviendo el pueblo ucraniano por la invasión del Gobierno Ruso de Vladimir Putin, que ha vulnerado toda legislación internacional con sus actos, unas acciones injustificables, pues a juicio de Uge Sangil, presidenta de FELGTBI+ “las guerras son errores del pasado que no pueden volver a repetirse, pues destruyen los Derechos Humanos más básicos. Es por ello que instamos a una solución pacífica, que pase por la salida de Rusia del territorio ucraniano y el respeto de su soberanía”.

Además, la Federación también ha manifestado su solidaridad con el pueblo ucraniano, así como con el pueblo ruso que se opone a las decisiones de su gobierno, que ha visto vulnerado su derecho a manifestarse y su libertad de expresión.

FELGTBI+ ha querido también recordar que las acciones del gobierno de Vladimir Putin incluyen formas no convencionales de guerra, la conocida como “guerra híbrida”. Estas acciones incluyen ataques cibernéticos, granjas de bots para promover la división y el odio en redes sociales y la financiación de organizaciones y partidos ultras, que trabajan contra los Derechos Humanos y promueven la división interna y el odio contra colectivos vulnerables, como forma de impulsar en la Unión Europea regímenes afines a Vladimir Putin. 

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