Nogueras ha insistido en que “no habrá más colaboración ni más negociación” porque, según la dirección de Junts, el PSOE no ha cumplido los compromisos alcanzados. Ha señalado la ley de amnistía, el reconocimiento del catalán en Europa y el traspaso de competencias de inmigración como ejemplos de esas divergencias. También ha reprochado al Ejecutivo que, una semana después de que Junts anunciara el fin de la colaboración, Sánchez no haya comparecido para explicar cómo gobernará sin una mayoría parlamentaria suficiente.

Enmiendas a la totalidad

La formación de Carles Puigdemont registró enmiendas a la totalidad a 25 leyes del Gobierno y ha anticipado que votará en contra de otras 21 que están a punto de finalizar su tramitación. Nogueras ha explicado que más de 50 iniciativas legislativas quedarán bloqueadas, salvo que el PSOE logre acuerdos alternativos con PP o Vox. Este escenario afectará a proyectos tan diversos como la ley de familias, la norma sobre información clasificada, reformas dirigidas a reforzar el sistema nacional de salud, cambios en la regulación de prácticas universitarias o una ley de prevención del consumo de alcohol entre menores.

Pese al choque, fuentes del Gobierno aseguran que mantienen la “mano tendida” a Junts y que continúan trabajando en los compromisos que dependen solo del Ejecutivo. Sobre los acuerdos pendientes, han señalado que algunos ya avanzan y que otros requieren de interlocutores adicionales.

Junts sí apoyará cuatro leyes específicas —Atención a la clientela, Movilidad Sostenible, Economía Social y Cine— junto con el real decreto de la ELA. Nogueras ha precisado que algunas de estas normas incorporan acuerdos escritos previos y que su grupo exigirá su cumplimiento íntegro.

El PP pide elecciones

El Partido Popular ha aprovechado el anuncio de ruptura para reactivar sus críticas a Sánchez. La portavoz popular en el Senado, Alicia García, ha defendido que el presidente debería convocar elecciones y ha calificado la legislatura como “fallida”.

El contexto se complica con dos factores adicionales. Por un lado, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha respaldado esta semana las decisiones adoptadas por la justicia española en las causas contra Oriol Junqueras, Jordi Turull y Jordi Sànchez, lo que supone un notable revés jurídico para los tres dirigentes independentistas. Por otro, el ascenso en las encuestas de Aliança Catalana, liderada por Sílvia Orriols, introduce presión sobre Junts en el tablero catalán, especialmente de cara a futuros comicios municipales.

La estrategia anunciada por Nogueras apunta a un ciclo de mayor confrontación política y condicionará la arquitectura parlamentaria de los próximos meses. Aunque el Gobierno insiste en mantener canales de diálogo, la decisión de Junts refleja un cambio estructural en su posición hacia Sánchez y redefine las opciones del Ejecutivo para completar la legislatura.

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Nogueras acusó a Sánchez de intentar distraer la atención con debates simbólicos —como el de la bandera palestina o la propuesta para unificar el horario europeo— mientras, según ella, Cataluña vive una situación de agotamiento institucional y social. Denunció la falta de avances en los compromisos asumidos con Junts, los problemas estructurales en servicios públicos y la presión fiscal sobre autónomos y familias. “La gente está harta”, insistió, en un tono que sonó más a ultimátum que a simple advertencia.

Presupuestos, en el horizonte

El mensaje llega en un momento crítico para la estabilidad parlamentaria del Gobierno. La vicepresidenta primera, María Jesús Montero, había reiterado días atrás que el Ejecutivo confía en cerrar pronto la senda de gasto que permita iniciar la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado. Sin embargo, desde Junts insisten en que “muchos compromisos siguen en un cajón” y que el tiempo de espera “se ha agotado”. Fuentes del partido recalcaron tras la sesión: “Si no se cumplen los acuerdos, dejaremos de garantizar la estabilidad del Gobierno”.

El rifirrafe entre Sánchez y Feijóo se desarrolló bajo el guion ya conocido. El líder del PP insistió en que la corrupción rodea al entorno del presidente socialista y exigió explicaciones sobre la presunta financiación irregular del PSOE. Sánchez, por su parte, respondió con datos económicos y acusó a Feijóo de “haber renunciado a hacer una oposición útil”. La tensión aumentó cuando el líder popular aprovechó un lapsus reciente de la vicepresidenta Yolanda Díaz para cuestionar la gestión económica del Ejecutivo, mientras reprochaba la pérdida de poder adquisitivo de las familias y la subida de impuestos a los autónomos.

«La hora del cambio».

La sesión también incluyó un momento de fricción entre el PP y EH Bildu. La portavoz de la formación abertzale, Mertxe Aizpurua, denunció la “impunidad” con la que actúan grupos fascistas y nazis en las calles españolas. Su intervención provocó la indignación de la bancada popular, y la portavoz Ester Muñoz calificó de “asco” que Aizpurua hiciera esas acusaciones en el Congreso. Sánchez respondió anunciando que el Boletín Oficial del Estado publicará antes de final de mes el catálogo de símbolos franquistas para su retirada definitiva.

Pese a la previsibilidad del duelo entre los dos grandes partidos, la jornada parlamentaria estuvo dominada por el desafío de Junts. Nogueras no improvisó su discurso: buscó visibilizar el hartazgo de su grupo ante los incumplimientos y marcar distancia con un Gobierno del que depende su supervivencia legislativa. Su advertencia de que ha llegado “la hora del cambio” refuerza la idea de que Junts empieza a preparar un nuevo escenario político, uno en el que su apoyo al Ejecutivo ya no puede darse por garantizado.

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Podemos, actor clave en la actual dinámica parlamentaria y ahora situado fuera del núcleo gubernamental, anticipó desde la semana anterior que votaría en contra al considerar la propuesta «racista» y entendiendo que responde a una lógica de competencia entre Junts y la creciente ultraderecha independentista de Aliança Catalana. El rechazo de Podemos no se limitó a sus cuatro diputados, ya que Jorge Pueyo (Chunta Aragonesista) y Alberto Ibáñez (Compromís, dentro de Sumar) también rompieron la disciplina de voto. Otros integrantes del espacio Sumar, como Àgueda Micó (Compromís), respaldaron la medida, reflejando divisiones internas entre los aliados de la investidura.

Discrepancias manifiestas

La sesión parlamentaria puso de manifiesto las profundas discrepancias en el seno de la izquierda y el nacionalismo. Mientras algunos partidos defendieron la iniciativa en clave competencial, otros rechazaron el fondo de la propuesta, señalando el riesgo de que Cataluña adopte planteamientos equivalentes a los defendidos por PP y Vox, aunque Junts siga siendo un socio imprescindible del Gobierno.

El debate se desarrolló en un clima de tensión, marcado por una dureza discursiva poco habitual incluso para un contexto de alta polarización. Voces como la de Míriam Nogueras (Junts) acusaron a Podemos de actuar como una “extrema izquierda anticatalana” y preguntaron si es también “racista” el PSOE, coautor de la propuesta. El socialista Javier Sánchez Serna, por su parte, centró su intervención en la defensa de una futura regularización de inmigrantes.

El revés sufrido hoy no solo inutiliza una de las grandes cesiones pactadas con Junts, sino que también profundiza las fisuras entre los socios de investidura. Gabriel Rufián (ERC) criticó tanto a Junts como a Podemos y lamentó que la ruptura haya eclipsado el propósito original de la propuesta. Formaciones nacionalistas como Bildu, PNV y BNG, si bien condenaron la decisión de Podemos, también mostraron su preocupación por el rumbo del bloque progresista en el Congreso.

Este episodio apunta a un horizonte de mayor incertidumbre parlamentaria, donde las diferencias de fondo pesan más que la lógica de supervivencia del Ejecutivo. La dificultad para consolidar pactos sólidos y la reiteración de fracasos legislativos replantean el horizonte político de la legislatura y alimentan la especulación sobre una posible apertura de ciclo electoral, aunque el Gobierno insista en alejar esa perspectiva de manera pública.

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El contexto de esta decisión incluye el aplazamiento, el jueves, por parte de la Mesa del Congreso, del debate sobre la tramitación de una cuestión de confianza contra Sánchez, una medida impulsada por Junts. La congelación de esta iniciativa ha sido interpretada por el partido como una maniobra del Gobierno para ganar tiempo. Según fuentes de Junts, la suspensión de las negociaciones responde también al «incumplimiento» de algunos puntos clave del pacto y a un discurso desde el PSC en Cataluña que consideran contrario al espíritu del acuerdo.

Diálogo

Desde el Ejecutivo, el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, destacó que el Gobierno sigue comprometido con el diálogo y señaló que muchos acuerdos con Junts ya están en marcha o en fase de negociación. Bolaños instó a continuar trabajando para resolver las diferencias y recordó los avances en materias económicas y sociales que dependen del respaldo parlamentario. Sin embargo, las tensiones actuales complican la posibilidad de alcanzar un acuerdo sobre los próximos presupuestos, una cuestión crucial para la estabilidad de la legislatura.

En el plano político, esta crisis tiene como trasfondo la controversia sobre la ley de amnistía y las demandas de transferencia de competencias a la Generalitat. Mientras el Gobierno asegura que solo quedan detalles por resolver, Junts insiste en que los avances fueron insuficientes. Fuentes cercanas al partido recalcan que no llevarán una lista de demandas concretas a la reunión en Suiza, sino que buscan esclarecer si el PSOE está dispuesto a retomar el espíritu del acuerdo original.

Expresident insistió en que esta postura busca preservar la credibilidad del acuerdo

Puigdemont, que sigue residiendo en Bruselas, ha subrayado que su situación personal no condicionará la agenda política de su formación. A pesar de admitir el riesgo de tensar las relaciones con el PSOE y las negociaciones sectoriales, el expresident insistió en que esta postura busca preservar la credibilidad del acuerdo. La posibilidad de un encuentro entre Sánchez y Puigdemont dependerá de que se reanuden las conversaciones y de que el Gobierno avance en los puntos pendientes.

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A pesar del rechazo, la norma no se descarta por completo. En cambio, regresa a la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, que tiene un mes para emitir un nuevo dictamen al respecto. En el debate previo a la votación, la portavoz de Junts, Míriam Nogueras, cargó duramente contra la Justicia española, acusándola de prevaricación y pulsiones franquistas. Estas críticas también se repitieron en intervenciones de otros partidos como ERC, Bildu, BNG, Podemos y Sumar.

Recurso judicial del PP

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, anunció que su partido recurrirá la ley ante los tribunales y buscará la protección de la Unión Europea. También acusó a los independentistas de pagar con esta norma para mantener a Pedro Sánchez en el Gobierno.

Las enmiendas clave de Junts, rechazadas por PSOE, PP y Vox, buscaban amnistiar todos los delitos de terrorismo y ampliar el alcance de la amnistía a la traición, delitos contra la paz, la independencia del Estado y defensa nacional. Además, proponían luchar contra el «lawfare» y ampliar la amnistía a acciones atribuidas a operaciones policiales artificiosas.

En medio de fuertes tensiones, con 179 votos en contra y 171 a favor, la ley de amnistía regresa a la Comisión de Justicia del Congreso. La presidenta del Congreso, Francina Armengol, leyó el resultado final de la votación.

El PP anunció su intención de recurrir la ley por todas las vías posibles, mientras que Junts mantuvo su postura firme al votar en contra del texto, llevando la norma de nuevo a la Comisión de Justicia para un nuevo dictamen.

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La enmienda más destacada afecta directamente al tratamiento de los delitos de terrorismo, especialmente en casos relacionados con Tsunami Democràtic y los CDR. La nueva redacción elimina la condición de sentencia firme para amnistiar a los investigados, exonerándolos a menos que hayan cometido «violaciones graves de derechos humanos» de manera «manifiesta y con intención directa». Este cambio excluye la necesidad de una sentencia firme, antes un requisito crucial para la amnistía.

La modificación ha generado controversia, ya que algunos sostienen que amplía el blindaje para figuras prominentes como Carles Puigdemont y otros involucrados en casos vinculados a Tsunami Democràtic y los CDR. La nueva redacción aún debe pasar por el Pleno del Congreso y luego al Senado para su aprobación final.

Más ajustes

El PSOE, Junts y ERC también han acordado ajustes en el artículo 4 de la ley, destacando la eliminación de medidas cautelares adoptadas por acciones comprendidas en la amnistía, lo que incluiría la revocación de órdenes de busca y captura e ingreso en prisión.

La posición del Gobierno, inicialmente estableciendo los delitos de terrorismo como una «línea roja» no amnistiable, ha cambiado argumentando una adaptación a estándares europeos y una mejora técnica en la seguridad jurídica. Este giro ha generado críticas y debate, especialmente respecto a la percepción de seguridad jurídica.

Mientras tanto, la Comisión Europea está siguiendo de cerca la evolución de la ley de amnistía, pero no emitirá una evaluación definitiva hasta que el proceso parlamentario en España concluya, según indicó el representante del Ejecutivo comunitario en un debate en la comisión de Peticiones del Parlamento Europeo. La modificación de la ley ha generado preocupación y ocho quejas ciudadanas han recibido examen en relación con este asunto.

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Santos Cerdán, el número tres del PSOE, ha destacado la trascendencia del acuerdo, calificándolo como un hito que establece una estabilidad de cuatro años para la legislatura. El expresidente catalán Carles Puigdemont ha expresado su satisfacción con el acuerdo, considerándolo un paso para devolver el conflicto político al ámbito de la política. Por su parte, el PSOE ha subrayado su compromiso con la negociación y los acuerdos para resolver el conflicto histórico entre Cataluña y España.

Si bien el acuerdo ha sido celebrado por ambas partes como un avance crucial, también ha generado críticas y tensiones. El relato del procés en el texto del acuerdo refleja una perspectiva cercana a las tesis independentistas, culpando principalmente al anterior gobierno del Partido Popular por no buscar soluciones negociadas. A pesar de ello, se evita hacer reproches directos a los jueces en el documento, una línea roja para los socialistas.

Mesa de diálogo y más autogobierno

El acuerdo entre PSOE y Junts contempla una mesa de diálogo con dos áreas de discusión principales: la superación de los déficits y limitaciones del autogobierno y el reconocimiento nacional de Cataluña. A pesar de la disposición a discutir diversos temas, persisten diferencias notables, especialmente en lo referente a la propuesta de un referéndum de autodeterminación planteada por Junts, que el PSOE rechaza a favor de un enfoque basado en el desarrollo del Estatuto de Cataluña de 2006.

El pacto sobre la ley de amnistía ha suscitado tensiones adicionales, especialmente en relación con la inclusión de ciertos nombres en la lista de beneficiarios. La cuestión del «lawfare» y su interpretación en el documento ha generado críticas por parte del sector judicial, que teme una intromisión del poder legislativo en el judicial.

A pesar de los desafíos y las críticas, las partes han manifestado su compromiso de avanzar en la firma final del acuerdo, prevista para los próximos días. Se espera que este pacto allane el camino para la investidura de Pedro Sánchez y genere un nuevo marco de diálogo y negociación para abordar el conflicto histórico entre Cataluña y España.

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Los socialistas, que previamente se habían distanciado de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, cuando se reunió con Puigdemont a principios de septiembre, ahora han legitimado públicamente al líder catalán fugitivo de la justicia. Esta reunión con Santos Cerdán sugiere una nueva dirección en las negociaciones, confirmando la inminencia del pacto entre ambas partes.

Las negociaciones avanzan

Las conversaciones entre los negociadores del PSOE y los representantes de Junts han estado en curso durante las últimas semanas, manteniéndose en secreto y evitando la atención pública. La fotografía del encuentro entre Cerdán y Puigdemont ha sido reveladora, proyectando la determinación de ambas partes para avanzar en las negociaciones, a pesar de las diferencias políticas y la tensión previa.

Además de Puigdemont y Cerdán, estuvieron presentes en la reunión el secretario general de Junts, Jordi Turull, la presidenta del grupo del PSOE en el Parlamento Europeo, Iratxe García-Pérez, y el jefe de la delegación socialista en el Parlamento Europeo, Javier Moreno. La reunión tuvo lugar apenas unas horas antes de un evento histórico en el Congreso español: la jura de la Constitución de la princesa Leonor.

Tanto el PSOE como Junts han emitido comunicados conjuntos afirmando que el encuentro transcurrió en un «buen ambiente» y que las negociaciones avanzan en la «buena dirección». Ambas partes acordaron continuar las conversaciones en los próximos días, sugiriendo un progreso significativo hacia un posible acuerdo.

Santos Cerdán, mano derecha de Sánchez

Santos Cerdán, considerado una figura cercana al presidente Pedro Sánchez y un negociador clave del PSOE, ha estado involucrado en las interacciones con varias formaciones políticas, incluyendo Bildu y el PNV, además de la reciente reunión con Carles Puigdemont. Su presencia en la reunión refuerza la imagen de que el proceso de negociación es una cuestión partidista, separada del Gobierno central.

El encuentro con Puigdemont subraya un cambio estratégico por parte del PSOE, que ahora se muestra dispuesto a comprometerse abiertamente con representantes políticos previamente considerados fuera de los límites del diálogo oficial. Este acercamiento plantea un escenario político dinámico en España y en la región de Cataluña, generando expectativas sobre posibles acuerdos y compromisos que podrían influir en el futuro político del país.

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Los portavoces de EH Bildu, Mertxe Aizpurúa y Gorka Elejabarrieta, acompañaron a Sánchez junto a la ministra de Hacienda en funciones y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, así como por el secretario de Organización y diputado por Navarra, Santos Cerdán. La reunión con Bildu ha representado un hito significativo, ya que es la primera vez que un presidente del Gobierno recibe a una delegación de esta coalición, cuya fuerza mayoritaria es Sortu, un partido asociado al pasado controvertido de ETA.

Posteriormente, Sánchez también se reunió con la portavoz de Junts, Miriam Nogueras, en un encuentro que se prevé crucial dada la postura de la formación, que exige amnistía y autodeterminación como condiciones imprescindibles para un posible acuerdo de investidura.

A pesar de no haberse sellado ningún acuerdo oficial hasta el momento, se espera que el PSOE cuente con el apoyo de los seis diputados de EH Bildu, cuyos representantes han dejado en claro su compromiso de evitar una repetición electoral que pueda otorgar el gobierno al PP y Vox. Sin embargo, el apoyo de los siete diputados de Junts parece más complejo, ya que las demandas de la formación catalana plantean desafíos considerables para el partido de Sánchez.

Acercamiento público de Sánchez a los independentistas

Estas reuniones marcan un cambio en la estrategia de Sánchez, quien ha decidido personalmente liderar las conversaciones con las formaciones minoritarias en esta fase inicial, con la consiguiente foto pública de las reuniones, delegando luego en una comisión negociadora para afinar los detalles en la próxima semana.

Aunque la fecha de la votación de investidura aún no ha sido confirmada y se espera que no se fije hasta que se logre un acuerdo con los grupos políticos, estas conversaciones representan un paso crucial hacia la formación de un gobierno de coalición renovado con vistas a liderar el futuro de España los próximos cuatro años.

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